La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció este lunes 31 de marzo condenando los bloqueos ilegales que se han registrado en diversas rutas del país, organizadas por salubristas que exigen cumplimiento del artículo 140 del Presupuesto General de la Nación.

Según la Cámara, estas medidas de presión afectan gravemente la economía, la movilidad y los derechos de los guatemaltecos.

En ese sentido, la CIG señaló que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha emitido resoluciones en las que establece que las autoridades deben actuar para garantizar la seguridad y los derechos de la ciudadanía, incluyendo la libertad de locomoción, industria, comercio y trabajo.

Nos manifestamos ante los bloqueos ilegales que atentan contra los derechos a la libre locomoción, la salud y la vida de los guatemaltecos. pic.twitter.com/V5hI7UpnOS

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) March 31, 2025

CC OTORGÓ AMPARO

Asimismo, la Cámara recordó que la CC otorgó, el pasado 28 de marzo, una medida provisional al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en la que se ordena garantizar el derecho a la salud, la vida y la integridad de la población.

«Estos derechos están siendo gravemente vulnerados por los bloqueos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala», afirmó la CIG en su comunicado.

#NoMásBloqueos | Los bloqueos ilegales afectan la movilidad, la salud y la vida de los guatemaltecos. Guatemala debe seguir avanzando. pic.twitter.com/LgYCzrbBJY

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) March 31, 2025

PIDE ACCIÓN DEL GOBIERNO

Ante la situación de los bloqueos anunciados que comienzan a surgir en distintos puntos del país, la CIG hizo un llamado urgente al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, al Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y a la Policía Nacional Civil (PNC) para que actúen de inmediato y restauren el orden.

«No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de los guatemaltecos», enfatizó la organización y reiteró su rechazo a cualquier acción que vulnere los derechos de la población y resaltó la necesidad de que las autoridades cumplan con su mandato constitucional.