La finca Buenavista, ubicada en Sacatepéquez, tiene una extensión aproximada de 35 manzanas, dedicadas exclusivamente al cultivo de café. Así lo informa Cristian Morales, supervisor general de la finca, quien agrega que se exportan a Europa dos tipos de café: verde y oro.

“Europa se enfoca más en cuanto a que nosotros podamos demostrar que estamos produciendo sin la deforestación de los bosques”, explica Morales, al referirse a una de las normas del Pacto Verde: el reglamento de deforestación, con el cual es necesario estar alineado para continuar exportando a ese mercado.

Según Morales, desde la finca han avanzado en demostrar la ausencia de deforestación, aunque reconoce que aún no alcanzan la meta final.

Carlos Baccaro, presidente del Comité de Cafés Diferenciados de Agexport, señala que uno de los puntos clave para cumplir con dicha norma es presentar los avances a un ente certificador. “Aquí no es solo que el productor diga que no hace esto o sí hace lo otro, sino más bien demostrar el cumplimiento ante una norma frente a un ente certificador que pueda dar fe del cumplimiento”, afirma Baccaro.

El Pacto Verde es una estrategia de la Unión Europea para convertirse en la primera zona neutral de carbono para el 2050, explica Yolanda Mayora, gerente de Sostenibilidad de Agexport. Dicha estrategia incluye diversas normas, entre ellas, el reglamento de deforestación, el cual permite que solo productos libres de deforestación sean importados a los países miembros de la Unión Europea. Si Guatemala no demuestra ante el cliente europeo que cumple con esta disposición, advierte Mayora, dejarán de comprar al país.

“Es una ventaja que tenemos a mediano plazo. Estamos accediendo a un mercado europeo bastante competitivo”, resalta Baccaro, quien añade que se debe obtener un valor diferenciado para los productores. Durante el 2025, se exportó café por más de US $46 millones, según datos compartidos por Agexport.

¿Cómo va Guatemala?

La Unión Europea comenzará a exigir la comprobación del cumplimiento del reglamento de deforestación el 30 de diciembre del presente 2025. Para Guatemala, esta medida impactará en siete productos: café, cacao, aceite de palma, caucho, madera, ganado y soja, según Yolanda Mayora.

De acuerdo con datos compartidos por Carlos Baccaro, aproximadamente el 25.1% del café producido en Guatemala se exporta al mercado europeo. Baccaro afirma que el país ya ha avanzado en el cumplimiento de la trazabilidad y la sostenibilidad requeridas en las áreas correspondientes. Destaca que es esencial presentar este cumplimiento ante un ente certificador europeo que lo respalde.

Mayora señala que se ha brindado apoyo a mil productores de café y cacao para facilitar la geolocalización de las parcelas, con el objetivo de demostrar que no se ha deforestado desde 2020, año a partir del cual la Unión Europea exige la nula deforestación.

“Conservar la biodiversidad y los bosques es algo que compartimos”, resalta Mayora, quien agrega que se espera demostrar que, durante la expansión agrícola, no se han sacrificado áreas boscosas. También destaca que una de las ventajas para Guatemala es que la mayor parte de la producción de cacao y café se realiza bajo sistemas agroforestales.

Según datos compartidos por Agexport, las empresas que pertenecen al Comité de Cafés Diferenciados han recibido cursos y capacitaciones, Agexport explica que estos se realizan sin certificaciones.

¿Qué es el Pacto Verde?

En relación con el Pacto Verde, Yolanda Mayora aclara que la regulación no está dirigida específicamente a Guatemala, sino a todos los compradores europeos que buscan importar productos de otras regiones hacia Europa.

Según Mayora, estos compradores deben cumplir tres condiciones:

1. Demostrar que los productos están libres de deforestación. Para ello, Guatemala debe geolocalizar y georreferenciar las parcelas de producción y comparar las imágenes desde el 2020 hasta la fecha, con el fin de probar que no ha habido deforestación.
2. Contar con una prueba de legalidad. El país debe demostrar a los compradores que el producto cumple con todas las normas y leyes aplicables, incluidas posibles condiciones medioambientales y aspectos laborales, agrega Mayora.
3. Implementar una declaración de debida diligencia. Esto implica presentar un documento mediante el cual el importador se hace legalmente responsable de verificar que los productos importados cumplen con las dos condiciones anteriores.

