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Luis Pacheco, viceministro del MEM, detalla avances en consultas comunitarias y estrategias para efectuar procesos previos
El viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Luis Pacheco, da a conocer el estatus de las consultas comunitarias que están en desarrollo para proyectos mineros y de energía y la labor que prevén llevar a cabo respecto de nuevos proyectos.
Luis Pacheco asumió el cargo en agosto del 2022, cuatro meses después de la destitución el funcionario anterior, sin embargo, fue hasta el presente mes que atendió la solicitud y conversó con Prensa Libre. En el extracto de la entrevista explica los procesos de consulta comunitaria que se están efectuando y la labor respecto a nuevos proyectos.
También, habló sobre la conflictividad social, que persiste y que es muy difícil establecer un cronograma, pero afirma tener buena comunicación con cada comunidad, sin embargo, afirmó que ha sido un poco difícil retomar esa confianza por los daños que distintos gobiernos han causado a las poblaciones.
¿Cuántas consultas comunitarias tienen en proceso?
Se tienen los procesos con sentencia la de San Juan Cotzal (Quiché), San José Nacahuil (municipio de San Pedro Ayampuc en Guatemala), el del Parlamento Xinca (Santa Rosa) y uno en Izabal.
¿En qué fase se encuentran?
En temas de conflictividad no podemos hablar de tiempos porque esto depende bastante de las comunidades indígenas, las sentencias son también basadas en el Convenio 169 que claramente establece que se deben de respetar los usos y costumbres de cada pueblo.
Sin embargo, se está logrando avanzar con las reuniones y retomando poco a poco la confianza.
En el caso de la consulta de San Juan Cotzal ya nos presentaron una propuesta las autoridades indígenas, estamos tratando de avanzar con el cronograma de actividades.
Con sentencia tenemos la consulta solo para las torres y las líneas de transmisión, donde la encargada es la empresa Transnova. Palo Viejo es la generadora hidroeléctrica de Enel.
Hay que hacer énfasis que Guatemala no tiene el mecanismo para llevar a cabo una consulta sin sentencia.
Dentro de la actual gestión vamos a implementar lo que se refiere a las consultas previas, porque las que ya se están llevando a cabo son consultas por sentencias, por lo tanto, se deben analizar los riesgos que conlleva cuando ya la empresa está trabajando y no se ha realizado la consulta.
¿Cuál es la situación de la consulta en San José Nacahuil?
En San José Nacahuil, por el proyecto de explotación minera Progreso Derivada VII, hemos mantenido diálogos con las autoridades indígenas que corresponden. Este año llevamos dos reuniones.
Esperamos tener el cronograma de actividades para entrar a la preconsulta. El Estado lleva propuestas (de fechas), pero las autoridades indígenas van a brindarnos los tiempos y las formas en que ellos llevarán la información a las comunidades y la toma de decisión.
En el tema de conflictividad social es muy difícil tener tiempos y establecer el momento, pero con cada una hemos tenido buena comunicación, ha sido un poco difícil retomar esa confianza por los daños que distintos gobiernos han causado a las comunidades.
¿Cómo avanza el proceso para la consulta por el proyecto El Escobal?
Con el Parlamento Xinca estamos avanzando, es una de las consultas que ya lleva bastante tiempo. Ahora ellos están en el traslado de información a las comunidades, y hemos avanzado en un 75% en esta consulta.
Seguimos con los diálogos, a la espera de que nos brinden el resultado de esa etapa y a partir de ahí esperamos tener más clara la ruta.
¿En cuánto tiempo podría finalizar este proceso?
Un cronograma como tal no lo tenemos. En Guatemala todas las comunidades indígenas tienen su propia forma de trasladar información y de toma de decisiones, por lo que se vuelve complejo poder dar un tiempo estipulado. Nos gustaría que este año logremos culminarlo.
A veces se dan tiempos, pero no son reales porque hay comunidades, y no hablo específicamente de Santa Rosa sino de muchas comunidades, en donde la decisión no la toman en una sola asamblea, sino en dos o tres reuniones.
El tema de conflictividad es difícil, el convenio 169 (de la OIT), que es una de las bases fundamentales, establece claramente que el Estado debe de respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

¿Qué proyecto se está consultando en Izabal?
Es en El Estor, Izabal. Tenemos que llevar a cabo una consulta en (Agua Caliente) Lote 9 y mesas de diálogo (relacionadas al proyecto) Fénix. La sentencia únicamente nos indica el Lote 9, pero al estar en el área, otras comunidades dicen que son afectadas y que se les integre. Al Estado se le vuelve complejo porque cuando hay una sentencia, esta nos da ese parámetro para actuar.
¿Para las consultas previas se está definiendo alguna metodología?
Cuando tomé posesión nos dimos cuenta de que las consultas ahorita se han hecho solo por sentencia.
Un mecanismo como tal es difícil de proponer porque, cómo identificar a los líderes que van a estar dentro de esta consulta, o quiénes son dueños de las tierras. Hay muchas fincas que les han cedido terrenos a muchas familias, entonces hay un conflicto de intereses porque luego llega el dueño y dice que solo les ha prestado el terreno y por qué les tienen que consultar.
Hay muchos temas que surgen en campo, pero por lo menos se está tratando de implementar algo que es necesario para no llegar a los amparos.
Hay un espacio donde se le ha determinado errónea o equívocamente minería no metálica, (segmento) de donde nos llegan expedientes para hacer la revisión de cada documento, ya formamos un grupo donde hay una ingeniera ambiental, un abogado y un antropólogo, quienes salen a visita de campo para determinar las comunidades indígenas.
Luego le damos la información a la Dirección de Minería si fuera un tema de explotación minera, y le informamos que identificamos a comunidades indígenas y recomendamos hacer la consulta.
