Durante ocho meses, el interrogatorio al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, figuró como punto en la agenda de las sesiones de los jueves en el pleno del Congreso de la República. A partir de este 16 de octubre dejó de serlo.

El diputado Bequer Chocooj, del bloque Cabal, renunció a continuar con el juicio político luego de alcanzar acuerdos y compromisos con el funcionario para mejorar la asistencia a pacientes renales, oncológicos y a la población de los municipios de Sololá, punto en el que solicitó que se adquieran “ambulanchas” para cubrir emergencias en la cuenca del Lago de Atitlán.

Por medio de una carta leída en la 40a. sesión ordinaria, Chocooj indicó que sostuvo “conversaciones respetuosas, abiertas y transparentes” con Barnoya para establecer una hoja de ruta y un plan de trabajo que permitan mejorar la atención en los servicios de salud de la red pública.

Luego de conocerse los puntos acordados, el diputado pidió permiso al presidente del Congreso para acercarse al interpelado y entregarle un ramo de lirios, para que no olvidara los compromisos alcanzados, con la Procuraduría de los Derechos Humanos como testigo, entidad que también acompañará y verificará el cumplimiento de los acuerdos a nivel nacional y en el departamento de Sololá.

“Señor ministro, cuando vea un lirio, cuando vea su color, recuerde a los enfermos renales crónicos, a los pacientes de cáncer; recuerde que hay que dar seguimiento al acceso al transporte acuático para Sololá y a que haya una infraestructura adecuada en el departamento”, dijo Chocooj.

Los acuerdos

Estos son los nueve puntos del acuerdo alcanzado entre Chocooj y Barnoya, que pusieron fin a la interpelación iniciada el 27 de febrero:

• Contar con una política y plan de salud renal para junio del 2026.
• Revisión de la actual situación de la Unidad Nacional de Atención a Enfermos Renales Crónicos (Unaerc).
• Establecer un cronograma y plan de trabajo para implementar el decreto 7-2024, Ley de Atención Integral al Cáncer. Se busca subsanar rezagos como la aprobación del reglamento, para enero del 2026.
• Implementar el decreto 5-2024, Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas, para diciembre del 2025.
• Atender las brechas de transporte acuático de pacientes de los municipios de la cuenca del lago de Atitlán, mediante “ambulanchas”. El plazo para la compra y entrega de este servicio es diciembre del 2026.
• Remozamiento básico de servicios del primer y segundo nivel de atención en salud de los municipios de Sololá.
• Instalación de una mesa técnica entre la Dirección de Redes Integradas en Salud y la Dirección del Hospital Departamental de Sololá, con participación de actores de la sociedad civil.
• Presentación del plan de equipamiento del Hospital Departamental de Sololá, en seguimiento a la ampliación de la infraestructura del nosocomio, actualmente en construcción.
• Digitalización y simplificación de trámites en el Ministerio de Salud, con énfasis en los procedimientos que realiza el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, para diciembre del 2025.

El diputado señaló que, aunque se lograron acuerdos, continuará con la fiscalización y no descartó presentar nuevas interpelaciones a funcionarios del Ministerio de Salud.

En pausa

Este jueves estaba previsto comenzar la interpelación de Abelardo Pinto, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero la sesión fue suspendida por falta de quorum en el pleno.

El juicio político contra Pinto fue solicitado por la diputada Lourdes Teresita de León Torres, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Es el cuarto funcionario del gobierno de Bernardo Arévalo que se sentará ante el pleno del Congreso para rendir cuentas.

Pinto deberá responder 20 preguntas básicas relacionadas con el registro social de hogares, el proceso y los filtros para llevarlo a cabo; los programas sociales y los beneficiarios en el 2024, así como los previstos para este año y su ejecución.

También se le cuestionará sobre el Índice de Desarrollo Humano y la forma en que este se mide.

De León Torres busca que Pinto aclare dudas sobre la beca social Artesano, una transferencia monetaria condicionada para desarrollar conocimientos y habilidades en personas adultas en situación de pobreza y pobreza extrema. Los cuestionamientos se relacionan con los beneficiarios, su ubicación y la inversión del Mides para apoyar a la población.

Otros puntos en la lista de preguntas tienen que ver con cobertura y desembolso de los bonos Salud y Educación, que consisten en asistencia financiera a familias de escasos recursos, a cambio del cumplimiento de corresponsabilidades como la asistencia a servicios de salud y la inscripción y permanencia en el ciclo escolar, respectivamente.

Están pendientes las interpelaciones de los ministros Miguel Ángel Díaz Bobadilla, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), solicitada por la diputada Marleni Lineth Natias Santiago; y la de la ministra Ana Patricia Orantes Thomas, de Ambiente y Recursos Naturales, promovida por el diputado Rolando Miguel Ovalle Barrios.

Ya interpelados

Francisco Jiménez, quien dejará el cargo de ministro de Gobernación, también fue interpelado a petición de la diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, por la inseguridad causada por las pandillas.

El juicio político contra Jiménez comenzó el 6 de agosto del 2024 y finalizó después de aproximadamente 15 sesiones, durante las cuales respondió 20 preguntas básicas y un número similar de preguntas adicionales.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, respondió 35 preguntas básicas entre el 14 de noviembre y el 23 de enero. Fue requerido para explicar su gestión administrativa y ministerial en política de comercio internacional y por el voto de Guatemala a favor de Palestina ante las Naciones Unidas.

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, fue el tercer funcionario del actual gobierno interpelado, a solicitud del diputado Chocooj.