Contratistas, proveedores del Estado, empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, quinielas y bingos legalmente autorizados forman parte del grupo de personas individuales y jurídicas que serán supervisadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), según la iniciativa que actualiza y moderniza la normativa para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Por otro lado, se reestructura y aclara el listado de personas ya vigiladas, como emisores u operadores de tarjetas de crédito, casas de cambio, corredores e intermediarios de valores, entidades de leasing o factoraje, cooperativas de ahorro y crédito, y promotores o intermediarios de compraventa de inmuebles, ya contemplados en las leyes del 2001 y 2005.

Cumplimiento de estándares

Guatemala debe cumplir con recomendaciones internacionales para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades ya han advertido sobre las posibles consecuencias de no avanzar con esta reforma, en especial para la estabilidad macroeconómica y las evaluaciones de riesgo país.

La advertencia cobra sentido cuando Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que enviará una misión para revisar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en esta materia. La evaluación está prevista para dentro de 20 meses.

Ingresar a la lista gris afecta la reputación financiera de los bancos nacionales, la relación con organismos financieros internacionales y mercados globales, y también podría repercutir en las transacciones personales, como el envío de remesas o la solicitud de créditos.

Por ello, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República la iniciativa 6593, titulada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto se presenta pocos días antes del inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo, con el objetivo de iniciar su discusión y aprobación. Busca actualizar y modernizar la normativa vigente, que data del 2001 y 2005.

La unidad de inteligencia financiera de Guatemala reportó un aumento del 38% en el monto denunciado por lavado de dinero ante el Ministerio Público durante el primer semestre del 2025, en comparación con el cierre del 2024.

Guatemala en evaluación

El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León Durán, confirmó que a inicios del 2027 “Guatemala enfrentará una rigurosa evaluación internacional a cargo del Gafilat”.

Esto implica un examen país cuyos resultados podrían derivar en la inclusión de Guatemala en la lista de naciones con deficiencias o poca cooperación en los sistemas de prevención de LDFT.

El superintendente explicó que la evaluación abordará dos componentes: primero, el cumplimiento técnico, que exige un marco jurídico e institucional adecuado; y segundo, la efectividad de dicho marco, es decir, los resultados tangibles en la lucha contra estos delitos.

“El resultado no se reduce a un informe. Contendrá un análisis integrado sobre la solidez y efectividad del sistema de prevención y represión. Además, Gafilat verificará si se corrigieron las brechas detectadas en 2016”, afirmó De León.

¿Lista gris?

En 2016 se emitieron varias recomendaciones que Guatemala debía cumplir. En respuesta, se trabajó una iniciativa de ley que ahora ha sido actualizada.

Durante la conferencia, el superintendente señaló que cerrar estas brechas es esencial, e incluye adecuar los tipos penales relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ampliar el listado de personas obligadas —como los proveedores de servicios de activos virtuales—, fortalecer la supervisión y robustecer los mecanismos de coordinación nacional.

“La magnitud de este desafío no debe subestimarse. De no contar con una ley actualizada conforme a los estándares internacionales, Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris de países que no cooperan en materia de prevención del lavado de dinero”, remarcó.

Advirtió que ingresar a dicho listado traería consecuencias económicas graves: transacciones financieras más lentas, costosas y complicadas tanto para la población como para empresas, exportadores y familias que reciben remesas.

La inversión extranjera directa (IED) se vería “seriamente comprometida”, lo que podría frenar el crecimiento económico. Por ello, instó a actuar con responsabilidad y decisión.

Guatemala debe demostrar ante la comunidad internacional su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de los estándares globalesy la protección del sistema financiero.

Ley técnica

El presidente Bernardo Arévalo declaró que el Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa 6593 y ya ha sostenido conversaciones con varios diputados para explicar su importancia económica. También buscarán aclarar dudas ante los distintos bloques legislativos.

“Estamos presentando otra iniciativa de importancia trascendental. Es la nueva ley antilavado, fundamental para identificar los flujos del crimen organizado y combatir el narcotráfico y otras formas del crimen organizado. Esta iniciativa ya fue presentada esta mañana”, dijo el mandatario.

Arévalo subrayó que el lavado de dinero es “el motor” de cualquier organización criminal, ya que todos los delincuentes necesitan “blanquear” sus fondos para ingresarlos a la economía formal y evitar que sean rastreados.

Con esta ley, se busca atacar la actividad criminal desde todos los frentes. El mandatario explicó que se aclara el listado de personas obligadas a enviar reportes de transacciones sospechosas (RTS), como notarios y proveedores de activos virtuales. También se incluyen proveedores y contratistas del Estado, para reforzar los controles contra la corrupción.

Además, se reformarán las siguientes leyes y normativas:

• Código Penal
• Código de Comercio
• Código de Notariado
• Ley contra la Delincuencia Organizada
• Ley que regula los servicios de seguridad privada

El presidente agradeció el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la elaboración de la propuesta.

“Se ataca el corazón de la economía criminal”, afirmó Arévalo, al advertir que no aprobar esta ley aumentaría la incertidumbre económica del país.