En el análisis ALas845 conversamos sobre, “Mara 18: del crimen organizado al terrorismo, ¿Qué cambia para Guatemala?”.

Los invitados en esta ocasión fueron, Arturo Miranda, doctor en Derecho; y Luis Enrique Amaya, miembro de la Iniciativa Global en Contra del Crimen Organizado Transnacional.

En el espacio se discutió la reciente designación por parte del gobierno estadounidense de la pandilla del Barrio 18 como una organización terrorista, y las implicaciones para el país. Por lo pronto, el Ministerio de Gobernación se pronunció respaldando la medida. Y en horas de la noche, el Congreso aprobó un punto resolutivo para exhortar al Ejecutivo a realizar la misma designación.

Miranda indicó que la declaratoria de EE.UU. nace, no como una orden ejecutiva desde Donald Trump, sino que está creada desde el 2001 tras el ataque al World Trade Center.

“Es una herramienta que le da al gobierno para combatir a organizaciones terroristas, además de los recursos. Nosotros lo designamos el delito diferente en el Código Penal. El término es diferente en Guatemala así que no es compatible. Las maras iniciaron desde 1976 con los asentamientos, lo que creó una subdivisión social, con los denominados breaks. La falta de tratamiento generó una bola de nieve”, dijo.

Añadió que la Ley de delincuencia organizada, sí puede dar herramientas para esta designación como un crimen organizado.

Amaya, desde El Salvador, narró la experiencia de su país y su homologación con la decisión del gobierno de Trump.

“La MS 13 forma parte de la lista del Departamento del Tesoro desde el 2012 y desde su inclusión no vimos una mayor diferencia en el manejo del problema. No hay que considerar que ser incluido en esta lista o en la del Departamento de Estado, sea un cambio muy drástico en nuestros países. No generará automáticamente un cambio en la práctica pero hay un efecto importante en la narrativa que es clave para impulsar medidas particulares dentro de los países”, dijo.

Miranda señaló que hay dos implicaciones con la declaratoria, pero estuvo de acuerdo que no hay alguna directa.

“Para que haya un verdadero impacto, tiene que haber un cambio interno en el país, en política criminal. En ese caso, como lo hizo El Salvador, deben cambiar muchas de las normativas. Las herramientas que tiene el Ejecutivo ahora es la prevención del delito y la forma de internar a estas maras, pero toca al Sistema Penitenciario, para que se puedan confinar en centros definidos”, explicó.

El experto salvadoreño insistió en que no existe “relación causal” entre las medidas tomadas por EE.UU. y en El Salvador. “Los cambios significativos en el país, ocurren desde el estado de excepción que ocurre en el 2022. Estas medidas de EE.UU. son en general, y pudo haber tenido efectos en otros países en donde está la MS 13, por ejemplo. Solo sirven como un insumo más para fortalecer contra estos grupos desde los gobiernos para hallar medidas eficaces. Es un insumo pero nada más”, resaltó.

La lista OFAC, desde el Departamento del Tesoro, si bien es cierto “no tiene injerencia” con las normas del país, los bancos del sistema sí pueden ser sancionados, señaló Miranda.

“Ninguna institución se prestaría a esto, pero incluirlos en esta lista es severo. Uno de los otros efectos de esta orden de las pandillas, es alertar a otros gobiernos sobre las preocupaciones. EE.UU. le dice a Guatemala que tiene un problema con estos grupos y debe tomarlo en cuenta. El Congreso le tira la chibolita al Ejecutivo pero ha engavetado iniciativas. No hay que esperar que el vecino del norte tenga que obligar a esto”, dijo.

Miranda enfatizó que la designación no significa que Estados Unidos pueda ingresar a un país para combatir a las pandillas, o como se piensa podría ocurrir en México con los cárteles.

“Las maras son transnacionales, y se dedican al narco y a la trata y asesinatos. Eso es cierto. No es de darle más vueltas que es crimen organizado. Cometen una serie de delitos. Si queremos tener una seguridad interna, es que desde la cárcel no se siga delinquiendo”, enfatizó.

Miranda aceptó que la designación de EE.UU. causa revuelo aunque no injerencia directa, pero resalta “un cambio radical”.

“Si nosotros queremos un cambio en el país, porque la gente ya está tomando la justicia por su mano, se debe cambiar la política criminal, y luego fortalecer al MP en su investigación y a la PNC para inteligencia criminal. Y luego un centro carcelario adecuado”, declaró.

La entrevista completa: