La semana pasada en uno de los desayunos mensuales de Fundesa, el presidente del Congreso de la República, diputado Luis Contreras, anunció públicamente que para el próximo 7 de abril podría estar avanzando en tercer debate y redacción por artículos la Ley del Sistema Portuario Nacional, una de las iniciativas más importantes en materia de infraestructura de este año y la iniciativa en temas portuarios más relevante en los últimos 33 años, desde que se creó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla.

Esta es una gran noticia, ya que el año pasado, nuestro país perdió cerca de US$1 mil millones en multas por retrasos generados por diversos puertos, por la falta de inversión portuaria, que fue pagado por todos los consumidores. A esto se le suma que otros países como Honduras, El Salvador y México, están ya haciendo grandes inversiones de modernización de sus puertos, con lo cual es urgente esta iniciativa, para lograr más inversiones de instalaciones portuarias privadas, además de garantizar mayor certeza jurídica a los puertos existentes.

Para alcanzar los objetivos de mayor protección portuaria, incremento de la competitividad y atracción de nueva inversión, resulta indispensable la creación de una Autoridad Portuaria Nacional (APN) con capacidades institucionales y recursos suficientes. Además, en respuesta a los grandes desafíos en materia portuaria que tiene nuestro país, la ley del Sistema Portuario Nacional establece un marco claro, coherente y previsible para la inversión portuaria, aplicable a todos los actores del sistema. Este marco no se limita a la creación de una nueva autoridad reguladora, sino que incorpora reglas precisas sobre los mecanismos de inversión disponibles, los procedimientos para su implementación y las condiciones para el uso de bienes públicos, con el objetivo de brindar certeza jurídica, transparencia y seguridad a las inversiones portuarias.

La ley contempla dos instrumentos principales para la estructuración de proyectos de inversión portuaria. El primero es el contrato de alianzas público-privadas, cuya ley específica fue reformada el año pasado y el segundo es la creación del Usufructo Oneroso Portuario, a través de un contrato administrativo portuario, el cual es oponible frente a terceros y se inscribe en el Registro Público Portuario Nacional.

El dictamen que se espera aprobar el próximo mes, reforma otras leyes importantes como la Ley del Organismo Ejecutivo, para que la Autoridad Portuaria Nacional pueda formalmente desempeñar la rectoría en materia portuaria, la Ley de Contrataciones del Estado para superar la restricción existente para los dragados marinos, la Ley Reguladora de las Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, para garantizar que las áreas estratégicas para infraestructura portuaria queden sujetas a reglas claras, técnicas y compatibles con el modelo de desarrollo portuario definido y otras como la Ley de Patrimonio Cultural, que evitan que la infraestructura portuaria se considere patrimonio cultural de la nación, hoy o en el futuro, dadas las implicaciones para la ampliación, restauración o mantenimiento de los puertos.

Con esta ley, los diputados al Congreso de la República están dejando un legado invaluable para el desarrollo del país y fomentarán que Guatemala pueda seguir creciendo a tasas por encima del 4% para generar mayor desarrollo. Esta legislatura ha demostrado que ha puesto al individuo al centro de la conversación, mejorando la infraestructura tan necesaria para que las oportunidades sigan generándose.