Entonces ellos nos deberán indicar que hagamos la consulta. Muchas veces se habla con quien propone el proyecto y se le indica que es necesario hacer la consulta para evitar un desgaste a futuro, tanto para el Estado como para el empresario, de esta manera estamos tratando de implementar las consultas previas. No hemos tenido la oportunidad de iniciar una, desconocemos las implicaciones que vamos a encontrar.
¿Esto es para minería no metálica?
Sí, minería no metálica, son temas de areneras, poma, materiales para construcción, entre otros.
¿Para las metálicas también se va a establecer un proceso de consulta previa o ya existe?
Un proceso como tal no lo tenemos, pero va a ser lo mismo. Debemos tener el procedimiento de la identificación de pueblos indígenas y a partir de ahí la consulta, esto es para todo. Es lo que se tendría que haber hecho desde mucho antes para evitarnos un desgaste a como está (en la actualidad).
¿El proceso se va a derivar del convenio 169?
Sí, es el que regula y establece los procesos de consulta.
La Constitución habla de los derechos y de los pueblos indígenas, pero no establece una consulta como tal, entonces el 169 es la norma jurídica que está contribuyendo a que logremos llevar a cabo las consultas.
¿Para ello van a crear un reglamento o un manual?
Un manual para llevar las pautas generales para consultas sí, pero una reglamentación no.
Reglamentar el convenio es imposible en Guatemala por la diversidad de culturas que hay. Tener las pautas para llevar a cabo las consultas es muy distinto porque se basa en las sentencias, la jurisprudencia, convenio internacional, en experiencias de otros países, pero son pautas generales. Las pautas muy particulares de cada comunidad, es otra situación, porque en la toma de decisión incluso influyen las fechas, hay pueblos indígenas que indican que verán el calendario maya, otras refieren que sería una fecha de un domingo.
¿Hay nuevas solicitudes para de proyectos para las que deban hacer consulta previa?
Como viceministerio de Desarrollo Sostenible hemos identificado cuatro. Esperamos poder tener esa experiencia con esas cuatro que todavía están en proceso, no es de que ya se inicie.
¿Cuántas son mineras o hidroeléctricas?
Las cuatro son mineras.
¿De algún material específico?
Para construcción.
¿Cuándo podrán implementar la consulta previa?
Esperaría que a mediados de este año ya tengamos la primera experiencia. Pero todo es un proceso porque también se necesita antes el trabajo de campo, la inspección.
El área de afectación también es compleja porque dependiendo del tipo de proyectos así va a ser el área.
Para las consultas previas ¿ya elaboraron el documento para ver los pasos y el procedimiento?
Internamente ya tenemos un manual de procedimientos básicos para la consulta y un manual para reconocimiento de pueblos indígenas, estos son básicos porque ya en el campo surgen diferentes situaciones.
El procedimiento para reconocimiento de pueblos indígenas lo implementamos ahora. El de las pautas para llevar a cabo las consultas ya se tenía un documento anterior y se comparó con ideas que dieron profesionales indígenas que conocen bastante del tema. Eso es lo que ayuda a tener una inclusión diversa en las instituciones porque se ven diferentes puntos de vista.
Cuando inició este gobierno se dio a conocer que trabajarían en una moratoria minera. ¿En este momento se está en moratoria minera?
No. Hubo una propuesta, que quedó en propuesta. Ahorita moratoria minera todavía no la tenemos.
El interés era tenerla para contar con los plazos necesarios para ir mitigando estos problemas.
Luego de haber presidido Los 48 Cantones ¿cuál fue el proceso para llegar a este cargo, pasó un procedimiento, se le invitó a participar como funcionario en este gobierno?
Recibí la convocatoria, así como todos. Salió una convocatoria por el presidente (de la República) a las autoridades indígenas. Fueron cinco pueblos los que me pidieron que los represente.
Bajo esos términos empecé y presenté la papelería a la Secretaría General y esperé los procesos. No hubo una invitación directa del gobierno, logré llenar los requisitos.
Puede ser que también el respaldo de estos pueblos, que en su momento, me apoyaron, logró hacer que yo también esté acá, pero, sí se tuvieron que llenar los requisitos que se establecen.
Este espacio (cargo) es de mucho diálogo, es de mucho entendimiento de los pueblos indígenas, mucha comprensión de cómo se toman las decisiones. Parte de ello fue esa capacidad que lograron determinar en mi persona en base a los procesos anteriores que habíamos tenido.
La relación de este vicedespacho es tanto con autoridades indígenas como con empresarios y con comunidad internacional. Entonces hay que saber comunicarse con cada uno y asimilar las propuestas, porque acá vienen empresarios en donde nos exigen que nos apuremos con las consultas, pero no podemos apurarnos; vienen las comunidades y nos dicen que “ustedes nos están imponiendo”, pero no imponemos sino tenemos resoluciones que nos mandatan a hacer cosas; y viene la comunidad internacional y nos pregunta qué está pasando con los procesos de consultas.
Entonces, tenemos que buscar el camino para que vean que estamos haciendo el trabajo y la función, pero que muchas cosas no dependen solo del ministerio.
¿En este momento cuál es su relación con los 48 cantones y con el sector empresarial?
Con ambos es una relación laboral. Como lo hizo 48 Cantones en su manifiesto su autonomía se mantiene, siempre se ha mantenido esa autonomía entre Estado y autoridades indígenas y esa se respeta. Yo soy de Totonicapán, pero ya no represento a las autoridades (de 48 Cantones). Esto no quiere decir que no tengamos comunicación, en cualquier momento podemos tener un diálogo.
Con los empresarios de la misma manera. La atención y el servicio como funcionario público es para todos, tanto como para empresarios como para comunidades indígenas. La comunicación es general y se mantiene para todos.