Tras notificar la resolución de la Corte de Constitucionalidad a favor de otorgar un amparo provisional a la fiscal general, Consuelo Porras, para evitar su remoción del cargo, la Procuraduría General de la Nación presentó una solicitud de ampliación y aclaración. Esto con el fin de obtener una explicación más detallada sobre las órdenes dadas por los magistrados al conceder la protección constitucional.

Sin embargo, el tribunal constitucional declaró sin lugar la petición de la Procuraduría. Argumentaron que la resolución emitida la semana pasada contiene todos los argumentos y explicaciones necesarias para su comprensión y cumplimiento, según lo determinado por los magistrados.

De acuerdo con lo resuelto por la corte, las autoridades gubernamentales deben cumplir los siguientes puntos:

1. Observar de manera irrestricta el sistema republicano, democrático y representativo, garantizando la alternabilidad en el ejercicio del poder, conforme a lo establecido en la Constitución.
2. Abstenerse de realizar actos fuera del marco constitucional y legal que atenten contra el mandato de la fiscal.
3. Evitar acciones que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público.
4. Garantizar la provisión de fondos para la correcta ejecución presupuestaria del Ministerio Público.
5. Resguardar, si es necesario, el acceso de usuarios y personal a cualquier instalación del Ministerio Público.

Con el rechazo de la petición de la Procuraduría General de la Nación, el amparo provisional sigue su curso. Ahora se espera la presentación de todas las demás argumentaciones para que la corte analice y determine de forma definitiva si se otorga el amparo solicitado a la fiscal.

Por: Sergio Osegueda