La democracia mantiene apoyo ciudadano, pero la confianza en las instituciones sigue deteriorándose.
Recientemente se publicó el Latinobarómetro 2024. Aunque el estudio tiene rezago frente a la velocidad con que cambia América Latina, permite observar tendencias que vale la pena revisar respecto de la democracia; algunas, preocupantes.
La democracia también se desgasta cuando la ciudadanía deja de creer en las reglas.
En apenas dos años, la región volvió a transformarse. Hay varios ejemplos, como Venezuela, que profundizó su deterioro institucional y democrático; El Salvador consolidó un modelo de seguridad que sigue generando debate sobre libertades y derechos; y Argentina mostró que incluso cambios políticos profundos pueden producirse por la vía democrática.
El apoyo a la democracia en la región subió de 48% en 2023 al 52% en 2024. Aun así, la confianza en las instituciones continúa deteriorándose. Allí aparece parte importante del desgaste que vive América Latina.
La confianza en gobiernos, partidos políticos, congresos y sistemas de justicia continúa debilitándose. También crece la frustración ciudadana frente a Estados que muchas veces no logran responder a problemas básicos como inseguridad, servicios públicos y generar oportunidades.
Décadas atrás, el temor principal eran los golpes de Estado. Hoy el deterioro suele avanzar de forma más lenta y menos visible. Polarización, confrontación permanente, desinformación, degradación y crimen organizado terminan desgastando poco a poco la credibilidad institucional.
La corrupción sigue siendo especialmente destructiva porque rompe la idea de igualdad ante la ley. El informe recuerda que 24 presidentes latinoamericanos han sido acusados o condenados por corrupción desde 1979. No es un dato menor.
La inseguridad también erosiona la democracia. Cuando el Estado pierde control, la frustración ciudadana crece. Y con ella aparecen presiones por medidas más duras o autoritarias. América Latina sigue siendo una de las regiones más violentas del mundo y el crimen organizado transnacional gana cada vez más espacio.
Las redes sociales también contribuyen al deterioro del debate público. Aunque apenas 31% de los latinoamericanos dice confiar en ellas, su influencia política sigue creciendo. Muchas veces sustituyen a los medios tradicionales, aceleran confrontaciones y facilitan la desinformación.
Guatemala refleja varias de esas tensiones. Aunque 60% de los ciudadanos considera que la democracia sigue siendo el mejor sistema de gobierno, una tercera parte afirma que le da lo mismo vivir bajo un régimen democrático o uno no democrático. Allí hay una alerta.
En Guatemala, cuatro de cada 10 personas consideran que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, reflejo del desgaste y la desconfianza hacia estas organizaciones. Además, más de tres cuartas partes sienten que el Congreso no las representa.
Quizá el dato más delicado aparece alrededor de las elecciones. Apenas 17% considera que fueron limpias, mientras 78% las percibe como fraudulentas. Hace algunos años habría sido difícil imaginar cifras así en Guatemala, sobre todo, porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegó a ser una de las instituciones con mayor credibilidad pública.
Las elecciones de 2023 no fueron fraudulentas y produjeron alternancia democrática. Pero la tensión política posterior, los allanamientos, la judicialización y el enfrentamiento constante entre actores terminaron golpeando la confianza en el sistema electoral.
Y recuperar confianza institucional no es fácil. Mucho menos en ambientes polarizados donde casi todo termina interpretándose políticamente. Guatemala se acerca a un próximo ciclo electoral con un nuevo fiscal general, pero en medio de confrontación, desgaste institucional y baja credibilidad pública. Fortalecer al TSE, actuar con firmeza y recuperar confianza en las reglas democráticas será clave, porque seguir debilitando la credibilidad institucional tendría costos muy altos para el país.