Afirmar que los políticos actúan —o deben actuar— en función de los ciudadanos parece una “verdad de Perogrullo”. Además, es una afirmación tan amplia que impone la cuestión de qué, exactamente, significa eso.

Pienso que significa muchas cosas, dependiendo de las circunstancias de cada momento de la vida nacional y del nivel de importancia de los dilemas que a cada paso se enfrentan en el curso de los asuntos tan numerosos y diversos que afectan al Estado.

Los ciudadanos, entendidos como un conjunto de individuos que necesitan proveer a sus necesidades personales de todo tipo, requieren de un marco, de unos cimientos, que son esos bienes que la Constitución Política de la República define como “fines del Estado”. Esto es, la libertad, la seguridad, la justicia y de acciones de los poderes públicos para la realización del bien común.

En ese orden de ideas, la competición entre los partidos políticos por la mayor porción posible de poder, de poder bajo la Ley, no puede rebasar los límites que imponen esos bienes jurídico-políticos que, además, son el presupuesto de la convivencia civilizada. Más concretamente, los políticos y sus organizaciones deben orientar todas sus acciones a forjar las condiciones que los generen.

Eso, por supuesto, no impide que cada político, sea un diputado al Congreso de la República o un alto dirigente de un partido político, propugne por las políticas públicas, las leyes o las acciones de los órganos del Estado que reflejen su respectiva ideología como tampoco que, con ocasión de ello, entren en debates y polémicas públicas. Eso de ningún modo conlleva que no se fiscalice la actuación de los funcionarios del Estado por los cauces políticos o jurídicos previstos en la Constitución y las leyes. Lo que no se vale es que, por ejemplo, para hundir la imagen de un competidor, se sacrifique la estabilidad política mínima que se requiere para que pueda hablarse de libertad, seguridad, justicia o de la realización del bien común.

Ningún partido político está obligado a favorecer un proyecto determinado o a dar su respaldo a una iniciativa de ley, a menos que el retener su apoyo no solo dañe a un partido oficial o a una coalición determinada, sino que actúe en contra de las condiciones que los ciudadanos necesitan para gozar de los ya citados bienes. Dicho más específicamente, no cabe que un partido político o sus integrantes bloqueen o retengan su apoyo a un asunto legislativo o de política pública, por la sola razón de que lo impulsan sus opositores si, de ese modo, sacrifican el bien común o las condiciones que son el marco natural para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan, con su capital y trabajo, salir adelante.

En el ámbito de los dilemas políticos y jurídicos rara vez hay alguna cosa que sea “blanco o negro”. Eso no significa que “todo da igual”. No, hay acciones que generan responsabilidades políticas y legales, que deben exigirse. Sin embargo, las “zonas grises” son mucho más amplias de lo que uno pudiera creer y es dentro de esas zonas grises que los principios deben operar. En una zona gris, un político o cualquiera de sus organizaciones (un partido, un comité) u órganos (una bancada, una comisión) debe mirar una especie de “brújula cívica” y preguntarse: ante esta situación, ¿cómo debo actuar de modo que se materialicen de mejor manera los bienes fundamentales de los ciudadanos? Y eso, aunque no logre una victoria en cualquier batalla política.