La disputa por el control del sistema de videovigilancia en Antigua Guatemala entre la municipalidad y un grupo de empresarios se intensificó este miércoles 26 de noviembre, luego de que la entidad Fundantigua retirara el centro de monitoreo municipal y asumiera directamente la operación de más de 500 cámaras instaladas en la ciudad colonial.

La organización asegura que el proyecto de seguridad ciudadana, financiado con aportes privados, “se politizó” por supuestas interferencias de la comuna.

El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, denunció un “boicot” y afirmó que existen acciones destinadas a presionar y perjudicar a los ciudadanos. Sin embargo, los empresarios vinculados al programa lo desmienten y argumentan que el convenio les permite tomar decisiones sobre su continuidad.

Asturias señaló que la municipalidad quedó sin acceso a la plataforma de vigilancia, lo que afecta la coordinación en tareas de prevención y respuesta. Indicó que ahora buscan adquirir su propio equipo para implementarlo en las 21 aldeas del municipio.

Por su parte, Fundantigua defendió su decisión al indicar que más de 60 empresas han invertido más de un millón de dólares en tecnología para fortalecer la seguridad del municipio. Entre los equipos donados figuran cámaras con reconocimiento facial, lectores de placas, botones de pánico y sistemas diseñados para enlazar emergencias con la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro.

La fundación sostiene que el proyecto nació como un esfuerzo ciudadano para suplir deficiencias en vigilancia, y que la municipalidad intentó intervenir sin claridad técnica ni respaldo jurídico.

“La seguridad es un objetivo compartido y el sector empresarial se compromete a que este funcione para beneficiar al vecino y al turista de Antigua Guatemala con el objetivo de que todos disfruten de la ciudad colonial y que el municipio sea un ejemplo a nivel nacional”, indica una presentación de Fundantigua.

Las autoridades municipales no descartan acciones legales, mientras que Fundantigua afirma que mantendrá la operación del sistema hasta garantizar su “independencia y transparencia”.

Los empresarios indican que ante la inseguridad, en el 2020 más de 60 representantes del sector local decidieron contribuir activamente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y crearon el Centro de Monitoreo Ciudadano. Este fue equipado con más de 500 cámaras de alta resolución y 36 botones de emergencia, operado por personal especializado que, según denuncian, fue destituido por Asturias y reemplazado por trabajadores sin experiencia y con vínculos políticos.

La alianza público-privada, que se originó en el año 2000, contó con el respaldo del Ministerio de Gobernación y la Municipalidad de Antigua Guatemala, en un trabajo conjunto considerado exitoso.

Entre el 2020 y el 2024, aseguran, el sistema logró resultados positivos, como:

• Reducción de robos y asaltos en áreas céntricas.
• Mejor coordinación entre vecinos, operadoras de seguridad y autoridades.
• Uso de evidencia audiovisual en procesos penales.
• Reacción inmediata ante emergencias; las fuerzas de seguridad llegan en un promedio de tres minutos.

El alcalde Juan Manuel Asturias reconoció la importancia del centro de monitoreo y afirmó que con fondos municipales se ha financiado el proyecto y pagado al personal que labora en este.

“Desde el inicio de mi administración, nos hemos enfocado en la institucionalidad y en colocar personal idóneo en cada uno de los puestos de la municipalidad. Recientemente realizamos una evaluación del personal que opera el Centro de Monitoreo y, con base en criterios técnicos, determinamos que era necesario reubicar a algunas personas que no cumplían con los requisitos mínimos para puestos tan definidos”, dijo Asturias.

Agregó: “Esta acción, que busca la máxima eficiencia y profesionalismo, se tomó porque la municipalidad cree firmemente en la necesidad de controles estrictos para el manejo de información sensible. Garantizar que esta se use única y exclusivamente para asuntos de seguridad y justicia es una responsabilidad legal irreductible de parte nuestra. Lamentablemente, el personal removido había sido designado por la fundación y su lealtad, pese a ser un cuidado municipal, parecía estar con intereses particulares por encima de la institución para la que trabaja”.

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