La angustia es mala consejera. La precipitación siempre denota fracasos previos o el temor a nuevos descalabros, sobre todo si implica secuencias de ilegalidades que terminan por desarmarse. Los ejemplos históricos abundan, pero baste recordar dos: el sanguinario dictador Manuel Estrada Cabrera, tras ser declarado interdicto, es decir incapacitado mentalmente para desempeñar el cargo, se atrincheró en su finca La Palma, desde la cual lanzó ataques con mortero a la capital durante la llamada “Semana Trágica”, del 8 al 14 de abril de 1920. Se fue quedando solo ante la exigencia unánime de la ciudadanía de que dejara el cargo. Salió de su cuartel directo a la cárcel, donde murió en 1924.

El 22 de junio de 1944 se le hizo llegar al presidente de la República, Jorge Ubico Castañeda, una petición de renuncia firmada por 311 ciudadanos, quienes rechazaban su tercera reelección, el uso de violencia policial contra la población y la intolerancia ejercida contra políticos opositores, estudiantes universitarios, líderes obreros, periodistas e intelectuales críticos. La reacción fue precipitada, furibunda, despótica. El epítome fue el uso de caballería y armas de fuego en contra de la manifestación pacífica convocada el 25 de junio, en la cual murió la maestra María Chinchilla. El 1 de julio, Ubico tuvo que dimitir.

Los intentos por socavar la credibilidad de los comicios del 25 de junio —vaya coincidencia— y del 20 de agosto están condenados al fracaso, con todo y el inédito e indignante secuestro de actas electorales por endebles indicios. Los informes de misiones de verificación, nacionales e internacionales coinciden en la legitimidad del proceso y sus resultados, gracias al sistema de juntas electorales integradas por y para los ciudadanos.

En este mismo espacio se hizo referencia a la petición del gobierno de Alejandro Giammattei Falla de atrasar el informe de la Organización de Estados Americanos sobre la crisis política, como una especie de dilación para ganar tiempo. El miércoles último, la Asamblea de la OEA señaló al MP de encabezar el socavamiento de la voluntad ciudadana. La Cancillería protestó porque supuestamente no se valoró el proceso de transición en curso. Quizá pesó más la elocuente elusión presidencial a censurar al menos las acciones de la fiscal general.

A 59 días del relevo en el Ejecutivo y el Legislativo, de pronto se mueven engranajes que estuvieron herrumbados por cuatro años: se eligió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en hora y media, pero no sin antes integrar una única pesquisidora para avalar los antejuicios contra ocho magistrados, titulares y suplentes. del incómodo Tribunal Supremo Electoral, que ha defendido los resultados de los comicios; la semana anterior se armó otra comisión para el desafuero del vicepresidente Guillermo Castillo, con tan mala suerte que la preside una opositora que ahora buscan suciamente hacer a un lado.

Pero el tiempo vuela. Quedan 58 días para el fin. Las protestas ciudadanas atrasaron el cronograma de las sombras; supuestos audios filtrados crean suspicacia sobre el secuestro de actas; las alianzas y apoyos al binomio electo apuntan a donde no desean los adláteres oficialistas. Entonces se precipitan, con ayuda de otro juez venal, a emitir adocenadas órdenes de captura por un caso jalado, cuyos “indicios” se estrellan contra el férreo artículo 35 constitucional que garantiza la Libre Emisión del Pensamiento para todo ciudadano. Es decir, en su desespero, actores y adláteres, temerosos de la rendición de cuentas sobre el uso discrecional del erario, se atrincheran en leguleyadas.