El Pacto de Corruptos, como lo conocemos hoy, es una nueva versión de los que siempre han detentado el poder público para su servicio individual. Surgió en 2017, después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denunció la corrupción del presidente, vicepresidenta, altas autoridades y funcionarios de gobierno que les costó el cargo y su encarcelamiento.

Sin embargo, el detonante social fue la acusación por evasión de impuestos a tradicionales empresarios y su desenmascaramiento; situación por demás vergonzosa, pues jamás la clase dominante había sido objeto de señalamientos de semejante naturaleza. Ante los hechos, optaron por reconocer su pecado y pagar la deuda. Durante una insólita presentación pública pidieron perdón a la Nación, a sus familias y al pueblo. Su actitud fue inesperada; sin embargo, mediante un efímero cruce de miradas, visualizaron la gravedad de las consecuencias de aquel equivocado acto de humildad. Eso les llevó a recomponerse y, sin gesto de vergüenza, a entrar en contubernio con quienes fuera necesario para recuperar el poder tradicional, la impunidad e inmunidad necesarias para que la vulnerabilidad, ahora patente, no se volviera a repetir. Los primeros en ser abordados fueron diputados al Congreso que, como ellos, eran objeto de investigación; contacto del que surgió el mencionado Pacto.

Con el presidente y la vicepresidente en la cárcel, el Congreso nombró presidente interino para completar el período constitucional del cargo. El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales; proceso que estuvo viciado con el apoyo de un Organismo Judicial ya por entonces infiltrado, que llevó a la Presidencia a un bufón dispuesto a hacer lo que se le pidiera a cambio de la libertad de hacerse millonario a costa del erario. El favor más grande fue sabotear el trabajo de la Cicig y no renovar el convenio de cooperación con Naciones Unidas para su funcionamiento. Sin esa valiosa herramienta de investigación, el ente encargado, entonces al servicio del Pacto, actuó a sus anchas en un contexto nacional en el que la impunidad e inmunidad tienen carta de identidad para favorecer a la corrupción. Sin ir muy lejos en la historia, esos grupos de poder surgieron de su participación en el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, en 1954, por razones harto conocidas, cuando los intereses económicos de la United Fruit Company (Ufco) se vieron vulnerados con la Reforma Agraria implantada, que derivó en la intervención del gobierno de EE. UU.

La ramificación de la corrupción es tal, que positivos aportes constitucionales por hacer eficiente la administración llevaron a instituciones honorables y eficientes, como fueron la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios y profesiones afines, a ser coto de caza de corruptos, para acceder al nombramiento que por ley corresponde a la academia, y ser tergiversadas y puestas al servicio del Pacto y, de paso, beneficiarse personalmente en detrimento del interés común.

La elección de Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, al final de las últimas semanas, puso en evidencia el hartazgo de ese sector, elite de la población guatemalteca que, hasta no hace mucho, representó la reserva moral de la Nación y que, por lo hasta ahora descrito, cayó en decadencia para integrarse a la kakistocracia. El éxito de la planilla ganadora evidencia la esperanza de que Guatemala cambie al ritmo que los ciudadanos deseamos y que en 2023 expresamos con voz clara y fuerte al elegir al actual presidente de la República.
El Pacto de Corruptos está en la cuerda floja.