La decisión emitida el jueves 7 de noviembre del presente año, de bloquear el programa Parole in place (“Keep Families Together”) en Estados Unidos, fue emitida por parte del juez J. Campbell Barker, de la Corte del Distrito Este del estado de Texas, un tema que lamentablemente, por parte de las cancillerías de Guatemala, Honduras y El Salvador, no ha sido difundido, menos por las instituciones vinculadas al tema migratorio en sus respectivos países, careciendo del desarrollo de campañas informativas en prensa, radio y televisión, lo que muestra la falta de interés de informar a sus connacionales.

El bloqueo del Programa “Keep Families Together” que planteó la administración Biden Harris, en una medida política, para captar votos para los demócratas, previo a las elecciones presidenciales efectuadas el 5 de noviembre pasado, en Estados Unidos, la decisión negativa por parte del juez, perjudica a más de 500,000 cónyuges de estadounidenses y a más de 50,000 hijastros, para poder obtener la tan anhelada tarjeta Green Card sin salir de la Unión Americana.

La resolución negativa emitida por el juez Barker, es la respuesta a la demanda planteada por el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton y que fue respaldada por otros 15 gobernadores republicanos de los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.

El programa, “Keep Families Together” permitía a los inmigrantes  en situación irregular que residen en Estados Unidos,  cónyuges de estadounidenses, el poder gestionar la aplicación de un perdón a la deportación y Documento de Autorización de Empleo (EAD), para posteriormente, realizar la solicitud del otorgamiento de la tarjeta Green Card y, poder alcanzar obtener la ciudadanía estadounidense.

Se conoce qué representantes de diversas organizaciones pro inmigrantes estadounidenses, han planteado a la administración Biden el que se realice una  apelación correspondiente a la resolución emitida.

Aún y cuando, debo enfatizar que los miembros que conforman el tribunal de apelaciones, podrían emitir una resolución en forma muy tardía, como parte de una decisión política y llegar hasta la instancia de  la Corte Suprema de Estados Unidos y con ello poder efectuarse una decisión final por una mayoría conservadora, al haber tomado posesión Donald Trump, como presidente de Estados Unidos.

La decisión afecta a más de 500,000 personas cónyuges de estadounidenses, así como a más de 50,000 menores, hijastros que pudieron realizar la gestión de obtener la Green Card, sin salir de los Estados Unidos, frustrando su regularización migratoria, que por años han esperado y que se tumba esa esperanza en la administración Biden.

Un tema que debe ser difundido por parte de las cancillerías de Guatemala, Honduras, El Salvador y México entre otras, para informar a sus connacionales de tan lamentable decisión, enfatizando la necesidad de realizar una efectiva campaña informativa en medios escritos, radiales y televisivos, en sus propios países, por la comunicación permanente que realizan con los familiares residentes en Estados Unidos, se enfatiza.

En el caso de Guatemala, sugiero que la cancillería debe tener una reestructura administrativa profunda, en la que se tome en consideración, una dinámica de información actualizada, para que los connacionales puedan tener conocimiento de los cambios en materia legislativa que puedan afectarles, sobre todo, en una nueva administración de Donald Trump antiinmigrante, de no hacerlo, las consecuencias podrán notarse de forma inmediata, perjudicando a connacionales que sostienen la economía del país, con el envío de remesas, aportando al mes de octubre US$ 17,835.4 mil millones de dólares.

Recordemos que la posición antiinmigrante ha sido manifestada por parte del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, en la que se prevé la cancelación del programa “Keep Families Together” o “Mantener a las familias unidas”, como parte de las acciones a realizarse antiinmigrantes en la nueva administración en la temática migratoria, dentro de muchas otras a realizar.

Lo que representará un duro golpe para cientos de miles de personas inmigrantes residentes en Estados Unidos, que aportan al desarrollo de dicho país y el mantenimiento de las economías de su país de origen, como es el caso de México y Guatemala, que ocupan el primer y segundo lugar de recepción de remesas y  las que podrían sufrir una baja considerable, de llevarse a cabo deportaciones masivas y sean retornados.

En el caso de Guatemala, afectaría al sostenimiento de más de 6.5 millones de familiares de migrantes residentes en el país, según la encuesta realizada por parte de la Organización Internacional para las Migraciones OIM.

Es necesario que el gobierno de Bernardo Arévalo, tenga elaborado un plan de contingencia para una posible deportación de guatemaltecos, así como la imposición de que Guatemala sea un tercer país seguro, que no puede atender ante la falta de empleo, educación, presupuesto, salud, infraestructura, seguridad y que sería un grave problema.

A la población, tomar en cuenta que serán 4 años sumamente complicados para la comunidad inmigrante residente en Estados Unidos, por lo que las familias que reciben remesas, deben realizar un recorte en sus gastos como medida previsora, ante un posible cumplimiento de deportaciones masivas que pudieran efectuarse por parte de la nueva administración.

Así como a las personas que tengan la intención de iniciar un viaje para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos en forma irregular, deberán considerar, que en México, se verá un reforzamiento de contención a los migrantes, por presiones del nuevo gobierno estadounidense.