Al menos ocho correos electrónicos enviados por José Toledo Paz, abogado de la constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., figuran en los antecedentes examinados por la controvertida Sala Tercera de Apelaciones. En su más reciente resolución, ordenó la captura del excomisionado de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, quien trabajó con él en ese organismo, y de al menos 24 personas más.

Además, dos declaraciones del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi —beneficiado por resoluciones de jueces y magistrados señalados de favorecer a figuras políticas— fueron clave en la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones. Sinibaldi estuvo acusado en el caso Odebrechtde haber recibido 18 millones de dólares en sobornos a cambio de otorgar contratos a la constructora brasileña entre 2011 y 2013. La Sala dio peso a sus declaraciones, a pesar de que fue acusado por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado.

Los correos electrónicos enviados por Toledo Paz no pasaron desapercibidos para la Sala. En varios de ellos figuran, como destinatarios o mencionados en el contenido, nombres de personas a las que les giraron órdenes de captura o fueron declaradas en rebeldía. Se trata de mensajes fechados en 2017, cuando Sandoval gestionaba los acuerdos de colaboración eficaz con dos exdirectivos de Odebrecht. Bajo esa figura legal, establecida en la legislación guatemalteca, los ejecutivos revelaron los nombres de funcionarios y políticos a los que entregaron sobornos a cambio de contratos estatales.

El fallo fue emitido por una sala de apelaciones vinculada al diputado Felipe Alejos, sancionado por Estados Unidos por corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche —incluido en listas de actores corruptos por más de 40 países—, promovió las órdenes de captura contra Velásquez y Camargo en un caso que ha sido calificado como persecución política por exfiscales que en el exilio han denunciado a la fiscal general, María Consuelo Porras, como la responsable de haberlos forzado a abandonar el país.

El caso de Curruchiche llamado “Acuerdos Fraudulentos” se centra en la tesis de presuntas ilegalidades cometidas por las personas que suscribieron acuerdos de colaboración eficaz en el marco del caso Odebrecht, investigado por la FECI bajo la dirección de Sandoval y con el respaldo de la extinta CICIG. Dichos acuerdos fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano del poder judicial.

LOS CORREOS

Los correos de Toledo Paz —el abogado contratado por la constructora Odebrecht para gestionar asuntos relacionados con el proceso penal en Guatemala— forman parte de los antecedentes presentados por el fiscal Carlos Ernesto Villeda Sánchez ante la Sala Tercera de Apelaciones.

Se trata de mensajes en los que Toledo Paz en 2017 informaba a uno de sus socios en la firma de abogados, así como a clientes de Odebrecht, sobre los avances en la tramitación del acuerdo de colaboración eficaz entre la FECI y la extinta CICIG.

“Platica CICIG ODEBRECHT miércoles 29 de marzo de 2017”, en el que indica “…la reunión duro un par de horas o más y fue productiva, aunque percibimos de parte de los fiscales mucha dureza. Percibo que su estima ante el caso es fuerte y nos trasladaron que sus puntos están plenamente respaldados por la fiscal general y el Comisionado… (Sic)”, se lee en el primero de los correos de Toledo.

Otro correo menciona a Sandoval y los avances en la tramitación del acuerdo. “…Igualmente, realizamos con Juan Francisco las observaciones al proyecto remitido por ustedes en donde se explica (en notas de revisión) porque consideramos que muchas de las cláusulas que se incluyeron por parte de su cliente no son, a nuestro juicio, jurídicas o convenientes…”.

En otro de los correos se adjunta un documento con el nombre de “Borrador_Acuerdo_Colaborador_MP_Guatemala_v2.doc”, que, según la Sala, contiene un resumen de los argumentos que debían utilizarse para persuadir al fiscal de aceptar los términos del acuerdo propuesto. El mensaje incluía, el borrador del propio acuerdo de colaboración.

Toledo Paz, además de ejercer la defensa legal de Odebrecht, es hermano de Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien se declaró culpable en el caso de corrupción conocido como Negociantes de la Salud. Fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo, así como al pago de una multa de 33 mil 333 quetzales.

EL TESTIGO «A»

Según el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la fiscalía recibió información de un testigo, al que para proteger su identidad le denominaron «Testigo A», dentro de este caso.

«Ese Testigo A, proporcionó una serie de correos electrónicos y proporcionó información, declaró y dentro de todos los correos electrónicos se logra establecer la participación tanto de Iván Velásquez como de Adriana Camargo», explicó.

No obstante, hasta ahora se desconoce la identidad de quien entregó los correos con los que se vincula a 26 personas al caso Odebrecht.

LAS 26 ÓRDENES

La resolución, desordenada y confusa, de la Sala Tercera de Apelaciones también enumera un total de 26 órdenes de captura. Los nombres que aparecen en los correos electrónicos del abogado Toledo Paz, remitentes o destinatarios están resaltados en negrita.

1. 1. Iván Velásquez Gómez
   2. Luz Adriana Camargo Garzón
   3. Amy Mayra Lissette Girón Rodas
   4. Mayra Yojana Veliz Pérez
   5. Juan Pablo Carrasco de Groote
   6. Luis David Gaitán Arana
   7. Rudy Malono Herrera Lemus
   8. Eva Siomara Sosa Pérez
   9. Juan Francisco Sandoval Alfaro
   10. Thelma Esperanza Aldana Hernádnez
   11. Francisco Javier Gallardo Samayoa
   12. Marcos de Cerqueira Lima Machado
   13. Eduardo Oliveira Gedeón
   14. Ingrid Moizotis Letona García
   15. David Fernando Font Verdugo
   16. Jorge Luis Font Verdugo
   17. Álvaro Stein Barillas
   18. Alfonso Castillo Marroquín
   19. José Gudiel Toledo Paz
   20. Carlos Eduardo Márquez de la Rosa
   21. Guillermo Solís
   22. Mauricio Dantas Bezerra Lemus
   23. Carmen Lucia López Pérez
   24. Gleiber Jose de Faira
   25. Leonardo Cordeiro Neuvirth
   26. Luiz Antonio Mameri

SEÑALAN ILEGALIDADES

Tras el anuncio de Curruchiche, Velásquez se pronunció en su cuenta oficial de X, donde calificó a la fiscal general del MP y al jefe de la FECI como “corruptos”.

Mientras, la persona que maneja la cuenta de Porras en X, respondió el mensaje señalando al excomisionado como «más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar».

También se pronunció el exfiscal Sandoval, quien aseguró que la resolución de la Sala Tercera es ilegal. “En Guatemala reinventaron el Código Procesal Penal: ahora las salas de apelaciones emiten órdenes de captura. ¿La legalidad? Un detalle menor. La orden contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo es un monumento a la arbitrariedad judicial”, denunció en X.

El exjuez Carlos Ruano, mientras agregó que según el Código Procesal Guatemalteco, «una orden de aprehensión solo puede ser dictada por los juzgados o tribunales de primera instancia, los que llevan el control del proceso. Las salas están para conocer apelaciones, como su nombre lo indica. Si lo hacen es PREVARICATO».

Según el Código Procesal Guatemalteco, una orden de aprehensión solo puede ser dictada por los juzgados o tribunales de la primera instancia, los que llevan el control del proceso. Las salas están para conocer de apelaciones, como su nombre lo indica. Si lo hacen es PREVARICATO. pic.twitter.com/J5inIndWnA

— Carlos Giovanni Ruano Pineda (@carlos_ruano_) June 2, 2025