Aunque la ayuda humanitaria ha conseguido llegar a comunidades como San Vicente Pacaya y Palín, en Escuintla, o a zonas como Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, donde los derrumbes dificultaron o bloquearon el paso por sus únicas dos vías de acceso, las autoridades aseguran que aún necesitarán al menos una semana más para cuantificar con mayor precisión el nivel de daños y afectaciones por la secuencia de sismos que golpeó principalmente esas regiones.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, explicó que la primera fase de evaluación de daños se extenderá hasta posiblemente el 20 de julio, y que será con base en esos resultados que se podrá tener un panorama más claro. “Yo espero que esta semana tengamos la primera fase. Si es así, la otra fase comenzará la siguiente —semana—, pero dependerá de los resultados de la evaluación”, afirmó.

Ogaldes subrayó que mientras no haya finalizado esa fase, no será posible calcular los costos de la emergencia. “Todavía no estamos en ese momento. Necesitamos la evaluación de daños y viviendas primero para poder determinar el costo”, explicó.

Esa cuantificación, agregó, se realizará posteriormente en conjunto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Primero necesitamos tener toda la información del proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN, un proceso de recopilación de datos), que son los resultados de la evaluación de daños y necesidades, tanto de vivienda como de infraestructura, y después ya se puede proceder a hacer el costeo de la misma”, especificó.

Daños en viviendas y distribución de ayuda

“Conforme vayamos teniendo los resultados de las evaluaciones, vamos a ir transmitiendo esos mismos resultados a quien corresponde. Si es educación, a la ministra de Educación; si es salud, al ministro de Salud; si son iglesias, a los párrocos”, indicó Ogaldes. Además, recordó que, si bien muchas personas reportan daños en viviendas, no todos los casos implican daño estructural. “Hay gente a la que se le cayó el repello, pero eso no necesariamente quiere decir que la casa se dañó en su totalidad”, dijo.

La plataforma de monitoreo activada por Conred para esta emergencia ha permitido consolidar datos en tiempo real. Hasta el lunes por la tarde, el reporte preliminar sumaba 2 mil 145 viviendas con daños, entre leves, moderados, severos o en condición de riesgo. Las evaluaciones más específicas se han concentrado en los municipios más golpeados de tres departamentos del centro del país.

En los mapas interactivos, los puntos rojos indican viviendas con daños severos, que representan el 15% del total evaluado. Las casas con daños moderados (amarillo) corresponden al 35.4%, mientras que un 49.2% (verde) se refiere a daños leves.

En cuanto a la distribución de ayuda humanitaria, Ogaldes confirmó que ya se han utilizado insumos de dos bodegas regionales, ubicadas en Escuintla y Guatemala, para responder de inmediato a las comunidades afectadas. Hasta la fecha, se han entregado más de 4 mil 500 raciones familiares, compuestas por alimentos esenciales como arroz, frijol, maíz, azúcar, Incaparina y avena.

Las 2 mil 237 familias registradas como afectadas hasta el momento se concentran principalmente en tres municipios: Palín, Escuintla, con 669 casos; San Vicente Pacaya, con 410; Santa María de Jesús, Sacatepéquez, con 713; y Amatitlán, en el departamento de Guatemala, con 309. En esas mismas localidades se han realizado entregas de más de 4 mil 500 raciones alimentarias, como parte de la asistencia humanitaria desplegada.

Capacidad operativa y apoyo institucional

Además, Conred ha distribuido kits de higiene personal —con cepillo de dientes, jabón, papel higiénico, entre otros productos— y kits de limpieza que incluyen cloro, escoba y desinfectante, todos provenientes de las bodegas regionales activadas para la emergencia.

Respecto al financiamiento, Conred está utilizando el Fondo Nacional de Emergencias, que consiste en una asignación anual de Q10 millones. A esto se suma que, en el 2024, la institución recibió Q25 millones provenientes del seguro paramétrico contratado por el Estado, los cuales ya fueron utilizados en la adquisición de 180 mil raciones para abastecer sus bodegas en ocho regiones distintas.

Sobre la capacidad operativa, la secretaria explicó que el país cuenta con ocho bodegas regionales. Cada una abastece a los departamentos cercanos y su capacidad depende del tamaño de la población y del espacio físico.

Adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a través de sus comedores sociales móviles, ha brindado alimentación gratuita en los siete albergues habilitados hasta ahora. Entre el 9 y el 14 de julio se distribuyeron 14 mil 450 raciones de comida caliente en cuatro municipios, con una inversión de Q311 mil. Las raciones incluían desayuno con huevos revueltos, frijoles, fruta, mosh, pan y jamón.

Las entregas fueron:

• Santa María de Jesús: 6 mil 500 raciones
• San Vicente Pacaya: 5 mil 250
• Santa Lucía Milpas Altas: 1 mil 300
• Magdalena Milpas Altas: 700

En algunos casos, según relató el titular de Mides, Abelardo Pinto, el personal caminó kilómetros con cajas en las manos para hacer llegar los alimentos a las comunidades que permanecen aisladas por derrumbes en al menos siete carreteras del área afectada.

Protocolo

El exsecretario de la Conred, Alejandro Maldonado, considera que, dada la magnitud del evento sísmico, la respuesta institucional mostró cierta lentitud, aunque reconoció que no tiene el detalle de todos los incidentes registrados.

Respecto al proceso de recuperación, explicó que durante su administración se dejó establecido un marco aprobado por el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres, que define criterios para una reconstrucción transparente y ordenada. Este marco contempla evaluaciones técnicas que determinan si la reconstrucción debe hacerse en el mismo lugar o en una zona distinta por razones de riesgo.

Aunque idealmente el proceso debería completarse en meses, reconoció que “la experiencia nos ha mostrado que los plazos se alargan”, debido a factores como la disponibilidad presupuestaria, la coordinación entre instituciones y el tiempo que toma reunir la información necesaria.

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