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Más allá de la deuda, los CODEDES: los argumentos de Barrientos (ICEFI) y Leal (JM) por el Presupuesto 2027

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Más allá de la deuda, los CODEDES: los argumentos de Barrientos (ICEFI) y Leal (JM) por el Presupuesto 2027
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La discusión sobre el endeudamiento previsto en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 llegó a la Junta Monetaria (JM) con cuestionamientos sobre sus posibles efectos en la liquidez, el crédito al sector privado y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el análisis también abre otra interrogante: cuáles serán los […]

La discusión sobre el endeudamiento previsto en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 llegó a la Junta Monetaria (JM) con cuestionamientos sobre sus posibles efectos en la liquidez, el crédito al sector privado y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, el análisis también abre otra interrogante: cuáles serán los beneficios económicos y sociales que obtendrá el país a cambio de contratar Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro.

Mientras Luis Fernando Leal, representante del sector privado ante la JM, considera que la evaluación técnica no desarrolla suficientemente las implicaciones monetarias y financieras del financiamiento, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), sostiene que el análisis del endeudamiento debe ir más allá de los riesgos de liquidez y establecer qué resultados concretos generará ese gasto.

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Leal explicó que la opinión contenida en el acta CT-11/2026 identifica riesgos asociados al financiamiento del presupuesto, pero considera que no presenta una evaluación suficiente de sus implicaciones.

Aclaró que sus cuestionamientos no representan una objeción al endeudamiento en sí mismo ni al presupuesto, cuya aprobación corresponde al Congreso de la República.

El punto central, sostuvo, es que la Junta debe evaluar cómo las decisiones fiscales inciden en la balanza de pagos, la liquidez y la estabilidad monetaria.

La votación, según indicó fue de cinco votos a favor contra tres. Los tres votos razonados fueron del sector privado, la banca y la Usac.

El proyecto de presupuesto asciende a Q192 mil 045 millones, equivalentes a aproximadamente el 17.6% del producto interno bruto (PIB), según indicó Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica de CACIF hace unas semanas.

El monto dijo el analista supera en 13.8% el presupuesto vigente de 2026 y en 24% el que fue aprobado inicialmente para ese año.

La deuda, según la propuesta sería de Q42 mil 750 millones en Bonos del Tesoro, de los cuales más de la mitad se destinaría a gasto de funcionamiento, según un análisis presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

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ICEFI PIDE DETALLES DE GASTO, TIEMPOS Y RETORNO

Barrientos considera que la primera pregunta que debe responder el Ejecutivo es qué gana Guatemala con ese monto de deuda pública bonificada.

Desde su perspectiva, la pertinencia de una inversión no se determina por el monto ni por la naturaleza de su financiamiento, sino por el retorno económico, social y fiscal que produce.

Según su criterio, el Gobierno debe explicar cuáles serán los productos y resultados que se obtendrán con esos recursos, así como presentar los calendarios de desembolsos y ejecución.

Sin esa información, como lo ha reiterado en varios ocasiones, no es posible establecer si el costo del endeudamiento está justificado.

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ALCANCE DE LA OPINIÓN DE LA JUNTA MONETARIA

La opinión de la JM sobre el proyecto de Presupuesto 2027 no constituye una valoración sobre el contenido general del gasto público.

Se limita a las operaciones de financiamiento previstas, entre ellas la contratación de préstamos, la emisión de Bonos del Tesoro y las Letras de Tesorería.

Esta delimitación se fundamenta en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto 16-2002, que establece que la opinión debe considerar la incidencia de las operaciones crediticias sobre la balanza de pagos, el volumen del medio circulante y el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central: mantener la estabilidad en el nivel general de precios.

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Consultada por La Hora antes de que la Junta emitiera su opinión técnica, la entidad señaló que las principales variables macroeconómicas utilizadas para formular el proyecto presupuestario son consistentes con el escenario previsto para 2027.

No obstante, Barrientos considera que esa evaluación, aunque necesaria dentro de las atribuciones de la autoridad monetaria, no agota el análisis del endeudamiento.

Explicó que los riesgos monetarios son solo una parte de los elementos que deben examinarse, pues también existen riesgos fiscales y efectos económicos asociados al destino de los recursos.

LIQUIDEZ Y DESPLAZAMIENTO DEL CRÉDITO

Uno de los aspectos señalados en la discusión es el efecto que tendría la contratación de deuda externa.

Cuando los recursos provenientes de préstamos o bonos internacionales ingresan al país, se convierten a quetzales y posteriormente se ejecutan, aumentan la liquidez en el sistema financiero.

Ese excedente puede requerir operaciones de estabilización monetaria por parte del Banco de Guatemala para evitar presiones sobre la liquidez.

Para 2027 se prevé un incremento de Q2 mil 571.6 millones en estas operaciones.

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En el caso de la deuda interna, el riesgo identificado es que el Gobierno compita con el sector privado por los recursos disponibles en el mercado financiero.

