Son las 4.30 horas cuando Ana despierta cada día en su pequeña casa de la zona 18 capitalina. Mientras prepara el desayuno, su mente ya calcula cuánto tiempo le tomará llegar al mercado donde vende verduras, si encontrará a doña Carmen para que le cuide a sus dos hijos pequeños y si el dinero que gane hoy será suficiente para pagarle.

A sus 28 años, Ana representa la realidad de miles de madres guatemaltecas que enfrentan diariamente el dilema entre trabajar para sostener a su familia o quedarse en casa para cuidar a sus hijos.

Una historia que se repite en mercados, tiendas, empresas y comunidades de todo el país, donde las mujeres luchan por desarrollarse profesionalmente, mientras que, en muchos casos, cargan solas con la responsabilidad del cuidado infantil.

Una realidad que pone en evidencia las limitaciones del sistema actual de guarderías públicas en Guatemala y que afecta tanto el desarrollo de la primera infancia como la autonomía económica de las mujeres.

Un sistema fragmentado y limitado

En Guatemala, el acceso a servicios de cuidado infantil es limitado y fragmentado. Diferentes instituciones del Estado ofrecen algunos programas, pero la cobertura dista mucho de satisfacer la demanda real.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) opera 41 centros de atención integral activos que atienden a dos mil 407 niños de 8 meses a 6 años, mientras que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) cuenta con 502 centros que brindan atención a aproximadamente 11 mil 500 niños de 0 a 7 años.

Estas cifras, aunque significativas, representan apenas una fracción de la población infantil que requiere estos servicios.

Para madres como Ana, las opciones son limitadas y, a menudo, insuficientes. Si pertenece a una familia en condición de pobreza o pobreza extrema, puede optar por los centros de Sosep, que funcionan mediante estudios socioeconómicos rigurosos. Si no califica para estos programas, pero tampoco puede costearse una guardería privada, se encuentra en un limbo en el que debe recurrir a familiares, vecinos o, en el peor de los casos, dejar a sus hijos solos.

“Si hacemos una referencia en cantidad de niños y los centros que hay, no llegamos ni siquiera a 20% del cumplimiento de estos cuidados en la niñez”, explica María Teresa Castillo, asesora de la Comisión de la Mujer, del Congreso, presidido por la diputada Sonia Gutiérrez. “Entonces, vemos que esa es una necesidad grande, porque hay baja cobertura”, afirma.

La alternativa privada

En medio de la escasez de opciones gubernamentales, surgen esfuerzos como el de la Sociedad Protectora del Niño, con más de cien años de trayectoria, que busca ser una alternativa accesible para madres trabajadoras. Eduardo Asturias, director general de esta institución, explica que su modelo difiere significativamente de las guarderías privadas tradicionales.

“Estamos enfocados en apoyar a padres y madres, principalmente, a madres solteras. El 60% (lo integran) madres solteras; 20% (corresponde a) familias monoparentales, es decir, tienen solo madre, padre o cuidador”, detalla Asturias. La organización atiende a aproximadamente mil 300 niños de 3 meses a 6 años, en siete casas ubicadas en la capital y Mixco.

Lo que distingue a esta institución es su sistema de donaciones adaptables. “Se hace un estudio socioeconómico al ingresar, pero este va un poco más allá, en el cual se trata de comprender a las personas, porque puede ser que ganen arriba del salario mínimo, pero tengan deudas por enfermedades, situaciones muy críticas de endeudamiento, etcétera”, explica Asturias. “La idea es acoplarse a lo que la persona pueda pagar y, al final, literalmente se llega a un convenio”.

Las familias no pagan una cuota fija como en un colegio tradicional, sino que hacen una donación adaptada a sus posibilidades económicas. Esta institución, aunque 100% privada, busca ser un apoyo para aquellas madres trabajadoras que no tienen con quién dejar a sus hijos.

La institución ofrece servicios integrales que incluyen tres tiempos de comida, atención médica con enfermeras en cada casa, una pediatra general, seguros contra accidentes, laboratorios clínicos, control nutricional y apoyo psicológico.

El impacto psicológico de la ausencia de opciones

La falta de opciones seguras y asequibles para el cuidado infantil tiene consecuencias que van más allá de lo logístico.

La psicóloga clínica Lucía Monroy, especialista en trauma, explica los efectos emocionales que ello produce en las madres: “El hecho de estar constantemente pensando en que deben buscar un lugar donde dejar a sus hijos y no encontrar ese espacio seguro puede causar estrés”.

Los síntomas se manifiestan en múltiples niveles: emocionales, con ansiedad y estrés constante; familiares, pues provocan inestabilidad; cognitivos, ya que afectan la memoria y la capacidad de resolver problemas; sociales, porque originan aislamiento; y laborales, al limitar las oportunidades de crecimiento profesional.

