El crimen organizado frena el crecimiento, la inversión y las oportunidades.
En América Latina y el Caribe se llevan años discutiendo temas relacionados con el desarrollo; sin embargo, actualmente hay un factor determinante: frenar el crimen organizado. Si no se enfrenta en serio, lo demás pierde sentido.
En la vulnerabilidad, el crimen encuentra su mejor terreno.
El Banco Mundial lo plantea de forma directa en su informe Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe. La inseguridad ya es una barrera para el desarrollo en la región. No es un problema adicional; condiciona todo lo demás.
Basta ver los números. En esta región se concentran más de un tercio de los homicidios (37%) del mundo, con apenas el 8% de la población global. Y, en paralelo, la extorsión se volvió parte del día a día de hogares y empresas.
Donde el crimen avanza, la inversión se paraliza. La extorsión, la falta de certeza jurídica y el costo de operar en ambientes inseguros elevan los riesgos. Muchas empresas simplemente dejan de invertir.
En Guatemala, aunque la tasa de homicidios se mantuvo a la baja por más de una década, el año pasado aumentó de forma sorpresiva. Luego de algunas intervenciones, en los últimos meses ha mostrado una mejora, con una tasa interanual de homicidios a febrero de 2026 de 16.5%. El reto es claro: la sostenibilidad.
Las cárceles siguen siendo un punto crítico. Con niveles de hacinamiento cercanos al 340%, sin al menos una cárcel de máxima seguridad y sin control efectivo de las comunicaciones; desde allí se provocan muchos delitos. Se estima que alrededor del 80% de las extorsiones se originan en estos centros, mientras la tasa de denuncia alcanzó 133.6%.
La Policía Nacional Civil ha dado pasos, pero mantiene brechas en investigación y despliegue. Y aunque recientemente se aprobó una nueva ley, aún no cubre todos los retos para contar con una policía moderna, acorde a la complejidad de esta amenaza.
El sistema de justicia tampoco logra ir al ritmo de estructuras criminales cada vez más sofisticadas. La falta de actualización, herramientas tecnológicas y formación especializada limitan su capacidad de respuesta. Las instituciones de la justicia penal deben trabajar de forma coordinada y eficiente.
El estudio del Banco Mundial señala que otro factor aún más delicado es el reclutamiento. El crimen no solo se impone; también seduce. En contextos donde faltan oportunidades, especialmente para los jóvenes, ofrece ingresos, pertenencia y una idea de progreso. Y eso compite. Por lo tanto, no solo se trata de más control, sino por generar opciones reales de educación de calidad, empleo y presencia del Estado donde no hay.
Guatemala ha mostrado que puede mejorar ciertos indicadores, pero también que esos avances son frágiles. Hoy el reto es distinto debido a que las estructuras criminales son más ágiles, más conectadas y se adaptan con rapidez.
Los esfuerzos aislados son insuficientes. Es necesario un plan con visión a largo plazo, recursos asignados y mecanismos de seguimiento. Se necesita dirección, coordinación y continuidad. Medir qué funciona, corregir lo que no y sostener lo que sí da resultados.
Sin información ni evaluación, la política pública se vuelve reactiva. Y cuando eso ocurre, el Estado a menudo va un paso atrás.
Lograr la seguridad no es solo contener el delito. Es fortalecer instituciones y, al mismo tiempo, abrir caminos para que más personas puedan elegir algo distinto. Invertir en nutrición, salud, educación e infraestructura es indispensable. Atraer más y mejores inversiones exige priorizar el presupuesto en proyectos concretos y no en asignaciones sin dirección estratégica, como ha ocurrido en los últimos años.
No es fácil, pero tampoco es opcional. Porque al final no se trata solo de seguridad, sino del rumbo del país, de un desarrollo sostenido con seguridad en el marco del Estado de derecho y de la capacidad de sostener la democracia.