Esta situación puede presionar las tasas de interés y limitar el financiamiento para empresas y hogares, un fenómeno conocido como desplazamiento del crédito privado.

Leal señaló que el propio anexo 12 del dictamen reconoce ese riesgo.

Barrientos por su parte también se refirió al desplazamiento de la inversión privada o crowding out, particularmente ante la posibilidad de que los bancos comerciales encuentren más atractivo prestarle al Gobierno que financiar a empresas o familias.

Explicó que el endeudamiento mediante bonos puede representar un costo mayor que el de obtener préstamos de organismos multilaterales, tanto por las tasas de interés como por los plazos de pago, que suelen ser más favorables en el caso de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.

Sin embargo, señaló que el riesgo de desplazamiento depende de las condiciones de liquidez del sistema financiero.

Según su interpretación del análisis del Banco de Guatemala, la autoridad monetaria considera que existe suficiente liquidez para atender la demanda de financiamiento del Gobierno y del sector privado, por lo que los riesgos monetarios serían bajos.

Para Barrientos, esa conclusión no significa que el endeudamiento esté justificado desde el punto de vista fiscal o económico. La disponibilidad de recursos en el sistema financiero no responde por sí sola a la pregunta de qué beneficios obtendrá el país por asumir esa deuda.

DÉFICIT Y CAPACIDAD DE PAGO BAJO OBSERVACIÓN

Otro de los cuestionamientos de Leal se refiere al crecimiento del déficit fiscal. La propuesta presupuestaria para 2027 contempla un déficit equivalente al 4.4% del producto interno bruto (PIB), porcentaje que compara con el 2.6% proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A esto se suma la relación entre la deuda pública y los ingresos del Estado. De acuerdo con Leal, este indicador llegaría a 231.5%, por encima de la referencia de 230% utilizada para países comparables.

El representante aclaró que superar ese parámetro no significa que el país se encuentre en una situación de insolvencia, pero considera que constituye una señal para actuar con prudencia y evaluar escenarios de estrés que permitan establecer la capacidad de pago del Estado ante posibles cambios en las condiciones económicas y financieras.

Desde ICEFI, el análisis incorpora otro componente: el costo de asumir el endeudamiento y la capacidad del Estado para traducirlo en resultados.

Para Barrientos, no basta con determinar si existen recursos disponibles para financiar al Gobierno; también debe establecerse si los beneficios económicos, fiscales y sociales compensarán los compromisos que adquirirá el país.

DEUDA SE JUSTIFICARÍA CON BASE A RESULTADOS

La composición del gasto y el destino del financiamiento constituyen uno de los principales puntos de coincidencia entre los cuestionamientos planteados por Leal y el análisis de ICEFI.

De los Q42 mil 750 millones previstos en bonos del Tesoro para 2027, alrededor de Q22 mil 915 millones, equivalentes al 53.6%, se destinarían a financiar gasto corriente.

Otros Q9 mil 405 millones, cerca del 22%, corresponderían a inversión, mientras que aproximadamente Q10 mil 260 millones, el 24%, se utilizarían para pagar deuda.

Barrientos recordó que ICEFI ha documentado esta distribución y cuestiona que más de la mitad del financiamiento bonificado se destine a funcionamiento.

No obstante, aclaró que el uso de deuda para financiar ese tipo de gasto no debe evaluarse únicamente por su clasificación presupuestaria, sino por los resultados que podría producir.

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Como ejemplo, planteó que si el endeudamiento permitiera financiar programas capaces de reducir la desnutrición crónica infantil o construir infraestructura necesaria para el país, el beneficio podría justificar incluso un monto mayor de financiamiento.

El problema, señaló, es que el Ejecutivo no ha explicado con suficiente detalle cuáles serán esos resultados.

Leal, por su parte, señaló que el gasto de funcionamiento del proyecto presupuestario aumenta 16.1%, mientras que el gasto de capital crece únicamente 1.3%.

Para el representante del sector privado ante la JM, esta diferencia cobra relevancia porque parte de los recursos provenientes de la colocación de bonos se destinaría a financiar gastos de funcionamiento, lo que abre cuestionamientos sobre su correspondencia con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Barrientos también recordó que ICEFI ha señalado la existencia de excepciones a la prohibición de financiar determinados gastos con deuda. En ese sentido, considera necesario examinar las condiciones bajo las cuales se están autorizando esos recursos y, sobre todo, qué productos y resultados respaldan su utilización.

ICEFI INSISTE EN CODEDES Y OTROS GASTOS

La necesidad de conocer el destino específico de los recursos es otro de los planteamientos de Barrientos. Como ejemplo, mencionó los Q4 mil 800 millones asignados a la modernización de Puerto Quetzal.

Aunque reconoció que se trata de una obra necesaria, cuestionó que no se conozca con suficiente detalle el calendario de desembolsos, la estructura programática del gasto ni cuánto de ese monto se ejecutará efectivamente durante 2027.

