Terminó el siglo XIX en Guatemala con el asesinato de Reina Barrios y la toma del poder por el dictador Estrada Cabrera. Luego, a lo largo del siglo XX, se dieron aproximadamente 25 intentos de golpe de Estado en Guatemala. De ellos, cinco tuvieron éxito y cambiaron nuestra historia. El de 1944, liderado por la Revolución de Octubre, que dejó fuera al general Ubico y sacó a Ponce Vaides, definiendo el inicio de lo que hoy conocemos como “los 10 años de la primavera democrática”. Luego, el de 1954, liderado por la CIA y el ejército guatemalteco, por medio del cual se derrocó al presidente Jacobo Árbenz, se instauró una dictadura militar y comenzaron las décadas de represión y violencia en el país.

En 1963, un golpe militar derrocó a Miguel Ydígoras Fuentes e instauró una junta militar al inicio de nuestros 36 años de guerra. El de 1982, liderado por el general Efraín Ríos Montt, quien derrocó al presidente Romeo Lucas García y estableció un régimen militar barbárico, durante el cual se dieron numerosas masacres y violaciones de derechos humanos. Y, finalmente, el autogolpe de 1993, liderado por Jorge Serrano Elías, quien disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente, este fue rápidamente revertido por la presión internacional, por una buena Corte de Constitucionalidad y por la sociedad civil guatemalteca.

Esta sociedad ha aprendido a golpes en la casa, en la calle y en la política, y pareciera que el pacto de corruptos no quiere salir del “siempre se ha hecho así”. Recuerdo cómo, después del susto que se llevó el pacto ante los resultados de la primera vuelta electoral del 2023, llegaron los coletazos fuertes, el grito de fraude y los múltiples intentos por invalidar las elecciones robándose, incluso, los votos ejercidos por la ciudadanía, apoyándose en los operadores que, diligentemente, habían colocado en Congreso, Ministerio Público, Cortes y Ejecutivo. Ese ha sido un claro y continuo intento de golpe que ha llegado hasta su más perversa etapa con las resoluciones violatorias a la Constitución del juez Fredy Orellana, notificadas al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral, en las cuales declara la nulidad del Movimiento Semilla, exigiendo que el Registro de Ciudadanos le obedezca.

Cuando se dio la oficialización de los resultados de las elecciones 2023, el pacto procedió a implementar un plan B, que incluía dejarle al nuevo gobierno un presupuesto que no le ofreciera suficiente margen de acción, así como retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que enfrentaran a la justicia, además de desconocer al partido Semilla, que hoy ya no es partido. Este plan B también incluía hacer que aquel Congreso megacorrupto eligiera, antes del 15 de diciembre de 2023, a marchas forzadas, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no habían sido electos en su momento (2020) y que operarían a favor del pacto durante los siguientes meses, como sucedió. Finalmente, movieron las piezas dentro del Sistema de Justicia y todas sus Cortes, para tallarlo a su medida, de tal manera que se fuera liberando a personas señaladas penalmente en casos de corrupción y derechos humanos, y encarcelando a los enemigos políticos del pacto, lo cual sigue sucediendo . ¿Hay dudas del golpe blando, sostenido?

Con temas como el de la reciente fuga de reos, entre otros que generan incertidumbre, crisis, temor e inseguridad, se confirma que el objetivo principal del pacto es hacer que el actual gobierno fracase, porque el 2026 está a las puertas y van a perder a sus operadores. Sabemos de qué son capaces, pero también tenemos certeza de la fuerza ciudadana que se ha venido gestando y consolidando en la última década, liderada por los pueblos originarios y las juventudes. Lo único que se aprende a golpes es el dolor, el silencio y el miedo. La democracia, la dignidad y la vida no se aprenden a golpes.