Hay un silencio sepulcral —e injustificable— de la Corte de Constitucionalidad acerca de la obviamente inconstitucional decisión —y extralimitación— de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia al pretender designar a los nuevos magistrados de Apelaciones para salas recién creadas. La CSJ sí puede crear tales instancias, que de hecho son 17 nuevas, pero no nombrar a sus integrantes, y si lo hace, es algo ilícito.

Ya sea por ambición de poder, por influencia de operadores entre las sombras o simple necedad, los nueve magistrados de la CSJ han caído en un cuestionable conflicto de interés y desde ya se connotan tráficos de favores a repartirse tales designaciones a dedo, sin rendir cuentas a nadie. Por mandato constitucional, es el Congreso y nada más el Congreso de la República, como representante de la ciudadanía, el que tiene la potestad de designar, por voto de viva voz, a los magistrados de CSJ y salas de Apelaciones. La existencia de procesos de postulación refrenda el mecanismo. Las nuevas magistraturas requerirían de un proceso así o de elegir de la nómina previa.

Es el sistema de pesos y contrapesos de toda democracia el que fundamenta la anterior lógica de nombramientos. Al pretender ser postuladores y electores, repartidores de puestos, jueces y parte, beneficiando a allegados, nueve magistrados de la CSJ se arrogan competencias que roen sus togas e incluso ponen en entredicho su capacidad profesional, su ética y propósitos. Tantas maestrías y doctorados para terminar saltándose burdamente la Constitución son una afrenta a la dignidad del pueblo de Guatemala. Exactamente para eso es que la ley exige la reconocida honorabilidad, tan incómoda y tan incuantificable, para cortar el paso a perfiles inescrupulosos.

¿Pero qué es lo que lleva a unos doctores de la ley a tal disparate? No es el afán de mejorar la calidad de la justicia, porque si así fuera actuarían con respeto a la institucionalidad. Y por eso mismo también resulta atronador y cómplice otro silencio sepulcral, el del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, entidad llamada a velar por la actuación de sus afiliados. Por cierto, el próximo 24 de septiembre es el Día del Abogado, pero ante el mutismo gremial cabe cuestionar ¿qué van a celebrar? En el Congreso siguen siendo pocas las voces de reclamo contra el agravio a la Carta Magna. Hay un recurso de inconstitucionalidad que lleva dos semanas varado en la CC. ¿Qué están esperando? ¿Quién está frenando una acción que debió ser de oficio?

Todo mundo sabe que las salas de Apelaciones han devenido en un apetecido botín que múltiples grupúsculos y operadores buscan copar en procura de impunidad. Si un caso “cae” en una terna allegada, puede liberar e incluso exculpar a exconvictos confesos, a politiqueros y exfuncionarios vinculados con graves fraudes. Hay tantos ejemplos. También pueden ordenar cambios de jueces que resultan incómodos por aplicar la ley correctamente.

Y prueba de este alambique lábil es el caso Melisa Palacios, que avanzó a la fase de debate oral después de cuatro años de dilación. La jueza de Mayor Riesgo C ordenó la etapa intermedia bajo el delito de asesinato. Fue recusada, y este 23 de septiembre la Sala Primera de Apelaciones evaluará si la retira del caso. Recordemos que esta misma CSJ trasladó a la capital al juez Maximino Morales González, el mismo que en el 2021, en Zacapa, modificó el delito a “estado de emoción violenta”, el cual la acusada presumía cuando pregonaba una aceptación de cargos. Está por verse si esta sala es de juristas o de fariseos.