El dirigente campesino Leocadio Juracán está siendo objeto de un montaje que ha hecho en su contra el Ministerio Público, acusándolo de la comisión de cuatro delitos, de los cuales el Juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios desestimó tres, pero lo ligó a proceso por el delito de usurpación agravada.

Leocadio Juracán es un dirigente de amplia y larga historia de lucha por los derechos campesinos. Es el principal dirigente del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, organización de amplio reconocimiento internacional por sus luchas y es signataria, junto con otras tres organizaciones, del Acuerdo Agrario firmado con el presidente Bernardo Arévalo el año pasado, entre cuyos compromisos están la atención a la conflictividad, el acceso a la tierra y el impulso de la economía campesina.

Juracán también fue diputado al Congreso de la República, tribuna desde la cual se destacó por su consecuencia con la base campesina a la cual representa.

El delito del cual se le acusa está relacionado con un desalojo de familias de la comunidad Río Tabernal, en Livingston, Izabal, realizado el pasado 5 de marzo, el cual fue solicitado por el propietario de la finca donde se encontraban las familias campesinas, el señor Byron Motta.

Juracán, sabiendo del inminente desalojo, interpuso un recurso de amparo solicitando que se realizara de acuerdo con las normas establecidas por la ley para estos casos, respetando los derechos humanos de las familias que allí se encontraban y observando los protocolos de ley.

Según publicaciones de prensa, el hijo del dueño de la finca aseguró que Leocadio se encontraba entre los ocupantes y a eso se debe que se girara la orden de captura contra él. Su abogada defensora, Wendy López, manifestó que en esa fecha, su patrocinado se encontraba atendiendo una reunión en la Ciudad Capital ante la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).

Este hecho represivo debe entenderse en un contexto nacional donde se promueve la criminalización de las luchas sociales. Pero, específicamente, esta acción contra Leocadio Juracán tiene dos propósitos fundamentales: inhibir las luchas agrarias por la tierra y crear contradicciones entre las organizaciones campesinas signatarias del Acuerdo Agrario ya referido y el Presidente de la República.

Los actores que subyacen en esta estrategia de criminalización de la lucha agraria son básicamente las élites empresariales ligadas al agro y el Ministerio Público que sirve a sus intereses. Tienen el propósito de atajar las luchas agrarias que libran los campesinos, desmovilizar a sus dirigentes e inhibir a sus bases.

Pero estas élites también pretenden que las organizaciones campesinas se enfrenten con el gobierno porque, en un marco de sustancial incumplimiento de dicho Acuerdo, las bases de las organizaciones campesinas son reprimidas por el Estado. O sea que, no solo el gobierno incumple el Acuerdo, sino que también las comunidades campesinas son reprimidas.

Sin embargo, Juracán, ante el agravio que sufre, ha tenido una conducta ejemplar. Su moral está en alto y los mensajes a sus bases, a los campesinos en general y al pueblo han sido muy sabios. Ha dicho, entre otras cosas: “A fortalecer nuestras organizaciones. A buscar la unidad ya que debe ser nuestro compromiso moral para la salvación de nuestro país”.