Puede que la analogía suene a perogrullada, pero ¿resistiría una persona dos mil 283 horas sin respirar? Obvio que no. La pregunta es metafórica, para tratar de reflejar de alguna forma la dimensión de las dos mil 283 horas que una empresa debe esperar en Guatemala para comenzar a funcionar, es decir, a “respirar” con la interacción de compraventa, oferta versus demanda, de productos y servicios. Se trata de una apnea por la cual debe pasar cada empresa en Guatemala para poder abrir operaciones, a causa de la excesiva burocracia y la tardanza de trámites, algunos de ellos totalmente desfasados o digitalizables, pero que aún siguen en un formato sigloveintero.

Pero el dato que origina este texto no es metafórico ni arbitrario, sino lamentablemente muy real: son dos mil 283 horas, es decir, unos 95 días, los que lleva completar todos los trámites exigidos por 12 dependencias del Estado para abrir una empresa en el mercado formal, según el Índice de Burocracia 2025, publicado por el Adam Smith Center for Economic Freedom. A pesar de múltiples discursos de sucesivos Ejecutivos y legislaturas, la parsimonia es un lastre que sigue castigando la competitividad guatemalteca.

Si se desglosa el número, más de mil horas se van en trámites generales, es decir, toda empresa de cualquier ramo productivo debe completarlas. Otras mil horas, redondeando, se van en requisitos propios del rubro en el cual brindará bienes o servicios. Toda esta demora se convierte en un pesado costo de oportunidad, en un lastre para el crecimiento económico y, por ende, para la generación de recursos tributarios. Porque, como siempre repetimos el viejo axioma: el Estado no produce nada, solo consume fondos y, a cambio de ello, debe generar condiciones de certeza, estabilidad y seguridad.

No hay excusas para la prolongación de estas demoras que dejan a Guatemala a la zaga en la región y en el continente. En 2021, se aprobó la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, con el objetivo de agilizar los procesos institucionales, sobre todo, a través de la depuración de exigencias desfasadas, la digitalización de ventanillas y canales de pago, así como la auditoría de rendimiento a los servidores públicos encargados de dar avales, efectuar revisiones o firmar autorizaciones.

La excesiva y lerda burocracia pone en ventaja a sectores como la informalidad y el contrabando, que ni tributan ni dan cuentas a nadie sobre sus escalas salariales, seguridad laboral o ingresos. Las causas de este rezago están en la falta de continuidad de procesos ministeriales, la visión miope —o incluso distorsionada— de ciertos funcionarios y a menudo las exigencias de grupos sindicales desfasados que fuerzan la estadía de burócratas incapaces o desinterasados en abordar la transformación tecnológica. Solo les interesa mantener una plaza ocupada sin oficio ni beneficio, y eso forma parte de las revisiones a la Ley de Servicio Civil.

En la década de 1980 había una canción que decía: “La otra noche te esperé bajo la lluvia mil horas”. Dicho tema se puede calificar hoy de viejo y quizá ya no funcione para nuevos públicos. Pero lo lamentable es que un viejo problema de ineficiencia institucional siga sonando como disco rayado y a todo volumen, castigando a las empresas que cumplen con sus obligaciones legales. Más allá de leyes y promesas, se necesita liderazgo asertivo, visión de Estado y responsabilidad política integral. Son esas empresas varadas en trámites las que van a generar las oportunidades laborales que los políticos ofrecen en campaña.