Carlos Baccaro afirma que la aplicación de esta norma implica asumir diversas responsabilidades, entre ellas la social, ambiental y el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Señala que los productores deben considerar el manejo adecuado del suelo, evitar su degradación, implementar una gestión responsable del agua y cumplir con normas sobre el uso de químicos y pesticidas, así como abandonar prácticas perjudiciales para el ambiente.

Pequeños productores

En cuanto a los pequeños productores, Yolanda Mayora señala que aún hay quienes no cuentan con las posibilidades ni el conocimiento necesario para cumplir con este requisito. Principalmente, destaca la dificultad de acceder a herramientas tecnológicas que permitan georreferenciar sus parcelas.

“Los exportadores sí tienen un marco certero y las condiciones que les permiten producir, pero los pequeños productores necesitan muchas veces otro tipo de incentivos, capacitación y asistencia técnica”, amplía Mayora, quien subraya que este rol debería ser asumido por el Estado.

Román Molina, director ejecutivo de la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima), afirma que es necesario invertir para cumplir con los estándares de inocuidad. Sin embargo, aclara que dichas inversiones pueden ser “básicas” y “sencillas”.

Según Molina, desde Agrequima se han impulsado programas de capacitación dirigidos a todos los productores de la cadena agrícola. Este programa, explica, beneficia tanto a pequeños productores como a grandes agroindustrias.

Precios y trámites son desafíos

Según Román Molina, el principal reto será el cambio cultural. “Si la gente está dispuesta, las inversiones en realidad no son tan fuertes”, comenta, y añade que han trabajado con distintas cooperativas que han tenido éxito y se han beneficiado a raíz de las certificaciones. Molina asegura que quienes cumplen con las normas de sostenibilidad han accedido a mejores mercados e incrementado sus ingresos.

Por su parte, Cristian Morales señala que uno de los desafíos de producir café sostenible es el manejo de los precios, ya que, según afirma, este tipo de producción eleva los costos, al diferenciarse del manejo tradicional.

En la misma línea, Yolanda Mayora destaca que existen obstáculos dentro del ámbito legal. “Todavía hay mucha informalidad en el campo, y esto afectará la meta final”, advierte, al tiempo que subraya que el Estado debe establecer el marco legal e infraestructura necesarios. Mientras tanto, añade, el sector privado debe asumir el compromiso de innovar, invertir y garantizar el acceso a los mercados.

Mayora también señala que es necesario facilitar los procesos administrativos. “En la medida en que los trámites sean digitales, habrá menos obstáculos burocráticos y el proceso será más sencillo”, afirma. Además, considera que el Estado puede ofrecer financiamiento a los pequeños productores para impulsar decisiones orientadas hacia procesos productivos más sostenibles.

“Para nosotros es un reto implementar estas acciones. Sin embargo, tenemos clara la importancia de la sostenibilidad que debemos mantener: cumplir con la trazabilidad y con la norma de la Unión Europea”, concluye Carlos Baccaro.

Riesgo del país

Otro aspecto a considerar, agrega Yolanda Mayora, es la clasificación que los europeos asignarán a cada país en materia de riesgo. Guatemala será calificada como de riesgo alto, medio o bajo. Actualmente, el país se encuentra en una categoría de riesgo estándar, lo cual representa una desventaja frente a otras naciones.

Según la norma, en función de dichas clasificaciones, los compradores europeos deberán realizar más auditorías y presentar mayor documentación para respaldar la legalidad del producto y la debida diligencia. Esto, de acuerdo con Mayora, no favorece a Guatemala, sobre todo porque algunos países vecinos ya han sido clasificados como de riesgo bajo.

Guatemala deberá cumplir procesos más rigurosos de documentación, análisis de riesgo y auditoría sobre los embarques que contengan los productos exportados.

Mayora afirma que se buscará que Guatemala obtenga la clasificación de riesgo bajo. “Tenemos toda la evidencia de que, aunque antes del 2020 sí hubo deforestación, se han hecho esfuerzos para recuperar la cobertura forestal”, asegura.

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