El Departamento de Estado de EE. UU. publicó la semana pasada su Informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2025, un grueso documento de dos volúmenes que da cuenta al Congreso estadounidense de la labor de los países considerados claves para atacar el narcotráfico y el lavado de dinero. En el caso de Guatemala, es un reporte muy positivo por el apoyo que el gobierno de Bernardo Arévalo ha brindado en la lucha antidrogas. Sin embargo, deja ver que el territorio nacional tiene fronteras muy porosas, una débil institucionalidad y la corrupción enraizada es un serio valladar para frenar el flujo de narcóticos y el crimen organizado trasnacional. Tanto en el volumen I, referente al combate del narcotráfico y químicos, como en el volumen II, sobre lavado de dinero y delitos financieros, Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, aparece como un serio obstáculo porque se ha dedicado a paralizar o desestimar las investigaciones de corrupción.

El reporte señala que la administración de Arévalo ha triplicado las incautaciones de narcóticos en comparación con el 2023, durante la gestión de Alejandro Giammattei. Señala que este expresidente suspendió la participación de Guatemala en el Plan de Acción Colombia-Estados Unidos, que permitía capacitar a las fuerzas de seguridad, pero ya el 20 de abril del año pasado Arévalo firmó el retorno del país a ese programa. También subraya la disposición gubernamental de colaborar para el acondicionamiento de los puertos marítimos que rara vez han identificado narcóticos ilícitos o precursores químicos, un efecto de la galopante corrupción. A la luz de este informe se entiende el interés del Ejército de EE. UU. de modernizar los puertos Quetzal, en el Pacífico, y Santo Tomás, en el Atlántico, porque eso implicaría no solo aportar una mejor infraestructura portuaria, sino facilitar la detección tecnológico de trasiego de estupefacientes.

Pese a la dicha que despertó en Porras y Rafael Curruchiche la llegada al poder de Donald Trump en EE. UU., las cuentas no les salieron como ellos pretendían. Ambos asumían que era cuestión de tiempo que les restituyeran las visas y salieran de la Lista Engels. Pero la situación se les ha complicado. El informe del Departamento de Estado es claro y directo: “Bajo la dirección de la Fiscal General (FGR) María Consuelo Porras, el Ministerio Público paralizó, obstruyó o desestimó investigaciones de corrupción de alto perfil, lo que resultó en la suspensión de la cooperación programática (de EE. UU.) con el Ministerio Público en 2021 y la designación de Porras y otros actores del Ministerio Público bajo la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos”. Otro que también es mencionado en forma negativa en este renglón es el expresidente Jimmy Morales, a quien se le señala de haber expulsado a la Cicig, una comisión, respaldada por la ONU, que luchaba contra la corrupción.

Para EE. UU. es vital la lucha contra el narcotráfico y el lavado aquí porque nuestro país es el camino natural de los envíos que llegan de Colombia y Ecuador, por vía marítima, o terrestre, por medio de El Salvador y Honduras. Entre las debilidades que presenta el territorio nacional está la existencia de más de 300 puntos de entrada terrestre sin ningún control fronterizo. Guatemala también es fértil para el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales que explotan las lagunas legales para operar a través de bienes raíces, trata de personas, empresas fantasmas, minería y ganadería. De ahí la importancia de la cooperación del país en materia de combate de esas lacras. El informe reconoce que la corrupción endémica, la debilidad de las instituciones y las tensas relaciones con el Legislativo obstaculizan los esfuerzos de Arévalo por reformar las instituciones y combatir la delincuencia transnacional.