La Junta de Disciplina Judicial investiga a dos jueces en Cobán por presunto consumo de alcohol en horario laboral y la presencia de menores en el juzgado. Testimonios señalan que incluso permitieron que la pareja de uno de ellos residiera en las instalaciones.

La Junta de Disciplina Judicial investiga a los jueces Walter Fabricio Rosales Hernández y José Alfredo Quiñónez Lemus por presunto consumo de alcohol en horario laboral y conductas inapropiadas con menores dentro de las instalaciones judiciales de Cobán, Alta Verapaz.

En una audiencia realizada este viernes, un testigo afirmó que ambos jueces, adscritos al Tribunal Primero y Segundo de Sentencia Penal, llegaban a trabajar en estado de ebriedad de manera recurrente. Además, señaló que dentro de sus despachos se realizaban reuniones sociales con participación de personal judicial y abogados, situación que —según la declaración— era conocida por los acusados.

Las denuncias también incluyen testimonios sobre la presencia de menores en el juzgado. Uno de los relatos más graves indica que la pareja de Quiñónez Lemus residió temporalmente en las instalaciones y que, en algunas ocasiones, se le observó en el edificio vistiendo solo una toalla. Estos hechos habrían ocurrido con el conocimiento y la tolerancia de los jueces investigados.

Este proceso disciplinario se originó a raíz de denuncias presentadas en 2023, las cuales señalan que los jueces y otros funcionarios judiciales mantenían relaciones sentimentales con menores de edad y consumían alcohol en horario laboral. El auxiliar judicial Leonardo Pop Cao fue sancionado por salir de una cantina en horario de trabajo, mientras que Yvette Matta, secretaria del Juzgado de Paz, recibió una sanción por advertir sobre la llegada de supervisores.

En la audiencia también se presentó un testimonio que afirmó que las reuniones sociales, en las que se ingería alcohol, ocurrían con frecuencia los fines de semana

A raíz de la gravedad de los señalamientos, la Junta de Disciplina Judicial está recopilando más pruebas para determinar si los jueces enfrentan sanciones disciplinarias o si el caso será trasladado al Ministerio Público para una investigación más profunda.

Por Andrea Palacios