Los regateos de cuatro bancadas del Congreso que sabotearon la sesión en que se aprobaría la Ley Integral contra el Lavado de Dinero —que sí o sí debe aprobarse para que Guatemala no entre en lista gris— deja entrever posibles reticencias a la vigencia de esa norma. Pero también denota subrepticios vasos comunicantes con la gestión saliente del Ministerio Público, encabezada por Consuelo Porras desde 2018. Pese al asedio contra la democracia, se opusieron en 2024 a la modificación de la Ley Orgánica que impide al presidente remover al titular del MP sin una sentencia firme de delitos. Pero ahora que quedaron fuera figuras más “afines”, que fue nombrado Gabriel García Luna como nuevo fiscal general y sin que siquiera haya tomado posesión, buscan presionar para que se pacte la aprobación de tal cambio.

El caso es que en 10 días finaliza el ochenio de Porras como fiscal general y es corto el tiempo para la transición, que debería empezar cuanto antes, porque la seguridad pública y la administración de justicia en el país enfrentan ingentes desafíos, que ambas partes deben priorizar antes que sus intereses sectarios, económicos o vendettas. Quizá el más grande sea el asedio de estructuras criminales, con nexos transnacionales, que buscan capturar y corromper estamentos del Estado para asegurarse impunidad. Esto incluye a politiqueros corruptos, algunos de ellos convictos en otros países y que acá quieren llevárselas de impolutos, cuando en realidad tal término no les corresponde.

Para el nuevo fiscal general García Luna no habrá tiempo de excusas. Llega a la institución a cargo del monopolio de consecución de justicia para el ciudadano, la cual, a pesar del incremento de recursos públicos, presenta numerosos reveses en casos de corrupción; también estancamiento de ciertas investigaciones que contrastan con la celeridad y enjundia de otros.

Múltiples sectores sociales y productivos del país han expresado la expectativa de una recuperación institucional, de procesos e indicadores de logro efectivo en la provisión de certeza de castigo contra el delito. El Cacif, la Cámara de Industria de Guatemala, la Cámara del Agro de Guatemala y la de Comercio han insistido en la necesidad de una gestión con apego irrestricto a la ley, transparencia y rendición de cuentas, subrayando que la certeza jurídica es indispensable para sostener la inversión, el empleo y el crecimiento. A ellos se suman la Cámara Guatemalteco-Americana y el Consejo Nacional Empresarial, que ven en la independencia del Ministerio Público una condición básica para recuperar la confianza económica y social.

El presidente Bernardo Arévalo indicó que un fiscal general se debe a la ciudadanía y no a ningún elector o sector político. En efecto, a partir del 17 de mayo, en el Ministerio Público deben primar la integridad, la capacidad técnica y el fin de la instrumentalización política de la justicia, que es uno de los señalamientos por los cuales la fiscal general saliente fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. El relevo es, de hecho, una oportunidad para reconectar al MP de Guatemala con el resto del mundo, para lograr más cooperación técnica y apoyo tecnológico.

La experiencia de García Luna en tribunales puede ser valiosa para potenciar la presentación de pruebas científicas fehacientes en los procesos e incluso recuperar algunos procesos contra corrupción que han sido desestimados de forma opaca. Esto de ninguna manera debe implicar una cacería de brujas ni una gestión parcializada, sino la dignificación de la misión institucional de la Fiscalía, orientada a sentar precedentes judiciales sólidos y ejemplares. Quizá sea eso a lo que le temen algunos.