Desde el pasado 16 de julio, tras el desalojo del Palacio Nacional de la Cultura, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) inició una caravana desde distintos puntos del país.

Este viernes 18 de julio, como respuesta a las múltiples acciones de la organización sindical, el Gobierno reiteró que actuará con base a la ley para que el derecho de manifestación no interfiera con otros derechos, tal y como han sido ordenados judicialmente.

Estas órdenes incluyen una de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se haga uso del mecanismo correspondiente para liberar los bloqueos, como ocurre actualmente con las caminatas, y también los bloqueos desde el pasado 10 de julio.

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Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, expresó que «se privilegiará salvaguardar los derechos constitucionales, el de manifestación, pero que esto no implica trastocar la libertad de locomoción».

El vocero presidencial indicó que eran dos puntos bloqueados de acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), uno en Chiquimula y uno en Zacapa.

De acuerdo con la información actualizada en Provial, son tres puntos de bloqueo, en Río Hondo y Estanzuela, Zacapa; y en Jutiapa. No obstante, no incluye la caminata que viene desde la dirección departamental de Huehuetenango, que ha mostrado fuerte apoyo al dirigente, Joviel Acevedo.

#AhoraLH l Sobre los puntos de manifestación por el STEG, Santiago Palomo indicó que se actuará con base a la ley y a las órdenes judiciales. «Lo cierto es que son marchas muy pequeñas, estrategias fallidas. Jovieltenango ya se ha reducido como pueden ver».

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— Diario La Hora (@lahoragt) July 18, 2025

«MARCHAS PEQUEÑAS Y ESTRATEGIAS FALLIDAS»

«Son marchas muy pequeñas, se suma a una serie de estrategias fallidas por parte del STEG. Jovieltenango ya se redujo como pudieron ver (…), estamos viendo que este esfuerzo es cada vez más débil, cada vez más maestros están en su aula de clases», agregó Palomo.

EL DESALOJO Y LAS MULTAS

El desalojo dio inicio el pasado martes 15 de julio, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) comenzó a desalojar los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura para analizar los daños en el Patrimonio Cultural.

Este desalojo se dio tras la noticia de la CC que le ordena al sindicato a que se cese cualquier amenaza para el detrimento del derecho a la educación.

Sumado, el jueves 17 de julio, se dio el seguimiento a las multas impuestas por el Juzgado Quinto de Trabajo, ordenando a al menos 850 afiliados paguen la respectiva multa de Q4 mil a la CC.

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