El vergonzoso mal llamado Congreso de la República no es en realidad un poder del Estado, mucho menos el más importante de los tres, según la teoría política democrática. Lo comprobó una vez más el lunes, cuando se conoció el acta de su junta directiva para pagarles más a todos los diputados. Ya no será Q29,150, sino la escandalosa cifra de Q46,700, es decir Q560,400 al año por cada uno. Total: Q89.6 millones. La Corte de Constitucionalidad quedó nuevamente mal parada al dejar abierta la puerta para “legalizar” la maniobra, porque ordenó el análisis de una comisión investigadora ¡integrada por diputados!, cuyo dictamen fue favorable, para sorpresa de nadie, y eso permitió la autorización de la directiva, dizque sin la participación del presidente. ¡Por favor!

Cuando el Congreso hace algunas semanas tomó la primera decisión, algunos pocos diputados se dieron baño de agua de rosas al no votar a favor, criticar la medida y anunciar su decisión de no aceptarla. La amnesia fue inmediata. Se empantanaron en un estruendoso silencio, y ello implica una aceptación, pero además como una mentira cuyo fin era colocarse el sombrero de buenos de la película. Destacan entre ellos los diputados oficialistas de Semilla, pero también personajes como Álvaro Arzú Escobar, a quien la noticia le cayó como regalo de sus 40 años, por lo cual ya puede aspirar a una candidatura para el 2028. Pero se hundieron en el pantano de los hipócritas. Fueron juez y jurado, junto con todos los demás, quienes son igual de corruptos por decidir a favor de ellos mismos. Descaro puro.

Sigue la “partidorragia”

Una de las razones del atraso político de Guatemala es la multiplicación de “partidos políticos”, organizaciones clientelistas, electoreras, carentes de ideología, resultado de la escasez de requisitos reales para integrarlos. No es chiste malo: en el Tribunal Supremo Electoral existen ya seis solicitudes de nuevas agrupaciones: Fuerza por Guatemala, Patria, XGuate, Renovación Ciudadana, Servir y Nacional, cuyos secretarios generales (dueños, más bien) son José Mauricio Radford, Elmer Romeo Lucas, Manuel Haroldo Castillo, Edwin Oswaldo Casprowits, Erwing Antonio Tobar y Ramón Coronado Aguilar Reyes, respectivamente, ciudadanos decididos a ejercer el derecho de ser electos, pero nada más. Ya fueron autorizados Jahuar, Verde, y Nuevos Tiempos.

No es hemorragia, sino “partidorragia”, derramamiento de pseudopartidos. Al analizar estos grupos, organizados o solicitados, aparecen viejas caras no precisamente destacadas por su servicio al país, y entonces a esa partidorragia se le puede agregar partidocacorragia, al tener como meta principal el enriquecimiento indebido de muchos. Esto explica la insistencia de multiplicarlos, aunque sus resultados electorales sean ridículos. De los 22 participantes en la última elección, nueve (41%) no llegaron ni al uno por ciento, y 16 (73%) no alcanzaron el 5% necesario para mantenerse. Solo sirvieron para complicar los recuentos y dar oportunidad a absurdas impugnaciones, amparos y demás acciones legales cuyo resultado es disminuir la confianza ciudadana.

Parecería muy temprano hablar de comicios y partidos porque el fin de este gobierno está a tres años de distancia, pero las actividades y revuelos de la campaña están solo a dos, con sus implicaciones. Las luchas para ganar el Congreso no se notan en la capital, pero sí en los departamentos, y la libertad de acción de Arévalo solo será de un año y medio, cuando las acciones del Ministerio Público puedan —suposición— llegar a la normalidad. Pero entonces la actividad oficial se centrará en lograr la victoria. Los dos puertos prometidos por el gobierno trumpista pueden estar a la mitad en 2027, pues tomará tiempo en ser preparados y aceptados, luego de la inversión local de 600 millones de dólares, en peligro de no ser aceptada en el Congreso por motivos politiqueros.