No está claro cuántas instituciones quedan en Washington que puedan frenarlo.

Su vicepresidente, J. D. Vance, dijo que “obviamente” no lo haría.

Su candidata a fiscal general, Pam Bondi, estuvo de acuerdo en que de ninguna manera: “Al presidente no le gusta la gente que abusa de los agentes de policía”, dijo a los senadores la semana pasada.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dio garantías similares de que el presidente Trump no indultaría a “delincuentes violentos” como los que golpearon a agentes de policía con trozos de muebles rotos o escondieron un arsenal de armas en Virginia para utilizarlo si fracasaba su asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Incluso la opinión pública estaba en contra de Trump. Solo el 34 por ciento de los estadounidenses pensaba que debía indultar a los alborotadores del 6 de enero, según una encuesta de la Universidad de Monmouth realizada en diciembre.

Pero el lunes, primer día de la segunda presidencia de Trump, dejó a un lado la cautela e hizo exactamente lo que quería: decretó que todos los alborotadores obtuvieran algún tipo de indulto. No importaban los delitos que hubieran cometido; tanto si habían sido condenados por actos violentos como por conspiración sediciosa, todos terminarían siendo absueltos. Cientos de condenados obtuvieron indultos completos; a 14 miembros de grupos de extrema derecha acusados de sedición se les conmutaron las penas; y a todos los demás con causas abiertas se les retirarán finalmente los cargos.

La decisión de Trump de intervenir incluso en los casos más violentos envía un mensaje inequívoco sobre sus planes de poder para estos próximos cuatro años: pretende —incluso más que en su primer mandato— poner a prueba los límites para salirse con la suya.

“Esta gente ha sido destruida”, dijo Trump sobre los alborotadores del 6 de enero, tras conceder los indultos, sentado tras el escritorio Resolute del Despacho Oval por primera vez como el 47.° presidente de Estados Unidos. “Lo que le han hecho a esta gente es indignante”.

Durante meses, los asesores y abogados de Trump habían debatido hasta dónde debía llegar en la concesión de clemencia a las personas procesadas en relación con el motín del Capitolio. El abogado de la Casa Blanca, David Warrington, le presentó varias opciones, algunas más amplias que otras, según dos personas informadas de la situación que hablaron con la condición de mantener su anonimato para poder describir las discusiones internas.

Trump y sus asesores habían dicho durante la campaña que abordaría los indultos caso por caso. Era un reconocimiento tácito de que había criminales peligrosos en el grupo, pero la ambigua formulación también era la manera en la que Trump dejaba abiertas todas sus opciones.

Según sus asesores, durante el fin de semana y el lunes aún estaba tomando una decisión. Pero el domingo por la tarde, sus allegados tenían la impresión de que probablemente optaría por una forma de clemencia radical. Haber hecho algo menos habría sido admitir que había algo malo en lo que hicieron sus partidarios el 6 de enero, o que la causa de anular las elecciones de 2020 estaba de algún modo injustificada, o que cualquiera que defendiera su visión del mundo se había equivocado.

Sentado en la Rotonda del Capitolio, a la espera de la toma de posesión de Trump el lunes pasado, un alto funcionario de su equipo de trabajo le dijo a otras personas: “Ahora podemos hacerlo todo”, refiriéndose a los indultos de Biden.

Tal como lo ve Trump, no solo derrotó a los demócratas en la campaña de 2024; también venció a los restos de la oposición republicana, a los principales medios de comunicación y a un sistema judicial que consideraba como una fuerza armada en su contra. En ocasiones ha afirmado que la única retribución que quiere en el cargo es el “éxito” para el país; pero está claro, por lo que ha dicho y hecho en sus primeras 24 horas en el cargo, que también quiere venganza.

Los indultos fueron algunas de las acciones del primer día —algunas públicas, otras no tanto— que revelaron sus planes de venganza.

Trump le revocó la protección del Servicio Secreto a John Bolton, su exasesor de seguridad nacional, quien se enemistó con él. Los agentes habían custodiado a Bolton desde 2021, después de que las autoridades estadounidenses se enteraran de un supuesto complot iraní para asesinarlo; en 2022 se acusó penalmente a una persona de atentar en su contra.

Trump también revocó la autorización de seguridad de Bolton y la de 49 exfuncionarios de inteligencia que firmaron una carta antes de las elecciones de 2020 en la que afirmaban que una computadora portátil perteneciente a Hunter, el hijo de Biden, parecía formar parte de una operación rusa de desinformación.

Otra de las órdenes ejecutivas de Trump, que se perdió entre la borrosa actividad del día de la toma de posesión, sugiere un alcance aún más amplio de las represalias.

La orden, titulada “Poner fin a la instrumentalización del gobierno federal”, tiene un preámbulo que afirma como un hecho que el gobierno de Biden usó sus poderes de acusación como un arma para realizar investigaciones penales contra Trump y sus aliados. La medida ordena a las agencias federales, lo que incluye al Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia, que investiguen a fondo para demostrar la supuesta instrumentalización y que envíen informes de mala conducta a la Casa Blanca. La orden establece lo que será, como mínimo, un ejercicio de avergonzamiento público.

Lo más probable es que proporcione una bitácora para los procesamientos.

La Casa Blanca no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

“Se ha ganado el poder, y ahora va a utilizarlo”

Mike Davis, abogado republicano y partidario de Trump que abogó por los indultos en relación con los disturbios del 6 de enero, dijo que el mandatario había aprendido mucho sobre el poder ejecutivo en los últimos ocho años. Dijo que Trump no se dejará coartar por quien quiera obstaculizarlo por lo que él considera como razones políticas.

