La construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, está suspendida de forma provisional por orden de la Sala de Apelaciones de ese departamento. De acuerdo con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, la institución aún no ha sido notificada oficialmente, pero el Gobierno acatará la resolución.

Durante una entrevista con Prensa Libre Radio, Sáenz comentó que lo alegado ante la sala tiene pocos argumentos legales.

Los magistrados otorgaron el amparo provisional, al considerar riesgos en el lugar donde se planea construir el centro carcelario.

“De llevarse a cabo la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, por estar próxima al área más grande del municipio, representaría un alto riesgo de inundación, lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia, con las sabidas pérdidas materiales o humanas que esto representará”, cita la resolución.

Sáenz defendió la viabilidad del proyecto y aseguró que se basa en estudios técnicos, incluido un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

“La construcción se fundamenta en un informe de riesgo que saca la Conred; sin embargo, la Conred advierte que se puede corregir con algún tipo de construcción”, afirmó.

Agregó que ya tenía prevista la acumulación de agua en el terreno y que el proyecto está diseñado para evitar que se inunde.

“Va esa contención dentro de la construcción; por lo tanto, no va a haber peligro de inundación”, explicó.

El funcionario añadió que las condiciones del terreno han sido evaluadas por especialistas.

“No estamos hablando de niveles de inundación, estamos hablando de niveles de acumulación de agua (…) los estudios nos dicen que no va a haber inundación o podemos manejar la acumulación de agua”, comentó.

Se consultó a la Conred sobre las recomendaciones para la construcción de la cárcel, pero no se obtuvo respuesta.

Contexto de seguridad y estrategia

Durante la entrevista, el ministro sostuvo que la suspensión del proyecto no afecta la estrategia de seguridad nacional.

Señaló que Izabal se ha convertido en una prioridad para el Ministerio de la Defensa debido a la presencia de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

Sáenz sugirió que detrás de la oposición a la cárcel existen intereses de estructuras del crimen organizado que operan en el área.

“Todos los intereses van a acusar recibo de lo que se está haciendo, y una de las manifestaciones es la manipulación que hacen con las poblaciones”, afirmó.

Importancia del proyecto

Sáenz reiteró que la construcción de la cárcel es clave para el sistema penitenciario, ya que permitirá aislar a cabecillas criminales que continúan operando desde prisión.

El funcionario agregó que el proyecto forma parte de una estrategia para reducir la incidencia delictiva y recuperar el control del sistema carcelario en el país.

Conred y las normas para la construcción

Las normas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) establecen que toda obra pública debe cumplir con criterios técnicos obligatorios orientados a prevenir riesgos. Como explicó Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la institución, esta debe establecer mecanismos y procedimientos que propicien la reducción de desastres, como en el caso de la cárcel en Izabal.

Agregó que la Norma para la Reducción de Desastres 1 (NRD-1) exige estudios previos que determinen la viabilidad del terreno. Esto incluye análisis geotécnicos e hidrológicos para evitar riesgos como inundaciones. Maldonado subrayó que estas herramientas son clave.

“Es el equivalente de un código de construcción que regula todos los aspectos para el diseño estructural de cualquier tipo de edificación”, detalló.

El exsecretario dijo que la NRD-3 regula la calidad de los materiales de construcción, lo que obliga a garantizar estándares técnicos en toda obra pública o privada. Según el exfuncionario, estas normas son comparables a las de países desarrollados.

En cuanto a la seguridad operativa, la NRD-2 establece condiciones mínimas como rutas de evacuación y medidas de respuesta ante emergencias. Maldonado enfatizó que estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio en cualquier proyecto.

“Todos los proyectos de inversión pública, sea un centro de salud, una escuela o un puente, por ley tienen que cumplir con estas normas”, explicó.

La responsabilidad de aplicar estas normas recae en la entidad que ejecuta la obra.

Cambios y responsabilidades en las municipalidades

Maldonado también se refirió a la actualización de la NRD-2, publicada en diciembre. Según explicó, la modificación introdujo un cambio en la verificación del cumplimiento por parte de la Conred y las municipalidades.

“Se le transfiere la responsabilidad de revisar el cumplimiento de la NRD-2 a las municipalidades del país”.

El exsecretario señaló que esta decisión es preocupante por la forma en que fue implementada.

“Lo grave aquí es que se les transfiere sin haberlas capacitado, sin haber creado un proceso o una transición adecuada”, afirmó, al indicar que las municipalidades asumieron esa función sin contar con herramientas técnicas suficientes.

Exsecretario de Conred critica falta de políticas

Maldonado dijo que es preocupante que en algunos casos la Conred quiera “lavarse las manos” en cuanto a su responsabilidad y la delegue a las comunas o ejecutores de los proyectos.

A criterio del experto, la institución está obligada a velar porque se cumplan los parámetros establecidos para reducir desastres naturales o en construcciones.

“Es obligación de cada institución cumplir con las normas de Conred y es obligación de las municipalidades velar porque se cumplan, pero también es obligación de la Secretaría Ejecutiva implementar esas políticas en las instituciones”, indicó.

“La ley de Conred le da la obligación de organizar, capacitar y supervisar a nivel nacional que esto se esté cumpliendo. Entonces, Conred tiene un rol de organización, de capacitación y de supervisión por ley”, argumentó.