Solo quienes tienen intereses personales en el lavado de dinero, derivados de las amplias actividades del narcotráfico, se oponen y ponen trabas en el Congreso para la creación de la ley contra esta ilegalidad. Las consecuencias para el país serán numerosas, y comprender esto motiva la exigencia ciudadana y de instituciones económicas del sector privado, pues las inversiones extranjeras y nacionales no ocurrirán. En el campo de la política, la proliferación de pseudopartidos de papel provoca sospechas derivadas de las dudas acerca de los fondos necesarios para fundarlos y mantenerlos. El desinterés de los ciudadanos por participar en elecciones se debe al hastío de los fracasos, abusos y mentiras de todos los gobiernos, sobre todo desde 1986, hace 40 años.

Guatemala ya se encuentra en situaciones graves, como celebrar con cientos de disparos de armas de asalto las victorias futbolísticas de un encuentro en aldeas y municipios, o disparos nocturnos navideños o mañaneros para festejar cumpleaños en determinados sectores de la capital y cabeceras departamentales. También asesinatos con ese tipo de armas perpetrados por sicarios, a veces menores de edad transportados en motos. Todo esto otorga razones para apoyar la ley sin dilación, sobre todo intencional y disfrazada con el criterio de analizarla muchísimas veces para asegurar su efectividad. Circulan 875 mil armas autorizadas legalmente y se calcula un número similar o mayor ingresadas al país en forma ilegal y por eso sin control alguno posible.

La presión estadounidense actual para esa aprobación se justifica por ser beneficiosa para ambos países, aunque a Estados Unidos le falta aún hacer ilegal el consumo de las drogas, en vista de la gravedad de su situación, con 30 millones de mariguaneros, el 10% de los blancos y el 13% de los negros son calificados de drogadictos (números redondos). La falta de este castigo facilita el comercio interno y el ingreso desde las fronteras, por tratarse del mayor mercado del mundo. El gobierno guatemalteco admitió negociar asistencia castrense con Estados Unidos —como antes lo había publicado The New York Times— y asegura no incluir operaciones de tropas, pero las armas de los narcotraficantes son más y muy superiores a las del ejército guatemalteco.

Estados Unidos califica de terrorista la amenaza de los narcotraficantes y tiene, según fuentes informadas pero anónimas, dos meses de ejercer la presión mencionada para obtener autorización de atacar militarmente, talvez utilizando drones o misiles, los lugares donde hay presencia de campamentos con estupefacientes fabricados en países cercanos. Este permiso sin duda es riesgoso porque es posible volver permanente esa presencia, en forma similar a la de las bases situadas en Europa y Asia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y ahora causan disputas a causa de las decisiones unilaterales y unipersonales de Donald Trump. Guatemala recibió aviones de combate Mustangs, AT33, helicópteros H5, Bell UH, jets Cessna A-37 y bombarderos B26.

Volviendo a los “pro-lavanderos” diputados actuales, su negativa puede provocar acciones similares a la de Venezuela, por razones distintas. Estados Unidos de hoy es distinto al de la época de la venta de aviones militares a un dólar por cada Mustang. Las decisiones políticas de Trump cambian constantemente y eso ha causado una división con los tradicionales aliados de los países del Occidente post Segunda Guerra Mundial. Si bien la lucha contra el narcotráfico ya es una prioridad de Washington, aunque aún le falte la ley para declarar ilegal el consumo en los ciudadanos estadounidenses, y sea irreal esperarlo a causa de intereses oscuros. Los senadores y congresistas solo piensan en las próximas elecciones de medio término, dentro de cinco meses.