“Estas elecciones fueron un referendo sobre Trump, sobre MAGA y sobre la guerra jurídica, y el pueblo estadounidense emitió su veredicto el 5 de noviembre”, dijo Davis. “Se ha ganado el poder, y ahora va a utilizarlo, como los demócratas”.

A Davis no le preocupaba ninguna reacción contraria a los indultos. “Sabe cómo gobernar”, dijo, y añadió que “sabe que la opinión pública puede cambiar”.

Esa no siempre fue la opinión de Trump, o al menos no fue la que manifestó públicamente. Al día siguiente del atentado, grabó un video en el que calificaba el asalto al Capitolio de “atroz”, y añadía: “quienes violaron la ley, lo pagarán”. Fue el segundo video que publicó tras el motín; su personal pensó que su primer video era demasiado comprensivo con los alborotadores y le convencieron para que grabara otro.

En los últimos días de su primer mandato, Trump discutió en privado la posibilidad de conceder clemencia a las personas implicadas en los disturbios. Abandonó la idea, pero a los pocos meses de dejar el cargo, Trump empezó a replantear el 6 de enero como un día patriótico, “un día de amor”.

Integró a la “comunidad J6″ en su campaña como mártires patrióticos o, como él los llamaba, “rehenes”. Trump tocó en sus mítines una versión de “The Star-Spangled Banner” grabada por un coro de acusados del 6 de enero encarcelados. Su candidato a director del FBI, Kash Patel, tuvo la idea de convertirla en una canción, doblada con Trump recitando el Juramento a la Bandera. Trump sigue reproduciendo la grabación en su patio de Mar-a-Lago, mientras los invitados cantan de pie, con las manos sobre el corazón.

Daniel Hodges, uno de los agentes que fue herido el 6 de enero tras ser inmovilizado en una puerta del Capitolio y aplastado, dijo que la legitimación del 6 de enero por parte de Trump era necesaria para preservar la creencia de sus partidarios en su propia bondad y patriotismo.

“En cierto modo tuvo que inclinarse por eso y decir que esos insurrectos eran patriotas”, dijo Hodges. Si Trump no encumbrara a los insurrectos, “tendrían que aceptar el hecho de que dirigieron un ataque contra los Estados Unidos de América, y eso es muy antitético con la imagen que tienen de sí mismos”.

La rapidez con la que se derrumbó la gigantesca investigación del 6 de enero asombró incluso a quien había estado preparándose mentalmente para eso. En el espacio de una noche, no solo se concedió clemencia a casi 1600 personas, sino que los acusados salieron de prisión, entre ellos Enrique Tarrio y Joseph Biggs, dos líderes de los Proud Boys que cumplían largas condenas por conspiración sediciosa.

Ed Martin, el nuevo fiscal federal interino de Trump en Washington, ya estaba actuando para desestimar los casos de disturbios, incluido el juicio contra un exagente del FBI acusado de enfrentarse a los agentes en el Capitolio, llamarles nazis y animar a una turba de partidarios de Trump a matarlos. Martin forma parte de la junta del grupo más destacado de recaudación de fondos legales para ayudar a los acusados del 6 de enero.

Trump siempre ha favorecido un enfoque maximalista hacia todo lo que hace, pero a veces se ha detenido cuando las limitaciones externas parecen inamovibles. Ahora no está claro cuánto queda en Washington para frenarlo.

Tiene mucha más capacidad para conseguir lo que quiere que hace cuatro años. Conoce mejor el alcance de sus poderes presidenciales y está mucho más dispuesto a ponerlos a prueba ante los tribunales. Su orden de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento fue algo con lo que presionó para que se hiciera en su primer mandato hasta las elecciones de 2020, pero sus abogados de la Casa Blanca y su fiscal general, William P. Barr, le dijeron que no tenía autoridad para anular un derecho garantizado por la 14.ª Enmienda.

Ahora tiene un poder judicial más favorable, que transformó en su primer mandato, y cuenta con un liderazgo republicano mucho más complaciente en el Congreso. Pocos legisladores republicanos se han mostrado dispuestos a decir algo crítico sobre los indultos de Trump a los alborotadores.

El equipo de Trump también frena mucho menos sus impulsos. En el ala oeste de su segundo mandato no hay ninguno de los colaboradores del primer mandato que trataron de disuadirlo de sus ideas más extremas. En su lugar hay un equipo de leales que pueden discrepar ocasionalmente en política, pero que creen firmemente en sus instintos, especialmente tras su notable regreso.

Su equipo ha eliminado a cualquiera que considere que es desleal a Trump. Incluso personas sin antecedentes conocidos de oposición a Trump han sido incluidas en la lista negra por su asociación con republicanos que ahora él considera desleales. Ese grupo incluye a republicanos con los que trabajó en su primer mandato, como Nikki Haley y Mike Pompeo.

Muchos aliados de Trump han recibido citaciones en los últimos cuatro años, y algunas personas muy cercanas, incluido su ayudante Walt Nauta, han sido imputadas. Estas investigaciones radicalizaron aún más a muchos de sus asesores contra lo que denominan peyorativamente como el “Estado profundo”. Muchos de ellos están en su regreso al gobierno para esta segunda oportunidad de poder. No piensan desperdiciarla.