Además de los vientos fuertes y los primeros fríos, el mes de noviembre suele traer el cometa de los oportunismos de grupos, politiqueros y advenedizos de todo tipo que quieren sacar tajada del Presupuesto del siguiente año, en pleno proceso de negociación. Así que no es casualidad que este 10 y 11 de noviembre, de nueva cuenta, hayan surgido piquetes de supuestos exmilitares y también de supuestos expatrulleros civiles, para exigir por enésima vez un pago colectivo por servicios militares prestados durante el conflicto armado interno, finalizado hace 29 años.

El Ejército no tiene registros completos y sucesivos impulsores de este cíclico chantaje que elabora apócrifas nóminas. Cabe señalar que varios de tales adalides del “resarcimiento” ya murieron, pero surgen otros a cada vez más años luz del conflicto, con lo cual el presunto reclamo se vuelve cada vez más dudoso. Lo que no se reduce es el daño ocasionado por los bloqueos impuestos a todo el país por estos grupos: son millonarias pérdidas que deberían deducirse del pretendido reclamo pecuniario, que, al igual que en pasadas extorsiones, ha de tener un porcentaje de cuota para dirigentes.

Este año se cumplió un cuarto de siglo de los primeros conatos de reclamos similares. En junio de 2002, expatrulleros civiles cerraron rutas y también accesos a aeropuertos. Después de múltiples protestas se acordó un pago disfrazado de fondo de reforestación. Nadie fiscalizó los resultados de tal proceso. En 2019, año electoral, reaparecieron grupos de autodenominados exmilitares cobrándole al pueblo de Guatemala por su servicio. Porque ¿de dónde creerán que vienen los recursos que demandan? Diputados y bancadas clientelistas salían —y salen— a atenderlos y les ofrecían gestionar el pago por cuenta ajena.

El conflicto armado dejó una causa de pérdida incuantificable de vidas, también destrucción o estancamiento de infraestructura y heridas polarizantes que poco a poco han ido cicatrizando. Es injustificable azuzar de nuevo estos reclamos notoriamente minoritarios, con el agravante de atentar contra la libre locomoción de la mayoría de ciudadanos y ocasionar pérdidas económicas en todo el país. Ayer mismo fue otorgado un amparo a la Cámara de Comercio para garantizar la libre movilidad. Lo lamentable es que estos desprolijos grupos amenazan con proseguir los sabotajes a la actividad productiva.

Por otra parte, los diputados al Congreso de la República tienen muy poca o ninguna autoridad moral para negarse a otorgar este tipo de concesiones, ya que ellos mismos se han servido autoaumentos ilícitos, lesivos y abusivos; a la vez, para mayor desfachatez, han manejado con displicencia los recursos públicos al otorgar bolsones de arrastre a Consejos de Desarrollo Departamental, a pesar de la baja y deficiente ejecución. En su desenfrenada carrera demagógica son capaces de asignar fondos al roído chantaje.

En todo caso, de proseguir la demanda, tales grupos deberían abstenerse de bloquear rutas, no solo porque contraviene su supuesta prestación de servicios, sino porque les genera animadversión entre conciudadanos. Si esto les importa poco es una prueba más de por qué no se debería transigir a ciegas con esta pretensión. Así también deberían reconocer que el supuesto patriotismo del pasado se ha visto reducido a un interés pecuniario. Los tomadores de decisión política a este respecto también deben caer en la cuenta de que volver a ceder, así como lo hicieron varios gobiernos y legislaturas, es cortarle una cabeza a la hidra para que después le salgan dos o más.