Durante el primer periodo del republicano Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos (2017-2021), por lo menos siete políticos y una magistrada fueron sancionados con el retiro de la visa e incluidos en listas de señalados de corrupción por los departamentos de Estado y del Tesoro.

No obstante, algunos de los que fueron tachados e incluidos en estos listados celebraron desde las primeras horas del miércoles 6 de noviembre la victoria de Trump en las elecciones presidenciales en EE. UU., frente a la candidata demócrata Kamala Harris.

En ciertos sectores sociales del país existe la percepción de que, con un gobierno de Trump disminuirá la lucha contra la corrupción o que Guatemala perderá a un aliado en esta batalla. Bajo la administración de Joe Biden más de 300 actores señalados de corruptos o antidemocráticos fueron sancionados.

Además, el año pasado, EE. UU. y muchos otros países del mundo (en especial los que conforman la Unión Europea) fueron un aliado fundamental para garantizar el traspaso de mando hacia el presidente Bernardo Arévalo, contra quién el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras (sancionada), dirigió todas sus baterías y pretendía impedir que asumiera a través de investigar al partido político que lo postuló y también atacando los resultados del proceso electoral que le dieron la victoria.

De hecho, Porras fue una de las primeras voces sancionadas en felicitar al presidente electo de EE. UU. y le siguió una fila de personajes señalados de actos de corrupción.

SANCIONES EN ERA DE TRUMP

Pero a estos actores parece que se les olvidó que durante la administración Trump, EE. UU. también sancionó a diversas personas, algunas de ellas se destacó que tenían indicios suficientes de corrupción.

El 3 de abril de 2017, a pocos meses de que Trump asumiera la Presidencia, se conoció del retiro de la visa al exdiputado Fernando Linares Beltranena por no considerarlo “elegible”. El exlegislador calificó la medida de revancha política.

Posteriormente, el 15 de diciembre de ese año, anunció sanciones por parte del Departamento de Estado y del Tesoro en contra del exdiputado Julio Juárez, quien fue señalado de ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez, aunque fue absuelto.

El 25 de marzo de 2019 sancionó a la exmagistrada Blanca Stalling, señalada de supuestos casos de corrupción. La sanción abarcó a sus hijos porque, como lo dijo la Embajada de EE. UU. en esa ocasión, “los parientes de guatemaltecos involucrados en actividades delictivas o de corrupción no deberían ir de compras a Miami o Nueva York o enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos”.

En diciembre de ese año, también sancionó al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, su esposa e hijos. El exfuncionario fue señalado de corrupción.

El 16 de enero de 2020, la Embajada anunció el retiro de “más de dos docenas de visas a guatemaltecos”. Aunque no reveló nombres, en un comunicado que emitió en esa ocasión daba a conocer que en la lista se incluía a “varios funcionarios” por posibles delitos como tráfico de drogas, violaciones a los derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y contrabando, entre otros.

El 8 de junio de 2020 continuaron las sanciones. En esa ocasión fue Gustavo Alejos, su esposa e hijos. El exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, ha sido señalado y enfrentado procesos judiciales, supuestamente por negociar la justicia del país.

Dos meses después, anunció la acusación por lavado de dinero del exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, quien posteriormente se presentó a la justicia y fue condenado por ese delito.

Finalmente, el 28 de octubre de 2020, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, anunció nuevas sanciones en contra del diputado Felipe Alejos y la exdiputada Delia Bac, señados de estar involucrados en actos de corrupción.

POLÍTICAS NO TIENEN POR QUÉ CAMBIAR

En voz de analistas consultados por La Hora el respaldo de EE. UU. en la lucha contra la corrupción en Guatemala no tiene por qué cambiar, ya que este no depende solo de la Casa Blanca, sino de actores importantes, como el Congreso.

Además, ven poco probable que Trump quiera abrirse más frentes de los que tendrá, avalando señalamientos de corrupción que anteriores departamentos de Estado han hecho y por los cuales han emitido sanciones.

“Muchas de las personas acusadas de corrupción y que les han quitado la visa, van a tratar de tener acercamientos con el gobierno de Trump para que les levanten las sanciones”, por medio de empresas que se dedican a hacer cabildeos y que cobran elevados precios, afirma Luis Felipe Polo, profesor de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar (URL).

“Pero, a la larga, no creo que esto tenga mucho efecto. El saludo de la fiscal es un indicio de los acercamientos para que les levanten la sanción, pero yo estoy casi seguro de que eso no va a ser posible”, subraya.

El entrevistado añade que el regreso de Trump a la Casa Blanca no se traducirá en que Guatemala pierda el respaldo de EE. UU. ya que este país “ha tenido una posición muy fuerte en la lucha contra la corrupción” y con un cambio de gobierno los mandos medios y altos de las agencias gubernamentales no cambian. Además, la Embajada seguirá haciendo su trabajo, que es más administrativo y no político.

