Un presupuesto no es una colección de bolsones clientelares. El gasto público no es un pretexto para el reparto politiquero de fondos aportados por los tributantes. El erario no es un arca abierta donde diputados inescrupulosos aprovechan para resarcirse de sus deudas. Y, por supuesto, Guatemala no necesita, ni desea, otro madrugón lesivo como el perpetrado hace un año para un autoaumento salarial legislativo que era, es y será siempre una afrenta ante las ingentes necesidades de la ciudadanía más vulnerable.

Poco a poco, entre pretextos y reyertas fingidas empieza a asomarse esa vieja maña de dejar para última hora la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026, el cual es notoriamente deficitario, con la misma pizca mezquina destinada a inversión y con enormes botines de discrecionalidad, como el gasto de arrastre sin ejecutar de Codedes incompetentes al cual se suma nueva asignación: en síntesis, una yuxtaposición de rubros de gasto contra el cual, en otro tiempo, habría puesto el grito en el cielo el actual oficialismo. Vaya incoherencia.

El escenario legislativo ya enciende alarmas: la Comisión de Finanzas sigue sin emitir dictamen a 12 días o cuatro plenarias del cierre del período ordinario de sesiones. Las discusiones son bizantinas, los pulsos entre bancadas son una ficción para enmascarar el intento de pasar el Presupuesto 2026 “de urgencia nacional”, en una sola sesión, con toda la ensarta de enmiendas improvisadas, como la del abyecto autoaumento. ¿De qué sirven mesas de análisis si no se aplican las recomendaciones? Es impúdico tanto sainete para decidir a contrarreloj entre acuerdos opacos echarle nuevas cargas de deuda pública al Pueblo de Guatemala.

Diversos sectores han expresado preocupaciones justificadas: la Cámara de Industria de Guatemala señala que el plan de gasto del Ejecutivo incrementa la deuda pública, destina la mayor parte de fondos a sostener burocracia y deja de lado la inversión. Por si fuera poco, se han urdido bolsones especiales difíciles de fiscalizar, ampliaciones ambiguas y también recursos para megaproyectos que ya van tarde y cuyo plazo de ejecución es incierto porque aún hay que hacer licitaciones. Ya casi se acerca la mitad del período y los proyectos previos de obra vial continúan varados o con escaso avance.

Aprobar el Presupuesto sin las tres lecturas reglamentarias abre la puerta a reorientaciones sin análisis técnico. La ciudadanía debe ganarse con esfuerzo el pan diario bajo el asedio de extorsionistas, con costos adicionales a causa del gasto extra de combustible por la falta de vías alternas y, además de generar recursos para cubrir otras necesidades, también cumple con sus impuestos. En efecto, este año hay una recaudación récord, pero no hay dinero que alcance si es para una piñata de ineptos y avorazados.

La Comisión emite un dictamen que el pleno puede modificar o no, de cara a la ciudadanía en las tres lecturas reglamentarias. En esta discusión se deben colocar candados de eficiencia y plazos a los recursos. La práctica de trasladar fondos ediles sin ejecutar debe cesar, simplemente porque es ilegal e inconstitucional. La ciudadanía no quiere más sorpresas onerosas. El ciudadano quiere y necesita que cada quetzal se traduzca en resultados reales. La competitividad nacional no puede seguir dependiendo de suposiciones. El oficialismo adeuda demasiados resultados en obra pública como para continuar apañando apuestas que terminan cargadas a espaldas del guatemalteco productivo.