En el Análisis de ALas845 se discutió sobre el tema, “Desafíos del sistema de seguridad y justicia en Guatemala: de la aprehensión a la sentencia”.

Los invitados fueron Fernando Rodríguez Klarck, experto en seguridad y exgobernador departamental; y Freddy Sánchez, especialista en derecho constitucional.

Rodríguez indicó que se debe separar funciones de la PNC y el MP y resaltó un caso que se viralizó en las redes sociales.

“Un individuo vulneró a una niña y se cuestionó qué debería hacer la policía en la opinión ciudadana. La PNC actúa por hecho flagrante y por orden de juez competente. Más allá de solo ver las imágenes el policía se puede enfrentar a dos delitos, que son el incumplimiento de deberes y el de abuso de autoridad, si no hace su trabajo. Aquí está en su pensamiento sobre qué hacer. La que capturó fue la seguridad del Congreso. El procedimiento del policía es bastante complejo pues puede cometer alguno de los dos delitos. En comparación nosotros lo vemos en video hasta que termina el hecho”, dijo.

Agregó que en muchos casos, el policía aún sigue elaborando el informe, mientras el delincuente ya es liberado por un juzgador.

Por su lado, Sánchez recordó además que a toda persona no se le debe violentar sus derechos constitucionales. Pero mencionó dos temas para analizar: la detención en flagrancia, cuando se comete un delito; y cuando se presentó una denuncia, hay una investigación contra alguien que podría haber cometido un delito.

“El juez podría ordenar que la persona se presente voluntariamente, rechazando la orden de captura. Solicitar la primera declaración de una persona ya no se da, por lo que hemos visto, sino que políticamente ahora es la orden de captura. Esto exacerba a la población con temas políticos, cuando la persona puede ser citada sin necesidad de una orden de captura”, dijo.

El experto agregó que pese a que se dicte una falta de mérito, la persona puede ser aún investigada y el MP fortalecer la investigación.

Klarck añadió que para los policías la “calle” es la mejor área para aprender y narró que formó parte de las filas de la PNC. “Con los años se ve esa capacidad para redactar informes. Pero sí se ven falencias a la hora de redactar un informe. El agente en la calle puede tener muchos problemas sicológicos ya sea por la presión social, que le obliga para tomar un procedimiento porque así lo están pidiendo”, indicó.

Sánchez aseguró que en el 99 % de las sentencia dictadas, se ha vulnerado la garantía constitucional, y recordó que en un caso pasado, de los últimos guatemaltecos fusilados en 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado cuando estudiantes llevaron la defensa de los condenados por violar y matar a una menor de edad.

Sobre el caso de Kevin Malouf, el experto agregó que a su criterio, “la legislación está correcta”, y resaltó que en este caso el procesado es un médico con una especialización, algo que se debe verificar.

“Una cosa es que un médico y cirujano sea graduado, y otra tener la especialización; probablemente sí la tenga. La tesis que el MP maneja es un homicidio por dolo eventual. Convenció la tesis del abogado y no la del MP por dolo eventual. Entonces el juez competente procede a reformar el delito. No por dolo eventual, sino por homicidio culposo, que considero yo, es el que más se adapta. Pero también se presentó un amparo del MP. El Congreso al parecer hará reformas a la ley de aceptación de cargos pero la normativa está bien”, explicó.

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