A lo largo de los 22 meses del gobierno de Bernardo Arévalo, las dinámicas dentro del Ejecutivo han evolucionado. Entre el fortalecimiento y la pérdida de influencia en los canales de comunicación y decisión, se distinguen tres círculos de confianza que rodean al presidente y orientan sus decisiones.

Se trata de un grupo de consejeros políticos, otro de juristas y uno más de ejecutores.

En las discusiones recientes sobre asuntos de relevancia, como la fuga de 20 pandilleros, las acciones penales del Ministerio Público y el robo de armas del Ejército, fuentes del Gobierno han observado choques y competencia entre los actores de los círculos por influir en las decisiones presidenciales.

El primer grupo está integrado por cuatro personas con experiencia política, aunque alejadas del ojo público: Mario Taracena, expresidente del Congreso; Oliverio García Rodas, exdiputado y exministro de Gobernación; Miguel Ángel Sandoval, activista político; y Guido Abdalla, fundador de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

De ellos, solo García Rodas es asesor contratado por la Secretaría Privada de la Presidencia. Los cuatro participan en la toma de decisiones y en la evaluación del desempeño de los funcionarios, y mantienen el mismo nivel de cercanía con Arévalo.

El segundo grupo lo conforman los abogados del Gobierno: el secretario general, Juan Gerardo Guerrero —quien también fue abogado de Movimiento Semilla durante la campaña—; Julio Saavedra, procurador de la Nación; Santiago Palomo, secretario de Comunicación; Alejandro Balsells, asesor legal de la Secretaría General; y Otto Argueta, subsecretario en la Secretaría de Inteligencia Estratégica y secretario en funciones ante la falta de nombramiento de un relevo de Christian Espinoza.

Este grupo, centrado en criterios legales, disputa espacios de poder con el grupo de ministros, a cargo de proyectos que suman réditos al Gobierno. Tiene una rama encargada de mantener la relación con el Congreso, conformada por la secretaria privada, Ana Glenda Táger, y el diputado José Carlos Sanabria.

En el tercer círculo se encuentran los ministros Jonathan Menkos (Finanzas), Abelardo Pinto (Desarrollo Social), Anabella Giracca (Educación) y Henry Sáenz (Defensa). Ellos son los más cercanos al presidente, salvo Sáenz, quien ha ganado confianza con el tiempo, aunque su influencia se vio limitada tras el robo de armas en el Comando Aéreo del Norte.

Otros funcionarios cercanos a Arévalo son Patricia Orantes (Ambiente), Gabriela García (Economía) y Víctor Hugo Godoy (Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia). Todos coordinan con la Secretaría Privada sobre asuntos del Ejecutivo y del Congreso.

Mientras las discusiones y acciones en el Ejecutivo se desarrollan entre los tres círculos, el oficialismo busca apoyo en los bloques del Legislativo. También ha solicitado respaldo a organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Profundizar en estas redes de poder se torna complicado ante el hermetismo de varios actores consultados para esta nota, quienes no ofrecieron su postura.

Relación con el Congreso

Roberto Alejos, expresidente del Congreso, opinó que el cambio en la operación política oficialista fue acertado, y calificó la elección de la Junta Directiva presidida por Luis Contreras como un triunfo para Sanabria.

“Es un estilo distinto, no como el de políticos reactivos, y las bancadas lo comprendieron; el resultado es la nueva Junta Directiva”, indicó Alejos.

Explicó que a Sanabria le costó tiempo reconstruir la relación con el Congreso, pues tiene un estilo más teórico, a diferencia del enfoque práctico de Samuel Pérez, quien encabezó las negociaciones al inicio del gobierno.

Con esta nueva Junta Directiva, se espera que el Congreso avance en leyes de interés para el Ejecutivo. El diputado Cristian Álvarez adelantó que el presidente impulsará entre tres y cuatro leyes clave, entre ellas una de compras y otra de aguas.

