En el manoseo de la justicia uno de los recursos más utilizados para mantener desinformada a la población ha sido el de ir declarando “bajo reserva” cualquier tipo de actuaciones, pero el colmo de los colmos está en la decisión de la Secretaría de Comunicación Social y Protocolo del Organismo Judicial para impedir cualquier contacto de la prensa con los magistrados de la Corte Suprema que tienen que elegir al Presidente de ese poder del Estado. Hemos publicado la forma en que se impide el más mínimo contacto de los periodistas con quienes participan en ese proceso, evitando así que se les pueda consultar siquiera sobre la situación imperante.

El hecho de que un magistrado haya hecho comentarios impropios que no han sido del agrado de algunos, como pasó con el vocal I de la Corte Suprema contra quien ya se presentó una denuncia penal, no significa que se impida el libre acceso a las fuentes de información, derecho garantizado por la Constitución de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento que también tiene rango constitucional.

Los ciudadanos tienen todo el derecho de saber qué está pasando y qué es lo que detiene e impide la elección del magistrado que deberá ser Presidente de la CSJ, cargo de mucha importancia para el sistema de justicia, tema que preocupa a la población. Y es que uno de los objetivos en los que más trabajaron y se empeñaron los que se dedican a saquear los fondos públicos es el del control de la justicia para garantizar la más absoluta impunidad y de esa cuenta es que el Ministerio Público y los tribunales, en sus distintas instancias, se pueden considerar una especie de “joya de la corona” para las mafias.

La Corte de Constitucionalidad decidió, de oficio, obligar a los magistrados a elegir a como dé lugar al nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, objetivo que sigue sin alcanzarse por una marcada división que, en todo caso, podríamos considerar como un avance porque al menos no está ya funcionando la vieja aplanadora que respondía a cualquier parejita que les diera instrucciones. Y la población tiene todo el derecho de conocer lo que está ocurriendo y por qué existe ese trabón que mantiene acéfala la Presidencia de la CSJ.

Sin embargo, los encargados de comunicación social se han convertido en guardianes de la incomunicación, bloqueando todo acceso de los periodistas a esos funcionarios públicos que, como todos los servidores, tienen que actuar de manera transparente y sin tapujos, ampliando maliciosamente esa maña de mantener todo bajo “reserva”.