Paradójicamente, Guatemala cuenta con un marco legal que establece la obligación de proporcionar servicios de guardería. El artículo 155 del Código de Trabajo estipula que las empresas privadas con más de 30 trabajadoras deben contar con guarderías, y las instituciones públicas tienen la misma responsabilidad con su personal femenino.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. “La mayor parte de instituciones del Estado no tiene guarderías infantiles”, confirma Castillo. Incluso en algunas que contaban con estos espacios, como el Organismo Judicial, los cerraron durante la pandemia y no los han reabierto.

“Lo que pasa es que la mayoría de empresas privadas no ve conveniente tener a madres con hijos pequeños”, reflexiona Hernández Escalante sobre las razones del incumplimiento en el sector privado.

Una nueva esperanza legislativa

Actualmente, el Congreso analiza una iniciativa de ley para crear el Sistema Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil de Madres Trabajadoras en Guatemala. Esta propuesta plantea un enfoque integral, donde se coordinará a múltiples instituciones del Estado bajo la rectoría de la SBS.

“El Sistema Nacional de Guarderías lo vemos como un modelo bajo la rectoría de la SBS, pero que se coordine con todas las instituciones que consideramos importantes, para que los niños y niñas reciban esos servicios”, explica Castillo.

La iniciativa prevé la participación de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, además de las municipalidades y otras entidades, cada una desde su ámbito de competencia.

No obstante, aunque el pleno del Congreso conoció esta iniciativa el 4 de marzo último, hasta esta fecha no existe un avance real.

La visión de expansión

A criterio de Asturias, la solución pasa por replicar modelos exitosos, como el de la Sociedad Protectora del Niño. “Este año queremos llegar a mil 600 niños y ver cómo nos expandimos y crecemos, para abrir más casas del niño no solo en la Ciudad de Guatemala”, sino también en la provincia, proyecta.

Sin embargo, reconoce las limitaciones económicas: “Para tener más casas, tenemos que construirlas, pagar todos los servicios básicos, pagar salarios. Tener una casa del niño es caro, porque no es igual que tener un colegio, donde una maestra puede atender a muchos niños”.

La institución mantiene su modelo con una niñera por cada cinco pequeños en sala cuna, además de personal especializado que incluye un lactario, enfermeras, pediatra, nutricionista y psicopedagoga.

El alto costo de la inacción

Mientras se debate en el Legislativo, miles de mujeres como Ana enfrentan diariamente la disyuntiva entre su desarrollo profesional y el cuidado de sus hijos. “Para mí sí es una deuda del Estado, porque la verdad es que, desde que estas guarderías nacen, en lugar de multiplicarse, se han ido minimizando”, considera Castillo.

La falta de servicios de cuidado infantil no solo perjudica a las madres trabajadoras; también impacta en el desarrollo de la primera infancia, limita la participación económica de las mujeres y perpetúa ciclos de pobreza.

Asturias coincide en la importancia crítica de esta etapa: “Estamos convencidos de que el primer paso para asegurar el desarrollo sostenible de una nación es atender, cuidar y proteger de manera integral a la primera infancia. En esos primeros seis años se desarrolla el 95% del cerebro de las personas, y todos los traumas y todo lo que se vive en esa edad los marca para toda la vida”.

Una mirada hacia el futuro

La solución requiere más que la creación de nuevos centros; demanda un cambio de paradigma que reconozca el cuidado infantil como un derecho y una responsabilidad compartida. Como señala Hernández Escalante: “Creo que, en realidad, más que brindar espacios de guarderías, nosotros deberíamos, a nivel nacional, tener otro enfoque de ayuda integral”.

Según Asturias, la clave está en la inversión temprana. “Hay un estudio en Estados Unidos que dice que, por cada US$1 que se invierte en la primera infancia, al país le retornan US$8 cuando ellos —los niños— ya son adultos”, refiere, y argumenta que una persona bien atendida en sus primeros años “se va a poder desarrollar, estudiar y es muy probable que trabaje en una buena empresa, gane bien o pueda generar su propia empresa y dar empleo”.

Sin muchas opciones viables ni soluciones próximas, madres como Ana deberán seguir levantándose muy temprano, calcular tiempo y dinero, esperar que algún día la pregunta de “¿quién cuida a mis hijos?” tenga una respuesta segura, asequible y digna.

Una respuesta que les permita desarrollarse profesionalmente sin sacrificar el bienestar de sus pequeños, y que reconozca que el cuidado de la niñez es una responsabilidad de toda la sociedad.