Amplio revuelo e interpretaciones, desde la rotunda negación oficial hasta las recriminaciones detractoras, originó la declaración de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una entrevista, acerca de la existencia de un puente aéreo de tráfico de drogas desde la Venezuela de Nicolás Maduro, que tendría escala en Honduras y Guatemala, bajo supuestos sobornos a autoridades locales. La cancillería guatemalteca refutó el señalamiento y argumentó que el espacio aéreo guatemalteco está cerrado a todo vuelo ilícito y añadiendo que el seguimiento de trazas aéreas ilegales se efectúa en colaboración con agencias de EE.UU.

Para apoyar esta lectura de seguridad se proveyó un dato, el cual fue elocuente y a la vez mecha de sospechas, según el bando: solo se ha detectado un vuelo ilícito en 19 meses, mientras que en gobiernos anteriores hubo decenas de reportes por año. Queda en manos de la gestión bilateral obtener más datos de este señalamiento, para verificar su actualidad, veracidad y registro de origen. Claro que, con la actual tónica de la administración Trump será complicado obtener confirmación.

Para saber que no eran 14 sino 249 los connacionales recluidos en la abyecta prisión Alligator Alcatraz – pesar de tener serios cuestionamientos humanitarios, a la cancillería le llevó más de un mes. Entonces, lograr datos de inteligencia ofensiva antinarco podría ser misión imposible. Y allí radica el repentino apuro en el cual se ve el gobierno de Bernardo Arévalo, que hasta ahora había tenido una relación bastante aquiescente con Washington. La visita del Secretario de Estado Marco Rubio en febrero fue un espaldarazo y algo similar la de Kristi Noem, Secretaria de SEguridad Nacional, a fines de junio, con quien se firmaron acuerdos de colaboración.

Lo mismo cabe decir de la contratación del Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. para la ampliación de Puerto Quetzal o la reciente visita de delegados del Departamento de Seguridad Nacional para verificar los protocolos de revisión o l. Tendría que ser un desplante de insensatez cualquier connivencia de autoridad alguna con grupos criminales a cambio de coimas. A la vez, en la dificultad está la oportunidad y este puede ser el momento de auditar las acciones de la jerarquía de seguridad interior y fronteriza, para asegurar probidad y desempeño. Cabe recordar la narcobalacera del 8 de junio último, en La Mesilla, en la cual quedó en entredicho el actuar de policías y soldados guatemaltecos.

Si se pone atención a la traducción exacta de la declaración de Pam Bondi, ella alude a un puente aéreo de drogas de Venezuela hacia Honduras -país que también ya emitió su repudio a la aseveración- “que luego pasan a Guatemala y después a México”, dijo textualmente. Y sin prejuicio de la revisión ya mencionada, también se debe tomar en cuenta la incidencia de narcocampañas y narcopartidos -como la extinta UCN, cuyos congresistas fueron adoptados por otras bancadas- para la elección de alcaldes y diputados, sobre todo de áreas fronterizas o rutas de trasiego. Ya hay expresidenciables, exdiputados, exalcaldes y excandidatos a alcalde confesos de narcotráfico o lavado de narcofondos.

En política no hay coincidencias y menos si es exterior. La declaratoria como terroristas del cartel de los Soles, el 25 de julio último, encabezado -según EE.UU- por el presidente Nicolás Maduro -por quien ofrece US$50 millones de recomensa-, representa la más fuerte ofensiva de la potencia norte contra un régimen señalado de narco. Quizá Bondi solo quería sacudir el árbol y vaya que causa revuelo.