En la década reciente, El Rancho, El Progreso, pasó de ser un entronque de carreteras con escasa actividad comercial a convertirse en un punto con crecientes inversiones empresariales, sobre todo en el sector restaurantero. Hoy es un destino de paso que sigue creciendo, genera empleo y, por ende, ingresos fiscales. Sin embargo, este punto geográfico sigue marcando el final de la autopista de cuatro carriles construida con cooperación taiwanesa —incluidos dos importantes puentes— y el inicio de las viejas carreteras de dos carriles. El congestionado paso por su intersección refleja la falta de ordenamiento territorial municipal y estatal, así como el irrespeto a las normas de derecho público de vía. Y no está de más recordar que la continuidad de la ampliación de la ruta al Atlántico se truncó porque el presidente Alejandro Giammattei trocó ese proyecto, ofrecido también por Taiwán, por el del hospital de Chimaltenango.

Tanto en la ruta hacia Alta Verapaz como hacia Puerto Barrios existen nodos con potencial comercial, industrial y turístico, limitados por la deficiente infraestructura de acceso, la escasa presencia policial y el secreto a voces del control de grupos dedicados a actividades ilícitas. Esta situación no es exclusiva de la región; en el suroriente, occidente, norte y suroccidente del país hay oportunidades para atraer inversiones locales y extranjeras que podrían detonar la generación de empleo, no solo en el sector terciario, sino también en manufacturas, servicios profesionales, tecnología, economía creativa y ecoturismo.

¿Por qué, entonces, no surgen más proyectos productivos y competitivos a más de cien kilómetros de la capital? Salvo el caso de Escuintla, conectada en ruta hacia Puerto Quetzal, la respuesta radica precisamente en esa distancia: es el límite máximo de las carreteras amplias, la conectividad digital y la maniobrabilidad logística.

Poderosos núcleos productivos como Quetzaltenango y Retalhuleu se ven restringidos por la precariedad de sus carreteras; basta observar el tramo Cito-Zarco, deteriorado por un socavón que debió repararse hace años. Lo mismo ocurre con la ruta CA-9 Sur, operativa solo por tramos, víctima de la histórica estafa de Odebrecht, producto de la corrupción de exfuncionarios aún activos en la arena política.

En cada campaña electoral se repite el mantra de atraer inversiones para generar empleo y de mejorar la educación para una ciudadanía con mejores aspiraciones, pero ya va un cuarto de siglo desperdiciado. No se puede caer en el determinismo y menos aún en el pesimismo. Pero la clave radica en una visión de Estado sostenida, que mantenga el objetivo de convertir a Guatemala como polo de desarrollo mesoamericano. Ello requiere modernizar puertos, aeropuertos, carreteras y zonas industriales, al tiempo que se deben valorar las riquezas culturales y naturales de cada región, para convertirlas en destinos turísticos sostenibles y competitivos.

Todo esto debe acompañarse de una sólida transformación escolar, de una renovada apuesta de formación técnica vocacional y de un enfoque universitario enfocado en la innovación. El talento humano local es un gran tesoro, pero también debe serlo la institucionalidad democrática que, a su vez, es la única forma de generar certeza jurídica y estabilidad de condiciones. Por ende, la inversión en la provincia precisa de administraciones municipales íntegras e integrales, para que no pase lo que hace poco ocurrió en Jalpatagua, donde una empresa generadora de energía solar que iba a generar oportunidades tuvo que irse debido a la negligencia del alcalde.