Los representantes de la empresa Consultest, S.A, acudieron a la citación con el diputado César Dávila, con el propósito de establecer finalmente la razón del pago de los Q27 millones por la supuesta supervisión de un proyecto que ya estaba en proceso de liquidación desde 2019.

Diputados del Congreso de la República citaron a representantes de la empresa Consultest, S.A., para que explicaran el reclamo de pago por Q28 millones relacionado con el tramo carretero de la CA-2, entre Escuintla y Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa.

Según la empresa, la solicitud de factura y la tramitación de la liquidación dependieron de la gestión de los diputados y de la Dirección General de Caminos, mientras que parte de los fondos debía cubrir salarios de trabajadores que participaron en la obra en 2019.

Consultest añadió que, ante la falta de avance en el pago, el caso fue trasladado al Ministerio Público.

Posteriormente, el diputado César Dávila, quien dirigió la citación, reveló que el proyecto si estaba judicializado en el juzgado octavo pluripersonal de primera instancia penal. Por lo que el pago no debía realizarse a la empresa, lo cual incluso fue una recomendación de la Contraloría General de Cuentas.

Finalmente, el diputado César Dávila, confirmó que se ha presentado una denuncia penal en contra de las autoridades del Viceministerio de Infraestructura y de las autoridades de la empresa, porque ambas partes no hicieron caso a las recomendaciones de la Contraloría e hicieron caso omiso a la judicialización de la obra.

Al respecto, el Viceministro de Comunicaciones fue consultado por la denuncia interpuesta en su contra, explicando que el legislador está en su derecho de hacerlo, sin embargo, mantiene en que el proceso de pago fue transparente y se actuó conforme a la Ley.

Allan Guevara explicó además que si el proceso está judicializado es porque dicha obra está dentro del caso Odebrecht, pero es un tema aparte en la relación a la deuda que se tenía, afirmó.

Dávila afirmó que dentro de 15 días citará a las autoridades del Ministerio Público, con el propósito de agilizar los proceso de investigación en este caso que ya fue denunciado, afirmó el legislador.

Por Bryan Choy