Varias son las observaciones planteadas a la decisión de la mayoría de los miembros del Directorio, en la cual se estableció que la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp) funcione como unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y no con autonomía e independencia.

Los planteamientos de los consultados anticipan que será inviable la nueva institución creada con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Livp), aprobada por el Congreso de la República en el 2024, y que actualmente se encuentra en fase de preparación de su normativa y gestión del primer desembolso presupuestario, por Q30 millones para este año.

La decisión fue tomada por los directores titulares de los ministerios de Economía, Comunicaciones y Finanzas, así como por el representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala, durante una votación celebrada el pasado 2 de septiembre.

Esta determinación —de operar como una unidad ejecutora— desvirtúa el espíritu con el que fue concebida la Dipp: una institución desconcentrada del Gobierno que permitiría agilidad en contrataciones de bienes y servicios, y el reclutamiento de personal técnico especializado.

Así lo expresan especialistas y representantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), quienes coinciden en que esta nueva institución ahora se aleja de tener la capacidad de tomar sus propias decisiones en materia de contratación.

Ahora, todos los procesos administrativos deberán ser autorizados por el despacho del CIV o por el viceministro de Infraestructura.

Además, el personal técnico contratado estará sujeto al régimen salarial vigente en esa cartera, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), por lo que no podrá recibir salarios por encima del promedio. Esta condición, advierten, dificultará la atracción de talento especializado.

En la propuesta del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026, el Ministerio de Finanzas (Minfin) programó la asignación de Q2 mil 102.2 millones a la Dipp.

Alertan por retroceso en modelo de la Dipp

“Es lamentable que el Directorio haya decidido que la Dipp quede como una unidad ejecutora en el CIV. Los representantes del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) votaron en contra de esta propuesta, ya que desvirtúa el propósito de brindarle autonomía funcional, económica y técnica a la Dirección, un elemento fundamental para formular y ejecutar los proyectos viales prioritarios que necesita el país”, reaccionó Enrique Font, presidente de la CIG.

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, también es lamentable que el Gobierno no haya cumplido con la ley. “Lastimosamente, se obvió lo que textualmente dice la ley: que la Dipp tenía que ser una entidad desconcentrada y especializada. Esta aberración que están dejando no solo va en contra del espíritu de la ley, sino que podría derivar en delitos penales, al no poder ejecutar el Fondo de Infraestructura Vial el próximo año”.

Recordó que, para este ejercicio fiscal, no se han trasladado los recursos necesarios para empezar a funcionar por parte del Ministerio de Finanzas, ni se ha logrado contratar a la gerente designada, Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado.

El CIV no respondió a una solicitud planteada a la viceministra de Infraestructura, Norma Lissette Zea Osorio, en relación con la votación.

Funcionalidad de la Dipp queda en duda

Los consultados ya advierten un escenario de posibles implicaciones sobre el funcionamiento de la Dipp, al quedar como una dependencia del CIV.

“Esto va a representar un total retraso para la inversión y probablemente habrá una dificultad muy importante para implementar los recursos del fondo, así como para poder respetar el Servicio Civil que propone la ley”, apunta Zapata.

Font considera que habrá complicaciones importantes para la operación de la Dirección, tanto a nivel de funcionamiento como presupuestario.

“Al ser una unidad ejecutora, las decisiones tomadas por el Directorio de la Dipp deberán ser luego aprobadas por el ministro de Comunicaciones, restando así independencia y agilidad. Esto generará obstáculos importantes para su funcionamiento y uso de los recursos financieros”, advirtió el presidente de la CIG.

Ejemplificó que el Plan de Infraestructura Vial Prioritaria no pasaría únicamente por el Directorio tras ser elaborado por el equipo técnico de la Dipp, sino que también tendría que validarse en la Unidad de Planificación. Lo mismo ocurriría con el uso de fondos, ya que tendría que operar a través de la Unidad de Administración Financiera del CIV.

Livp pierde fuerza con adscripción al CIV

Otro de los señalamientos es que, al ser una unidad adscrita al CIV, quedará en un limbo la representación legal de la Dirección, en el sentido de quién ejercerá como representante: si la gerente o el ministro, en relación con sus decisiones y el marco legal correspondiente.

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Livp), en su artículo 19, define a la gerente como la autoridad administrativa superior. Sin embargo, queda la duda de cómo se ajustará ese mandato dentro de la estructura jerárquica del CIV.

También existen elementos específicos que generan preocupación. Por ejemplo, el artículo 24 de la misma ley menciona una excepción ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) para la contratación de expertos y especialistas. No obstante, ahora la Dirección deberá someterse a los procedimientos de otras dependencias, lo que imposibilitará aplicar dicha excepción.

Desde el punto de vista legal y operativo, la funcionalidad de la Dipp —tal como fue concebida en la ley que la creó— se perfila cada vez más parecida a la de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

Piden revisar legalidad del modelo de la Dipp

Los usuarios también exponen sus preocupaciones sobre las operaciones futuras de la Dipp, una vez estructurada, y tras la decisión adoptada por los actuales miembros del Directorio.

“En los siguientes ejercicios fiscales tendremos que analizar a profundidad este tema, considerando la información de que la Dirección será una unidad ejecutora, ya que definitivamente genera una camisa de fuerza para su ágil operación y provocará dificultades importantes para la puesta en marcha de los proyectos”, recalcó Enrique Font.

Juan Carlos Zapata, por su parte, considera que “se debe evaluar si la ruta escogida es siquiera legal, o si quienes firmaron cometieron una ilegalidad al no respetar el espíritu de la ley. Seguramente será un tema que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tendrán que resolver, porque no se está respetando lo que los legisladores aprobaron, y eso es grave”.

Además, otros especialistas indican que la hoja de ruta dependerá de analizar si la decisión actual realmente está apegada a la Livp o si se aparta de ella. De ser así, deberá recalibrarse la decisión. Si se confirma que es viable, se tendrá que realizar la evaluación de la red vial —como lo dicta la ley— y priorizar los tramos más dañados, así como desarrollar los proyectos de mayor impacto.

Los entrevistados recomiendan comenzar con la reparación, mantenimiento y señalización de las rutas CA-1 (Oriente y Occidente), CA-2 y CA-9 (Sur y Norte), por ser algunas de las más transitadas.

También consideran clave la implementación de proyectos como el Anillo C-50, que mejoraría la movilidad a nivel nacional. Además, se debe priorizar aquellos planes que apoyen la movilidad metropolitana, como la Vía Exprés y el Arco Norte, se concluyó.