Un documento judicial establecía un convenio entre Estados Unidos y Guatemala para recibir días atrás, a unos 600 menores guatemaltecos que viajaron en forma irregular a aquel país y sin acompañamiento de adultos. Pero el Centro Nacional de Derecho Migratorio en compañía de varios abogados, presentó una demanda en contra de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, y ahí inicio el camino legal que impediría la repatriación de los menores. La demanda se encaminó a que la justicia bloquee las deportaciones, alegando que varios menores estaban expuestos a peligros y no se estaba cumpliendo con el debido proceso en ese retorno.

La jueza de distrito en Washington DC Sparkle Sooknanan bloqueó las deportaciones por 15 días. En el límite del vencimiento de ese plazo, el juez de distrito Timothy Kelly, también en DC, resolvió ayer extender ese bloqueo mientras los casos de los menores permanezcan abiertos, explicaron los abogados. Una de las razones que atendieron los togados es que establecieron que las autoridades norteamericanas habían mentido al sostener que los padres de los menores pidieron su retorno a Guatemala.

Otra razón es que la justicia norteamericana no ha comprobado que hay en territorio nacional una persona claramente identificada que pueda recibirlos y garantizar su acceso a salud, educación y todas las condiciones necesarias para su desarrollo.

Los niños están a salvo

Efrén Olivares, vicepresidente de litigio y estrategia legal de NILC, dijo a la agencia de noticias AFP que “la decisión judicial representa una victoria significativa para los cientos de niños que ahora están a salvo del intento ilegal de la administración Trump de expulsarlos de Estados Unidos”. Mishan Wroe, abogada del Centro Nacional para el Derecho Juvenil, detalló que estos niños “huyeron a Estados Unidos en busca de seguridad” y muchos de ellos “estaban aterrorizados, tenían el rostro empapado en lágrimas” con el hecho de volver.

Además, los niños, en su mayoría no hablan español, proceden de distintos pueblos mayas y tampoco hablan inglés. Timothy J. Kelly, juez federal del Distrito de Columbia criticó duramente a la Administración Trump al asegurar que actuó de mala fe cuando intentó deportar a los menores bajo el argumento de que simplemente quería “reunir” a padres e hijos según consigna la agencia EFE. “No hay pruebas ante el Tribunal de que los padres de estos niños solicitaran su regreso”, escribió Kelly. El argumento del Gobierno Trump “se derrumbó como un castillo de naipes”, agregó.

Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, en inglés), los menores inmigrantes que ingresaron solos a EE.UU. generalmente tienen la oportunidad de comparecer ante un juez migratorio antes de ser deportados. Estados Unidos tenía bajo custodia a 2 mil 11 menores de edad no acompañados en agosto, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), aunque no detalla sus nacionalidades según la agencia EFE.