Guatemala ya cuenta con un sistema de propiedad sobre el agua, y lo que necesitamos es fortalecerlo, no crear una nueva “ley de aguas”. Es verdad que han ocurrido problemas de escasez de agua potable. Otros problemas han sido causados por la contaminación de los ríos, lagos y fuentes subterráneas. Han surgido problemas en verano por el uso de agua para riego de cultivos. Hay razones para estar preocupados por este líquido vital. ¿Qué conviene para que el agua potable sea accesible a todos, que las aguas del país no estén contaminadas y que los vecinos utilicen adecuadamente el agua que pasa por sus propiedades sin afectar río abajo a otros usuarios?

En primer lugar, el agua dulce, potable y limpia es un recurso escaso hoy en día. A medida que crece la población y las ciudades, este recurso se vuelve más escaso. Para que alcance para todos, se deben establecer los derechos de propiedad privada del agua. Lo que es público es de todos, y lo que es de todos no es de nadie. Lo que es privado se administra prudentemente y, al precio de mercado, ni más ni menos, alcanza para todos. El agua más cara es la que no se tiene. Quienes no disponen de agua potable entubada deben comprarla por camionadas, toneles o galones. Lo hacen a mayores precios que si tuvieran el servicio entubado. Es el agua más cara que hay. El hecho de que el agua potable sea un bien escaso implica que tiene un precio. No es gratis. Hay que obtenerla, purificarla, transportarla y gestionar su cobro. Quienes no quieren pagar por el agua están viviendo en el pasado, cuando había poca población, el líquido vital abundaba y no estaba contaminado. Hoy en día, es un reto poder atender a una población y ciudades crecientes, y nada mejor que los derechos de propiedad y los precios del mercado para racionar su uso y que alcance para todos. Cualquier ley que quiera ser eficiente debe forzosamente garantizar los derechos de propiedad sobre el agua.

En cuanto a la contaminación de las fuentes de agua, el problema no radica en una ley, sino en la justicia. Ya existen sanciones para quienes contaminan y afectan a otros. Sin embargo, nuestro sistema de justicia es lento, débil y selectivo. Mientras se enfocan en fábricas que pueden hacer frente al reto de no contaminar, dejan a un lado las aguas servidas de las comunidades y alcaldías que contaminan los ríos y lagos con aguas negras por todos lados. Las sanciones no llegan o son limitadas. Si yo contamino, debo ser sujeto a una demanda por los afectados, y la justicia debe exigir al contaminante que pague por el daño causado. Además, debe evitar seguir contaminando. Ahora bien, en comunidades muy pobres, donde apenas sobrevive la gente, no hay drenajes y las aguas negras corren por veredas hacia los ríos. El mejor aliado para mejorar esta situación y el medio ambiente es el crecimiento económico. Al generar más oportunidades de mejora del nivel de vida, la gente podrá hacer las mejoras para evitar contaminar. No podemos pedirle peras al olmo.

Finalmente, los conflictos por el agua utilizada en riego se resuelven pacíficamente entre los vecinos de tierras arriba y abajo. Así se han resuelto conflictos por el agua en fincas en la costa sur, permitiendo que todos puedan utilizarla eficientemente. Nuevas tecnologías, como el riego por goteo, tuberías de plástico, acolchados y otras, hacen que el uso de agua para riego sea más eficiente en los cultivos, requiriendo menos cantidades por hectárea.

En países donde sí se ha legislado y ha funcionado, como Chile, lo que ha dado resultados es otorgar derechos de propiedad claros y permitir la formación de un mercado.