La fuga de veinte reos peligrosos de una prisión de alta seguridad es, a no dudarlo, un síntoma más de la disfuncionalidad de las administraciones públicas de Guatemala. Es un síntoma grave. Debe llevar a una consideración cuidadosa de los hechos y a un análisis tan objetivo como sea posible de los antecedentes, para formular posibles soluciones de corto, medio y largo plazos. Pero, convertir esa fuga en evidencia de cómo este gobierno, este partido, este ministro de Gobernación, este presidente, etcétera, son incompetentes, es un despropósito.

Los escándalos en las prisiones de Guatemala se vienen dando desde hace décadas. La corrupción y el hecho de que sea desde los centros de detención y de las cárceles donde se planifiquen y ejecuten innumerables extorsiones y otros delitos se ha cuestionado, criticado e interpelado machaconamente por no menos de seis legislaturas. Las páginas de la prensa independiente han traído escenas de historias espeluznantes de las cosas que ocurren (y que no ocurren) en todo el sistema penitenciario antes y después de la vuelta a la democracia. En fin, la debilidad del sistema de presidios es una dolencia crónica del Estado guatemalteco.

El despropósito consiste, creo, en llevarse las manos a la cabeza por un hecho que tarde o temprano tenía que ocurrir. Como los innumerables eventos que han expuesto, año tras año, una debilidad y disfuncionalidad crónica del sistema penitenciario. Debilidad que, según veo las cosas, se extiende a todo el sistema de justicia del país. En los centros de detención y las cárceles se cumple la inmensa mayoría de penas dictadas por los tribunales del ramo penal y, si bien la responsabilidad administrativa directa es de la cartera del Interior, hay funciones de supervisión y control en manos del Poder Judicial.

El Poder Legislativo tampoco puede sustraerse a la larga cadena de fallas, chicas y grandes, del sistema de presidios de Guatemala, porque en sus manos está la aprobación de los presupuestos de gastos e inversión en las infraestructuras y en el capital humano que hace falta para gestionar y controlar dicho sistema. También es de su responsabilidad reformar las disposiciones legales que organizan y rigen todo el fenómeno penitenciario, para lo cual existen modelos, estudios, recursos de cooperación internacional y de instituciones financieras multilaterales, además de los recursos propios de la Hacienda Pública.

Así, pues, se trata de un hecho sumamente grave que, sin embargo, era previsible. No en sus detalles ni circunstancias de lugar y tiempo, pero en una situación de cárceles, prisiones y centros de detención desbordados —en buena medida por todos aquellos que llevan años en prisión sin una sentencia—, carentes de recursos financieros, sin el suficiente personal y, menos todavía, calificado, en un ambiente de criminalidad rampante a las que se enfrentan unas fuerzas de seguridad insuficientes en número y pobremente dotadas de equipo y entrenamiento profesional, en un cuadro como ese, un incidente así tenía que ocurrir tarde o temprano.

Por supuesto, el problema es político. Es decir, de partidos, facciones y grupos de interés que, salvo las honrosas excepciones que deben reconocerse, no están interesados más que en intermediar con cuotas de poder, fondos y privilegios públicos, y en cargar las respectivas comisiones y, por consiguiente, la recientemente aprobada ley que declara terroristas a las pandillas y asigna recursos y herramientas para mejorar la posición del Estado en la lucha contra ese y otros fenómenos de criminalidad llega con treinta años de retraso y forzada por una fuga inaceptable, pero no sorprendente.