Durante horas de la mañana de este miércoles 27 de septiembre del 2023, el Ministerio Público emitió un comunicado donde dio a conocer que tras darle seguimiento a una denuncia presentada por irregularidades en la adquisición del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de antejuicio y solicitó el retiro de la inmunidad en contra de los Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral.

En el comunicado emitido por el Ministerio Público, se indica que los magistrados a los que la Fiscalía de Delitos Administrativos ha solicitado que se les retire la inmunidad son: a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana, al magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, a la magistrada Blanca Odilia Alfaro Guerra, al magistrado Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y al magistrado Mynor Custodio Franco Flores. Así como a los magistrados suplentes: Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes. En el documento se específica que la Fiscalía de Delitos Administrativos considera que el actuar de los funcionarios previamente mencionados podría relacionarse con los delitos de Abuso de Poder, Incumplimiento de deberes y Fraude.

En la figura delictiva de “Abuso de Poder”, el documento señala que “Los Magistrados del TSE posiblemente abusaron de su cargo al haber suscrito el contrato administrativo del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023, tanto desde el momento de su adjudicación, como al momento de la suscripción del contrato que permitió la consignación de varias ilegalidades en claro abuso de autoridad….”

En la figura delictiva de “Incumplimiento de deberes”, el comunicado expresa que “La calidad de magistrados del TSE posterior a la suscripción del contrato administrativo antes mencionado con la entidad DATASYS GUATEMALA S.A. no hubo una supervisión del software por parte del Tribunal Supremo Electoral, sino que la misma entidad DATASYS GUATEMALA S.A.; es decir, el proveedor, fue quien recomendó a la entidad PDERNET, para la misma, lo cual es ilegal porque existe un conflicto de intereses…”

En la figura delictiva de “Fraude”, el documento indica que “Tal y como lo regula el artículo 450 del Código Penal, se incurre en la referida figura legal, cuando el funcionario o empleado público, con ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, mediante algún artificio defraudare al Estado. Para ello, los denunciados, en calidad de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral algunos autorizaron la adjudicación y otros, la aprobación de la suscripción del contrato administrativo con la entidad DATASYS GUATEMALA S.A.”.