Si alguien se acerca a la Embajada en busca de que le retiren las sanciones porque hay un nuevo gobierno “estará en el camino equivocado”. “No lo van a atender, ni siquiera le van a hacer caso”, subraya Polo, para quien los pronunciamientos en redes sociales de las personas sancionadas son “un intento absurdo” de buscar acercamientos.

“Trump ni siquiera se va a enterar quién es la fiscal o los fiscales, no sabe quiénes son y ni siquiera le va a llegar el saludo”, puntualizó.

En una nota publicada el pasado 4 de noviembre, el analista Renzo Rosal coincidió en que es poco probable que una administración de Trump quite el apoyo a Guatemala, ya que la política exterior de ese país se caracteriza por ser estable.

“Estados Unidos podrá reducir programas de cooperación, pero no le quitará el respaldo al Gobierno de Guatemala porque le interesa que prevalezca su agenda. La política exterior estadounidense es muy pragmática”, enfatizó. Y en eso, Guatemala, tiene muchas cartas que puede jugar.

DEPENDERÁ DEL GOBIERNO DE GUATEMALA

Sin embargo, el exembajador y exviceministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Andrade, considera que el enfoque o apoyo que EE. UU. haga al país dependerá mucho del Gobierno de Bernardo Arévalo, y en ese sentido afirma que “el caso de Guatemala” debe ser planteado de manera inteligente ya que, quienes han sido sancionados intentarán levantar la narrativa de que hubo persecución política y que por eso los sancionaron, e incluso intentarán vender la idea de que el gobernante guatemalteco llegó al poder de una manera fraudulenta.

Andrade dice que debe haber acuerdos, reconocer que EE. UU. va a requerir luchar contra la migración irregular, pero Guatemala debe exponer cuáles son los desafíos, qué es lo que se quiere como país y en qué la potencia mundial puede ayudarnos para disminuir el éxodo.

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La Constitución dice que el presidente es el responsable de manejar la política internacional, y en este sentido, el Gobierno puede tener el sartén por el mango, de acuerdo con el exembajador. Pero “tiene que percibirse de forma genuina” y tener la capacidad de persuadir para que se puedan compatibilizar las agendas y los intereses de los dos países.

Andrade añade que, depende de cómo se venda el problema de la corrupción en Guatemala, así se seguirá abordando el tema de las sanciones a personajes corruptos. “Uno tiene que anticiparse. En política la dinámica es cambiante”, afirma el exvicecanciller, quien apunta que es urgente saber cuál será la estrategia del Gobierno para mantener la lucha contra la corrupción y que esta tenga el respaldo de los sectores sociales.

Por esa razón, calificó de “negligencia” e “irresponsabilidad” las declaraciones del canciller Carlos Ramiro Martínez quien dijo que esperarán hasta que haya cambio de Gobierno en EE. UU. para trabajar con la administración Trump. “Esperamos a que el nuevo gobierno asuma para empezar a ver la discusión de esos temas”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.

“No pueden esperar a ver qué les dicen, yo creo que hasta hay falta de personalidad porque —Nayib— Bukele… es el único de Centroamérica que ha hablado con Trump”, enfatizó Andrade.

GOBIERNO HABLA DE DIÁLOGO Y RESULTADOS COMO ESTRATEGIA

A la Cancillería se le preguntó si el Gobierno ya cuenta con una estrategia para garantizar que va a continuar el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, a partir del 21 de enero de 2025, cuando regrese Trump a la Casa Blanca?.

Al respecto el Minex respondió que, la estrategia del Gobierno de Guatemala, “se basa en continuar los diálogos y mostrar resultados tangibles en el terreno, tal como se ha venido haciendo”.

Así también destacan que, es “importante resaltar que el Gobierno de Guatemala ha mantenido una relación constante con ambos partidos y ambas cámaras del Congreso estadounidense”.

De acuerdo con el Minex, la relación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala, “es amplia y dinámica”.

Añaden que los principales temas que se abordan son: materia migratoria; seguridad y combate al crimen organizado transnacional; comercio e inversión; así como medio ambiente, salud, derechos humanos, movilidad laboral, turismo, agricultura, saneamiento, empleo, institucionalidad y desastres naturales.

Además subrayan que, estos se abordan mediante convenios marco de cooperación y estrategia de país que no coinciden con los ciclos políticos de Guatemala y Estados Unidos.

Este medio hizo la misma consulta con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), pero no se ha obtenido una respuesta, de recibirse se incluirá en este espacio.

COOPERACIÓN PARA 2025 Y 2026 YA TIENE APROBACIÓN

La asignación de la cooperación de Estados Unidos de América hacia Guatemala es aprobada por el Congreso de dicho país con mucho tiempo de anticipación, dijo la Cancillería.

“La cooperación programada para el año 2025 y 2026, ya cuenta con aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Además, la Estrategia de Cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para Guatemala, tiene vigencia hasta finales de 2025”, apuntaron.

En este sentido, mencionan que la cooperación de Estados Unidos en Guatemala cuenta con recursos y plazos que exceden los períodos de gobierno en ambos países.