De acuerdo con la Guía de Formulación de Políticas Públicas, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), las “políticas públicas se esbozan para resolver los problemas de direccionalidad (deber ser), de operatividad (hacer) y de viabilidad (poder hacer). El poder hacer es resultado de la interacción entre política y políticas públicas; estas últimas corresponden a un contexto político y no exclusivamente técnico donde el análisis incluye la viabilidad política, fiscal presupuestaria y sociocultural”.

Un elemento clave en la formulación de políticas públicas es tomar en consideración tanto a los conocedores del tema (expertos), como a los involucrados o afectados, lo que usualmente deriva en normas, leyes, reglamentos o disposiciones gubernamentales, como los cuatro acuerdos recientemente aprobados y prontamente derogados por el presidente de la República relativos al seguro obligatorio de vehículos, en cumplimiento de la Ley de Tránsito, decreto 132-96.

La precitada Guía, al referirse a la viabilidad social, establece que debe realizarse un proceso de validación con los actores formales (con legitimidad legal) e informales (actores sociales) sobre el marco estratégico de una nueva disposición gubernamental. Por ejemplo, averiguar quién es el ente rector o institución especializada que puede ayudar a lograr el resultado esperado; si existe un marco normativo específico, instrumento legal o reglamentario y si se necesita un acuerdo consistente para asegurar la viabilidad de la implementación de la nueva disposición o política pública; si se cuenta con los recursos humanos calificados para la gestión de la política; si existen instituciones corresponsables para implementar la disposición o política; si hay consenso técnico/político; si la política ha sido consensuada con los actores, usuarios y beneficiarios; si la intervención es viable; y cuándo es el mejor momento y plazo para su implementación.

En entrevista radial, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis) dijo que las aseguradoras pueden otorgar los seguros obligatorios, pero que no sabían que en este momento se emitiría la disposición gubernamental y que hasta ahora empezarían a preparar las bases técnicas con la Superintendencia de Bancos (SIB) para cumplir con la exigencia del seguro, siendo este necesario y conveniente. Evidentemente, el Gobierno tampoco consultó a la SIB, que regula y supervisa a las aseguradoras ni a la Junta Monetaria (en donde tiene tres ministros), que dirige a la SIB en materia de seguros. Ni siquiera le hablaron al Departamento de Seguros del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Recordemos que, en materia ambiental, tampoco se tomó en cuenta a todos los eslabones de implicados en la disposición de desechos y también tuvieron que dar marcha atrás.

Ojalá no estemos siendo testigos del efecto Dunning-Kruger, sesgo cognitivo que hace que las personas con menos conocimientos sobre un tema sobrevaloren sus habilidades, creyéndose expertos sin ser conscientes de sus propias limitaciones, porque su propia ignorancia les impide darse cuenta de lo poco que saben; mientras que las personas con más experiencia suelen ser más cautas y menos arrogantes.

Este sesgo cognitivo no solo afecta a quienes lo padecen, sino también tiene consecuencias en la sociedad, influyendo en decisiones, debates y percepciones erróneas que pueden propagarse rápidamente.

Aunque decepcionante, más sincera fue la declaración bajo juramento del ministro de Comunicaciones, quien, en comparecencia en el Congreso de la República, al confrontarlo sobre el plan del actual gobierno, confesó: “Yo no conozco el plan de gobierno”.