Luego de que un juez federal ordenara la suspensión, por tiempo indefinido, de las deportaciones desde Estados Unidos de los primeros 327 menores no acompañados —de un total de 600— que se encuentran resguardados en varios albergues en ese país, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que lleva a cabo varias acciones para determinar las condiciones en que se encuentran los menores guatemaltecos y brindarles el apoyo requerido.

Según información del Minex, desde que se conoció esta medida cautelar —que aún puede ser apelada por las autoridades gubernamentales de Estados Unidos— comenzaron las gestiones con abogados y representantes legales de los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados (NNA) beneficiados con la orden judicial.

De esa cuenta, se indicó que durante el fin de semana se llevaron a cabo visitas consulares a los centros donde se encuentran los menores guatemaltecos, con el objetivo de verificar el respeto del debido proceso en cada caso, evitar vulneraciones a sus derechos y velar por su protección.

Se conoció que los menores —quienes estuvieron a punto de ser deportados a inicios de septiembre— vivían en albergues y lugares de acogida en distintos estados, por lo que el Minex giró instrucciones a los consulados guatemaltecos en Estados Unidos para que den el seguimiento correspondiente. En Texas, el Consulado en Houston da seguimiento al caso de los menores guatemaltecos que permanecen en varios albergues en ese estado.

Los 26 consulados de Guatemala en Estados Unidos recibieron instrucciones del Minex para dar seguimiento a los casos correspondientes en sus jurisdicciones.

El Minex también indicó que se mantiene comunicación con los familiares de los menores en Guatemala, a quienes se les brinda información sobre el proceso migratorio. Además, se recopila información para conocer el contexto en el cual migró el NNA a Estados Unidos, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades a las que pueda estar expuesto en Guatemala y brindar la asistencia correspondiente.

La información oficial indica que se da seguimiento oportuno a los casos, con el objetivo de determinar si los menores serán reunificados en Estados Unidos, si obtendrán resguardo a través de algún programa de protección internacional o, en último caso, si se emitirá una orden de salida voluntaria.

El pasado jueves, el juez federal del distrito de Columbia, Timothy J. Kelly, suspendió indefinidamente las deportaciones de los menores hacia territorio guatemalteco. Esto ocurrió luego de que organizaciones defensoras de la infancia y de migrantes presentaron una demanda para impedir la expulsión de los menores, bajo el argumento de que “muchos de ellos huían del abuso o de la violencia”, y que el gobierno estadounidense estaba eludiendo los procedimientos legales establecidos para brindarles protección.

El gobierno de Estados Unidos justificó la deportación de los menores como parte de un “programa de reunificación familiar”. Sin embargo, los defensores afirmaron que estos no deseaban volver al lugar de donde huyeron y que podrían ser víctimas de violencia al regresar.

El juez Kelly puso en duda la afirmación de las autoridades estadounidenses de que habían sido los padres quienes “habían solicitado su retorno”, por lo que decretó la suspensión indefinida de las deportaciones.

Según documentos de la Administración de Migración de Estados Unidos, citados por medios internacionales, se identificó a 457 menores para su posible deportación a Guatemala. Sin embargo, la lista se redujo a 327.

Se han violentado sus derechos

A criterio de Fernando Castro, analista en temas migratorios, la administración de Donald Trump ha vulnerado los derechos fundamentales de los menores, ya que, según las leyes estadounidenses, estos gozan de protecciones especiales, por lo que consideró acertada la decisión del juez federal.

“El grupo de abogados que promueve la defensa de los menores inmigrantes no acompañados, comprendidos entre los 10 y 16 años, ha argumentado que la administración Trump violentó el debido proceso, ya que los casos aún están pendientes de resolverse en los tribunales migratorios, y los menores cuentan con protecciones especiales, como las contempladas en la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas en donde se establece que los menores inmigrantes no acompañados al ingresar a Estados Unidos tienen el derecho de poder comparecer ante un juez migratorio, quien será el que emita la resolución de permanencia o deportación a sus países de origen”, afirma Castro.

El experto considera que el Minex debe tomar medidas pertinentes para garantizar que no se sigan vulnerando los derechos de los menores guatemaltecos, y verificar, en cada albergue o centro de atención, las condiciones en que se encuentran mientras se resuelve el proceso legal.

“El canciller guatemalteco debe ordenar visitas, por parte de funcionarios consulares, a los lugares donde permanecen recluidos los menores inmigrantes no acompañados, a fin de rendir un informe pormenorizado sobre sus condiciones, y así cumplir con la asistencia y protección consular a la que tienen derecho, al ser el sector más vulnerable de la migración”, indica Castro.

Además, señala que la Cancillería debe informar cuántos de estos menores están por cumplir la mayoría de edad y qué sucederá con ellos, así como rendir un informe público sobre las acciones realizadas con los padres en Guatemala, para saber si quieren que permanezcan en Estados Unidos o si efectivamente han solicitado su retorno al país, como aseguran las autoridades estadounidenses.