La espada de Damocles sigue pendiendo de un hilo; es decir, de un dilema para el presidente de la República, Bernardo Arévalo: avalar o vetar el cuestionado decreto 7-2025, que autoriza el arrastre de millardos en fondos no ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para el siguiente año. Alcaldes agrupados en la Asociación Nacional de Municipalidades, presidida por el jefe edil Sebastián Siero, emitieron ayer una carta en la que demandan la sanción de tal botín legalizado con frases más bien lagoteras como: “En nosotros no encontrará puños enemigos sino manos dispuestas…”, cuando fue el propio Siero quien, el 6 de septiembre, levantó el primer puño al advertir: “Si el presidente veta la ley (7-2025) va a tener manifestaciones públicas”.

Tal bolsón se creó a partir de una yuxtaposición de intereses, clientelismos y gazuzas que sirvieron de pegamento para cortejar votos de diputados aglutinados alrededor del anterior oficialismo y adláteres, que aprobaron una ambigua y muy maleable moción súbita que se convirtió en decreto, a pesar de no haber tenido el mínimo análisis técnico y menos aún legal o constitucional. Y es que allí radica el pecado original de este intento de gavetazo: por mandato de la Carta Magna, el presupuesto de ingresos y egresos es anual en su ejecución y glosa.

En su carta, la Anam apela a que el mandatario, “en fiel cumplimiento de sus atribuciones”, promulgue el traslado. Sin embargo, la obligación preeminente de tales atribuciones es la salvaguarda de la Constitución y, por ende, el veto al adefesio, para que regrese al Congreso, en donde tampoco podría proceder ninguna mayoría, ya que primero deberían establecerse en el decreto todos los mecanismos de planificación, transparencia, supervisión y cuentadancia.

Con algunas falacias intercaladas en la exhortativa, la entidad presidida por Siero afirma que este botín legaloide sería “la única esperanza” de las comunidades para contar con obras “en temas de agua y saneamiento, salud”. Interesante que se exprese tanta preocupación en estas áreas, cuando ha sido este jefe edil quien más se ha opuesto a los requerimientos de la Ley de Tratamiento de Aguas Residuales y quien más criticó la Ley de Clasificación de Desechos Sólidos, que la Corte de Constitucionalidad tiró a la basura.

El chantaje es político, pero el problema es de legalidad. Por eso, aunque se afirma tener la unidad de 108 diputados y de “más de 300 alcaldes” —podrían ser los 160 y los 340—, es inviable, al ser un subterfugio inconstitucional, además de peligroso para la transparencia y sospechoso de ulterior clientelismo electorero. Sí, hay un problema de ejecución de recursos; sí, existen rezagos en el aval de proyectos en el Ejecutivo, y sí, se necesitan proyectos para potenciar el desarrollo de las comunidades, pero eso no se resuelve con una piñata, pues la discrecionalidad politiquera sí erosiona la institucionalidad.

Tampoco hay que perder de vista que antes de ser engendrada la 7-2025 hubo una propuesta del Ejecutivo para agilizar el gasto, la cual fue rechazada de palabra por varios diputados de “oposición”, quienes después votaron a favor de su propia versión, que igue en el limbo. Por otra parte, en cuanto a los hechos concretos, los Codedes solo han ejecutado una cuarta parte de los Q12 mil y pico millones aprobados para este año, y no todos los proyectos tienen aval pendiente del Ejecutivo. Deberían decir, varios de los diputados contratistas y alcaldes con allegados contratistas, los verdaderos afanes subyacentes al declarado interés de “llevar obras a nuestro pueblo”, como dice la carta de marras.