Álvarez señaló que Arévalo no se comunica directamente con los diputados, sino por medio de Sanabria o de la diputada Victoria Palala. “Eso fortalece la independencia del Congreso”, dijo. Añadió que sería deseable que el Ejecutivo explique los criterios técnicos antes de presentar iniciativas de ley.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (Scsp) indicó que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se basa en una agenda que prioriza los intereses del pueblo de Guatemala.

Sobre la toma de liderazgo de del diputado José Carlos Sanabria, señalan que “ha sido un actor clave en la articulación de esos esfuerzos, manteniendo una comunicación constante con los distintos bloques y actores legislativos, siempre sobre la base de objetivos comunes en beneficio del país”.

Además aseguran que la coordinación institucional es ajena y no se ve afectada por las dinámicas político-partidistas de los diputados, en referencia a la iniciativa de algunos diputados oficialistas que promueven la conformación del partido Raíces.

Acerca de la persecución del Ministerio Público interfiere con las funciones del Ejecutivo, la Scsp aseguró que no.
“La instrucción presidencial ha sido clara —mantener el enfoque en la gestión, en el cumplimiento de la agenda legislativa y en la cooperación Ejecutivo-Legislativo para avanzar en los temas que más importan a la ciudadanía”, refirieron.

Distancia con la vicepresidencia

El distanciamiento entre Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera ha sido notorio desde antes de concluir el primer año de gestión. Ambos han negado una ruptura, aunque admiten que no son amigos.

Una fuente del Ejecutivo confirmó que no se reúnen desde hace tres meses, y que tampoco hubo encuentros tras la fuga de reos de Renovación 1, pese a que cuando estalló el escándalo Herrera ejercía la función presidencial.

Las reuniones semanales entre ambos han cesado, aunque al inicio del gobierno eran constantes, según la fuente.

La vicepresidencia se limitó a responder que mantienen “reuniones periódicas” sin esclarecer con qué frecuencia ni cuándo fue la última reunión.

“La Presidencia y la Vicepresidencia mantienen acciones de trabajo coordinadas a través del Gabinete de Gobierno, Consejo de Ministros y gabinetes específicos, donde también participan Ministros, Viceministros y demás funcionarios del Ejecutivo”, agregaron.

Metas presidenciales

Las prioridades del Ejecutivo se han reajustado. Los principales programas actuales son Mano a Mano (Mides), gobiernos locales (Scep) y los proyectos dirigidos a la juventud.

El Mides anunció que cuatro municipios ya fueron declarados libres de pisos de tierra, pero se espera que a fin de año se lance una herramienta para medir el impacto del programa.

En cuanto a los gobiernos locales, la descentralización inició en tres departamentos, y la Scep ha ganado protagonismo por la gestión de los presupuestos asignados a las gobernaciones y los consejos de desarrollo.

Respecto de la juventud, programas como Becas por tu Futuro buscan acercarse a ese segmento poblacional.

Ganar inmunidad

La persecución penal del MP mediante casos como el llamado Corrupción Semilla influye en la agenda del Ejecutivo. Arévalo y Herrera conservarán inmunidad al finalizar su mandato, al integrarse al Parlamento Centroamericano.

Sin embargo, otros funcionarios perderán ese beneficio y buscan cargos que les aseguren derecho de antejuicio, por temor a procesos judiciales, según confirmó una fuente oficial.

Más que buscar candidatos presidenciales o recuperar Semilla, el objetivo ahora es garantizar cuatro años más de inmunidad, señala la fuente.

Alejos comentó que esto podría reflejarse en la búsqueda de diputaciones para 2027, aunque no cree que afecte la gestión actual de los ministerios.

“No debería obstaculizar su trabajo. Las candidaturas que podrían distraer son las presidenciales, vicepresidenciales o a la alcaldía capitalina”, afirmó.

A su juicio, que el Gobierno no tenga partido es una ventaja, porque permite enfocarse en asuntos de interés para la población, sin promover a un candidato.

“No tiene un delfín político, y eso evita desvíos”, concluyó.