La reciente declaración de Estados Unidos, que cataloga a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista internacional, reabre el debate sobre la capacidad de Guatemala para combatir estas estructuras criminales.

Esta medida, adoptada por el gobierno estadounidense, busca golpear financiera y logísticamente a una de las organizaciones criminales más violentas de Centroamérica, acusada de crímenes como extorsión, asesinato, narcotráfico y desplazamiento forzado de cientos de personas.

Esta situación ha provocado que varios sectores del país vuelvan a poner sobre la mesa el asunto de la persecución y desarticulación de las pandillas, para lo cual piden que también se les declare terroristas por parte del Estado.

Según explica Edgar Morales, exfiscal del Ministerio Público (MP) y experto en pandillas, en Guatemala deben abordarse varios aspectos antes de declarar como “terroristas” a estos grupos que, a su criterio, deberían ser tipificados como estructuras del crimen organizado.

Morales afirma que, a diferencia de Estados Unidos, en Guatemala no se ha podido emitir una declaratoria similar, ya que las actividades de las pandillas —como extorsión, sicariato y narcomenudeo— no cumplen con los estándares internacionales del terrorismo, pues no buscan desestabilizar al Estado, sino obtener financiamiento ilícito.

“Sus atentados responden principalmente a rivalidades entre pandillas o al no pago de extorsiones, no a un odio contra un sector de la población o un objetivo político”, afirmó el experto.

Extorsión, delito millonario

Aunque se abstuvo de dar cifras, Morales confirmó que las extorsiones generan “cantidades millonarias” en el país. Por ello, considera necesario que las autoridades tomen medidas dentro del sistema bancario nacional para evitar que continúe el blanqueo y la circulación de dinero proveniente de esta actividad ilícita.

“Hay bancos que aperturan cuentas a granel. En algunas entidades bancarias, los empleados tienen metas para colocar productos financieros. Entonces, también existe la usurpación de identidades al momento de la apertura de cuentas. Tenemos gente privada de libertad o que ha sido investigada y sentenciada por el tema de las extorsiones, a quienes les reaperturan cuentas bancarias”, afirma Morales, quien considera que la Superintendencia de Bancos debe ejercer mejores controles.

Morales señala que las primeras investigaciones formales contra las pandillas, relacionadas con el delito de extorsión, datan del 2009, ya que en sus inicios —a finales de los años noventa y principios del 2000— sus integrantes cometían delitos menores como robos o asaltos.

En este sentido, la Superintendencia de Bancos (SIB) indicó que mantiene comunicación y colaboración constante con el MP en procesos de investigación e intercambio de información para detener el flujo de dinero proveniente de las extorsiones en el sistema bancario. También afirma que, junto con el MP y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), ha implementado campañas informativas y de prevención para evitar que las personas presten sus cuentas para la comisión de este delito.

Reformas más allá de una “ley antimaras”

El exfiscal fue claro al señalar que el combate a las pandillas no se trata solo de crear una “ley antimaras”, sino de criminalizar integralmente la actividad pandilleril. Por ello, considera necesarias reformas urgentes en distintos aspectos, como el control financiero y de telecomunicaciones, ya que debe haber mayor rigurosidad en la apertura de cuentas bancarias y en la venta de tarjetas SIM para líneas telefónicas, con el fin de evitar el lavado de dinero y la extorsión.

También destaca la necesidad de recuperar el sistema penitenciario para garantizar que los pandilleros encarcelados ya no sigan delinquiendo u ordenando delitos desde prisión. “Urge una reforma de la ley penitenciaria para retomar el control de los centros carcelarios, donde se gestan muchos de estos delitos”, aseguró.

A estos aspectos añade que es imprescindible el fortalecimiento y la reestructuración de entidades como el Ministerio de Gobernación, así como regionalizar la Policía Nacional Civil (PNC) y robustecer las unidades de investigación.

Problemas en el sistema de justicia

Morales también se refirió a las falencias del sector justicia, donde asegura que los jueces “resuelven con la normativa existente, que se queda corta”. Además, considera necesario reformar la carrera judicial y los procesos de elección de magistrados, para evitar la consolidación de “pequeños reinos” en las cortes, donde algunos funcionarios ostentan el cargo desde hace varios períodos.

Cooperación entre el MP y el Mingob

A criterio de Morales, la cooperación entre el MP y el Ministerio de Gobernación (Mingob) debe ser fundamental para la investigación y desarticulación de las pandillas. Sin embargo, considera que, por cuestiones políticas, actualmente la relación entre ambas entidades es nula.

Consultado sobre si la próxima designación del fiscal general en 2026 puede mejorar la situación y la relación con el Mingob, el analista consideró que sería un paso positivo, pero también debe ir acompañado de una reestructuración profunda del Ministerio de Gobernación y del replanteamiento de las bases estatales contra el crimen organizado.

“A manera muy personal considero que no solo el cambio del fiscal general. Creo que el cambio fiscal general sería algo muy positivo, pero también el gobierno necesita analizar reformas en el tema del Ministerio de Gobernación, que es uno de los más importantes a nivel del Estado, puesto que recordemos que de Gobernación depende el tema de seguridad, y el tema de seguridad nos va a traer consigo el desarrollo en otras instancias del país. Entonces considero que sí puede haber un cambio positivo con el cambio de fiscal general y, asimismo, replantearse algunas bases del Estado a través del gobierno que se encuentra en funciones”, puntualiza el experto.

Sobre la designación del Barrio 18 como grupo terrorista por parte de Estados Unidos, se buscó la postura del MP para conocer si se reforzarán las líneas de investigación contra esta estructura y obtener resultados sobre los casos en curso, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Cifras de delitos atribuidos al Barrio 18 en el 2024

Datos del Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Información (Cradic), de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), indican que, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, la pandilla del Barrio 18 concretó 178 pagos de extorsión que sumaron Q1 millón 458 mil 799.40.

Las modalidades de pago fueron: 114 depósitos bancarios, 49 pagos personales, 12 transferencias y el resto mediante recargas con tarjeta y transacciones sin tarjeta. Se confirma que la extorsión es su principal actividad económica ilícita.

Otros delitos que generaron fondos para el Barrio 18 en el 2024 fueron el narcomenudeo, que dejó ingresos de Q117 mil 510, y el sicariato, con aproximadamente Q90 mil, según las investigaciones de la Policía Nacional Civil.