Según explicó, la información disponible sobre el proyecto apunta a que durante ese año podrían desarrollarse estudios y diseños, sin que necesariamente comiencen las obras de construcción. Por ello, considera necesario conocer qué productos se financiarán y cuándo se ejecutarán los recursos.

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El representante de ICEFI también mencionó los Q3 mil 300 millones previstos para iniciativas vinculadas con alianzas público-privadas y planteó la necesidad de contar con un inventario de proyectos y un calendario de ejecución.

La preocupación es que los recursos presupuestados que no lleguen a ejecutarse puedan terminar canalizados mediante nuevas asignaciones extraordinarias a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE).

De hecho, Barrientos considera que este último tema representa una preocupación mayor que los riesgos monetarios asociados al endeudamiento.

ICEFI ha advertido sobre las asignaciones extraordinarias a los consejos y la necesidad de mejorar la planificación y ejecución de la inversión pública.

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Los análisis del ICEFI, refieren que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) podrían llegar a administrar entre Q17 mil millones y Q20 mil millones en 2027, si se aprueba un nuevo aporte extraordinario y se suman los saldos pendientes de años anteriores.

«Hemos escuchado en el Congreso es que podría haber un nuevo aporte extraordinario de entre Q5 mil millones y Q7 mil millones. Eso sería preocupante, porque ya hemos advertido sobre el crecimiento de estas asignaciones y las dificultades para ejecutarlas», refirió.

Los aportes extraordinarios son hoy 39 veces más grandes que en 2021, un crecimiento de aproximadamente 3 mil 900%. En términos de asignación presupuestaria total, los recursos para los consejos pasaron de alrededor de Q3 mil millones en 2021 a más de Q15 mil millones a 2026

LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA

Los planteamientos de Leal y Barrientos sitúan la discusión en dos ámbitos relacionados, pero distintos.

Por una parte, la JM debe evaluar los efectos de las operaciones de financiamiento sobre la balanza de pagos, el medio circulante, la liquidez y la estabilidad de precios, dentro de las atribuciones que le confiere la ley.

Por otra, el análisis fiscal debe establecer si el volumen de deuda previsto, su costo y el destino de los recursos se traducirán en beneficios que justifiquen los compromisos adquiridos por el Estado.

Para Leal, la evaluación técnica de la Junta debe profundizar en los efectos monetarios y financieros del endeudamiento.

Para Barrientos, el Ejecutivo debe explicar qué resultados económicos, sociales y fiscales respaldan la contratación de Q42 mil 750 millones en bonos y demostrar que los recursos podrán ejecutarse conforme a lo previsto.

La discusión, por tanto, no se limita a determinar si el sistema financiero tiene capacidad para absorber la deuda, sino también a establecer qué recibirá Guatemala a cambio de asumirla y si el presupuesto cuenta con proyectos, metas y calendarios que permitan verificar esos resultados.

PREVÉN RECORTE DE Q5 MIL MILLONES

Consultada este lunes, la Comisión de Finanzas del Congreso, refirió que aun no reciben la opinión de la Junta Monetaria.

Según publicó La Hora la semana pasada se prevé una reducción de hasta Q5 mil 800, aunque se debe esperar al dictamen de la Comisión de Finanzas como lo dijo el presidente del Congreso, Luis Contreras.

El presidente de la Comisión, Guillermo Ralda, aclaró que se recibirá el documento oficial la próxima semana con el monto de la reducción, por lo que la cifra aún no está confirmada.

PRESIONES INFLACIONARIAS PERSISTEN

El problema del déficit propuesto para 2027, no sólo es su elevado nivel, refirió Erick Coyoy, coordinador del Departamento de Investigación de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

En su opinión, este no tiene justificación en un año con tanta incertidumbre en el entorno mundial, sino que además puede implicar mayores costos de financiamiento, debido a que no terminan de eliminarse las presiones inflacionarias, y persiste la tendencia para el alza de las tasas de interés

«Este año ya se ha registrado un aumento de las tasas activas que cobran los bancos», refirió.

El investigador dijo que no sólo aumentará el nivel de deuda sino también el costo de ese financiamiento e indicó que el análisis que aprueba la JM debe ser integral y abarcar todas las implicaciones del endeudamiento que propone el Ejecutivo.

En este caso parecen haber ignorado la situación actual del mercado financiero, dónde ya hay aumento de la tasas de interés activas, y que podrían ser mayores el próximo año si persisten las presiones inflacionarias y los bancos centrales seguirán aumentando sus tasas de política monetaria

El Banguat, indicó, también debe analizar la sostenibilidad de la deuda pública y no limitarse al monto de los bonos solicitados para el próximo año.

«El hecho de que la deuda siga aumentando mientras los ingresos fiscales permanecen casi constantes en relación con el PIB, es un indicador que no debería ignorarse». El FMI, recordó, plantea que la relación deuda/ingresos fiscales no debe superar el 250% y en Guatemala nos acercamos gradualmente a ese límite dada la tendencia creciente de la deuda en este periodo de gobierno

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