Asies pide a magistrada Rivera reflexionar sobre su imparcialidad tras votar en un amparo que la beneficiaba
La decisión de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Julia Rivera de participar en la resolución de un amparo relacionado con el mismo proceso que la llevó al máximo tribunal constitucional sigue generando reacciones. Esta vez, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) dirigió una carta abierta a la togada en la […]
La decisión de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Julia Rivera de participar en la resolución de un amparo relacionado con el mismo proceso que la llevó al máximo tribunal constitucional sigue generando reacciones.
Esta vez, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) dirigió una carta abierta a la togada en la que cuestiona, desde una perspectiva institucional y ética, su actuación en un caso donde su imparcialidad podía ser puesta en duda.
La organización emite el pronunciamiento luego de que Rivera votó el pasado 25 de mayo para rechazar un amparo provisional que buscaba suspender los efectos del proceso mediante el cual fue electa magistrada para el período 2026-2031. Con ese voto, la magistrada participó en una decisión que tenía implicaciones directas sobre la validez de la designación que la llevó a integrar la Corte.
Aunque Asies evita pronunciarse sobre la legalidad de la resolución o sobre el fondo del litigio, sí advierte que la situación planteaba un dilema que trascendía lo estrictamente jurídico.
“No corresponde a esta carta pronunciarse sobre la corrección jurídica de la resolución adoptada ni sobre la validez de la misma. Nuestra preocupación es de naturaleza institucional y ética”, destaca la organización.
“Hemos observado con suma preocupación su participación” en la resolución del expediente 1497-2026, señala la carta, al considerar que el asunto sometido al conocimiento de la Corte guardaba una “relación estrecha” con el procedimiento mediante el cual Rivera fue designada magistrada.
Julia Rivera participó en fallo sobre amparo que cuestionaba su propia designación como magistrada
La entidad sostiene que el debate no debe centrarse únicamente en si la resolución fue correcta desde el punto de vista legal, sino en el impacto que este tipo de actuaciones pueden tener sobre la credibilidad de la justicia constitucional.
“La confianza pública en los tribunales constitucionales descansa no solamente en la calidad técnica de sus decisiones, sino también en la certeza de que estas son adoptadas bajo condiciones que garanticen la más amplia independencia e imparcialidad posibles”, expone el documento. Y añade una de las reflexiones centrales de la carta: “tan importante como la imparcialidad misma es la confianza ciudadana en ella”.
LA INHIBICIÓN COMO MECANISMOS DE CONFIANZA
Asies recuerda que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que los magistrados deben actuar conforme a principios de imparcialidad y dignidad, y que la misma normativa contempla la posibilidad de inhibirse cuando exista un interés directo o indirecto que pueda comprometer la objetividad del juzgador.
A partir de ello, la organización considera que el caso ameritaba una valoración especialmente cuidadosa por parte de Rivera.
“La relación existente entre el asunto sometido a conocimiento de la Corte y el proceso que culminó con su designación como magistrada podía razonablemente suscitar interrogantes en la opinión pública respecto de la apariencia de imparcialidad que debe acompañar toda actuación jurisdiccional”, indica la carta.
Sin afirmar que existiera una prohibición legal expresa para que la magistrada conociera el expediente, Asies sostiene que la prudencia institucional aconsejaba analizar la conveniencia de apartarse voluntariamente del caso para evitar cuestionamientos sobre la independencia de la decisión.
“La disposición a apartarse voluntariamente de asuntos que puedan generar dudas razonables sobre la imparcialidad del juzgador fortalece a los tribunales, protege la credibilidad de sus resoluciones y contribuye a preservar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho”, agrega.
ADVERTENCIA SOBRE EL EJEMPLO INSTITUCIONAL
Más allá del caso concreto, Asies plantea que las actuaciones de quienes integran la Corte tienen efectos que alcanzan al conjunto del sistema de justicia.
“Las actuaciones de quienes integran la Corte de Constitucionalidad constituyen una referencia para jueces, abogados, estudiantes y futuras generaciones de servidores públicos”, señala la organización.
En ese sentido, la carta concluye que la autoridad de las instituciones no se construye únicamente mediante sus resoluciones, sino también a través del ejemplo que proyectan sus integrantes. Por ello, invita a Rivera a reflexionar sobre los principios de imparcialidad, independencia y responsabilidad institucional que, a juicio de la entidad, “deben distinguir a la justicia constitucional en una sociedad democrática”.
“Nuestro propósito no es otro que reafirmar la importancia de los principios de imparcialidad, independencia y responsabilidad institucional, así como ratificar que las decisiones estén apegadas a la excelencia profesional y a la ética”.
El pronunciamiento se convierte así en la primera crítica pública de carácter institucional dirigida a la magistrada desde que se conoció su participación en una resolución que, aunque no definió el fondo del litigio, permitió mantener sin obstáculos inmediatos la elección que la llevó a ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad.
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RIVERA SE AUTOAMPARÓ
El pronunciamiento surge después de que La Hora documentara que Rivera integró la mayoría de tres magistrados que rechazó un amparo provisional promovido por el académico Javier Monterroso contra el proceso de elección de magistrados constitucionales realizado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos.
La acción cuestionaba la legitimidad de la integración del CSU, órgano que posteriormente eligió a Rivera como magistrada titular de la CC. Aunque el amparo había sido planteado antes de que ella asumiera el cargo, cuando el expediente llegó al pleno ya formaba parte del tribunal y participó en la votación que mantuvo vigente el proceso electoral que la benefició.
Su voto fue decisivo para conformar la mayoría junto a Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa. En minoría quedaron la presidenta de la Corte, Gladys Morfín, y la magistrada Astrid Lemus, quienes consideraron que sí existían elementos suficientes para otorgar la protección provisional.
La controversia adquiere una dimensión adicional porque Rivera no solo llegó a la Corte por decisión del CSU encabezado por Walter Mazariegos, cuya legitimidad continúa siendo cuestionada por haber llegado al poder por medio de dos fraudes, sino que también ha coincidido en votaciones con la mayoría integrada por Molina Barreto y Ochoa en asuntos que involucran directamente al rector.
CC continúa allanando el camino al fraude de Walter Mazariegos y rechaza nuevas acciones
Esta misma semana, los tres magistrados respaldaron la elaboración de un proyecto de resolución relacionado con la elección de autoridades universitarias y la continuidad de Mazariegos al frente de la Usac, una decisión que sus críticos interpretan como una medida orientada a proteger la permanencia del rector en el cargo.
